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Inseguridad ciudadana provoca impago de S/ 5,500 millones en el sistema financiero
Un análisis de Scotiabank revela que la morosidad en zonas críticas de criminalidad aumenta hasta en 30 %, afectando principalmente a tarjetas de crédito y préstamos personales.
La crisis de inseguridad ciudadana en el Perú ha trascendido el ámbito policial para convertirse en un factor de riesgo financiero directo. Según un reciente estudio de Scotiabank, el impacto del crimen organizado ya se traduce en aproximadamente 5,500 millones de soles en créditos impagos. El informe detalla que el 87 % de este monto corresponde a créditos revolventes, como tarjetas de crédito, mientras que el 13 % restante afecta a préstamos personales y empresariales. En territorios con alta incidencia delictiva, la morosidad tiende a incrementarse hasta 1.3 veces debido a que las familias y negocios deben desviar sus ingresos hacia gastos en seguridad privada y seguros.
La correlación entre criminalidad y falta de pago alcanza niveles críticos, situándose en un 60 % dentro de los segmentos masivos. Esta situación genera un círculo vicioso donde el encarecimiento del financiamiento reduce la inclusión financiera y frena el desarrollo económico local. El análisis de la entidad bancaria advierte que la colocación de nuevos créditos en zonas críticas cae entre un 30 % y 40 %, obligando a los pequeños emprendedores a depender de fuentes de financiamiento informales, más costosas y riesgosas. La inseguridad actúa así como una barrera estructural que limita la inversión y aumenta la vulnerabilidad económica de los hogares.
El panorama se agrava ante el incremento sostenido de las denuncias penales, que en 2025 superaron las 732 diarias a nivel nacional, con Lima Metropolitana y Arequipa liderando las estadísticas. Delitos como la extorsión, el robo y el sicariato han mantenido su tendencia al alza a pesar de los estados de emergencia y los operativos policiales. El estudio concluye que las causas estructurales, como la escasez de recursos policiales y la debilidad institucional, impiden que las políticas de control logren reducir la criminalidad de forma significativa. Sin un entorno seguro, la recuperación de la capacidad de pago y la expansión del crédito formal seguirán enfrentando severas limitaciones.
Fuente: Infobae
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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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