La presencia de Perú Libre en la nueva Mesa Directiva del Congreso presta legitimidad a una discusión que ya debería estar cerrada: el llamado a una asamblea constituyente.

Los grupos parlamentarios presentes en el Congreso son libres de plantear la agenda política que consideren pertinente y se alinee con lo que –ellos interpretan– son las preferencias legítimas de sus electores. Eso es parte fundamental de las reglas democráticas. Pero la insistencia de Perú Libre en una asamblea constituyente roza los límites de esta reflexión. Primero, porque el llamado a una sustitución completa de la actual Carta Magna no forma parte del ordenamiento legal peruano. Segundo, porque –cuando tal iniciativa se ha puesto sobre la mesa– esta ha sido rechazada mayoritariamente por el Congreso. Y, en tercer lugar, porque la discusión de una nueva Constitución –impulsada precisamente por aquellos grupos que han mostrado el menor compromiso democrático en los últimos años– constituye la mayor amenaza a la debilitada institucionalidad nacional.

Aun así, la reciente conformación de la Mesa Directiva del Legislativo ha reabierto las puertas a esta discusión. El congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), segundo vicepresidente del Congreso y hermano del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que, desde su nueva posición, seguirá buscando el reemplazo de la Constitución Política de 1993. De acuerdo con Margot Palacios, vocera del mismo grupo parlamentario, ahora Perú Libre insistirá “más que nunca” con la posibilidad de una asamblea constituyente y, de hecho, buscará liderar la Comisión de Constitución. Esta última ha sido encabezada por Fuerza Popular desde el 2021. El propio presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso-APP), ha dicho que “si el señor [Waldemar Cerrón] quiere plantear [la asamblea constituyente], tiene las puertas abiertas, que el Parlamento lo debata”. “No es un caso cerrado”, aseguró.

Las bancadas del autodenominado ‘bloque democrático’ están encontrando dificultades ahora en justificar cómo así su aliado en la Mesa Directiva propugna exactamente lo opuesto a lo que ellas dicen representar. “Nuestro partido, y anótenlo bien, es una organización política de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista”, dijo, por ejemplo, este mes Cerrón. ¿Qué espacios de coincidencia, más allá de la búsqueda de votos, puede tener una visión de esa naturaleza con el resto de los partidos que conforman la Mesa Directiva (APP, Fuerza Popular y Avanza País)? La disonancia es mayúscula e inocultable.

Por supuesto, y aunque lo nieguen los voceros del resto de bancadas, la presencia de Cerrón en la dirección del Legislativo le presta legitimidad a su agenda maximalista. Ahora, las bancadas que se oponen al referéndum constituyente no solo deben defender posiciones dentro de la Comisión de Constitución, sino también enfrentar nuevamente una discusión pública que debía ya estar cerrada dentro de este Parlamento.

Y esta no es cualquier discusión. Si se trata de darle estabilidad al país y confianza a los ciudadanos para retomar el rumbo de crecimiento, posiblemente lo peor que se puede hacer es poner en cuestión la continuidad de las reglas más elementales de convivencia democrática. La correlación de fuerzas en el Congreso sugiere que los intentos de las bancadas de izquierda por volver a empujar una asamblea constituyente probablemente fracasen, pero su debate exacerba la incertidumbre política, antagoniza y distrae al país de sus prioridades en materia de gestión pública, educación, seguridad, salud, etc. Los congresistas del ‘bloque democrático’ debían ser conscientes de que este era parte del costo que pagarían por conseguir los votos de una sección de la izquierda parlamentaria en la pugna por la Mesa Directiva; ahora el país afrontará las consecuencias de sus cálculos políticos.

Fuente: El Comercio – Editorial