El Poder Judicial declaró fundada la apelación presentada por la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, y anuló la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Con esta decisión, la autoridad regional continuará siendo investigada en libertad y queda habilitada para retomar sus funciones desde este lunes 2 de febrero.

La resolución fue emitida por la Sala Penal de Apelaciones, presidida por el juez René Martínez Castro, que revocó el fallo de primera instancia que había impuesto 24 meses de prisión preventiva, además de ordenar la ubicación y captura del investigado. El colegiado concluyó que no se cumplían de manera suficiente los presupuestos legales exigidos para imponer la medida coercitiva más gravosa, especialmente en lo referido al peligro de fuga y de obstaculización de la investigación.

De acuerdo con el pronunciamiento judicial, si bien existen elementos que sustentan la continuación del proceso penal, estos no justifican una privación de la libertad en esta etapa. En ese sentido, la Sala determinó que Ciro Castillo Rojo cuenta con arraigo domiciliario, laboral y familiar, así como con una conducta procesal que no evidencia intención de sustraerse de la justicia, ya que se presentó voluntariamente ante las autoridades cuando fue requerido.

El caso se hizo público a finales de 2025, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó medidas coercitivas contra Castillo Rojo y otros implicados. Según la tesis fiscal, el gobernador habría integrado una presunta organización criminal que operaba dentro del Gobierno Regional del Callao, dedicada al direccionamiento de más de 60 contrataciones públicas irregulares durante el año 2023, ocasionando un perjuicio económico superior a los S/1,4 millones al Estado.

En enero de este año, el Poder Judicial acogió el requerimiento fiscal y dictó prisión preventiva al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta participación de Castillo Rojo en el caso conocido como “Los Socios del Callao”. En aquel momento, la Fiscalía sostuvo que el investigado habría tenido un rol clave en la red, facilitando la adjudicación irregular de obras y servicios a determinados empresarios a cambio de beneficios indebidos.

Asimismo, el Ministerio Público argumentó que la influencia política del gobernador regional representaba un riesgo de interferencia en la investigación y en la actuación de testigos. No obstante, estos argumentos no fueron considerados suficientes por la Sala Penal de Apelaciones, que señaló que dichos riesgos no fueron debidamente acreditados con elementos objetivos.

Tras revocar la prisión preventiva, el tribunal dispuso que Ciro Castillo Rojo continúe el proceso penal bajo un régimen de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta de cumplimiento obligatorio. Entre las principales medidas impuestas figura la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, así como la obligación de concurrir a todas las diligencias a las que sea citado por el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Además, el gobernador regional deberá abstenerse de comunicarse, directa o indirectamente, con los demás investigados y con los testigos del caso, informar cualquier cambio de domicilio y cumplir estrictamente las disposiciones que dicte el órgano jurisdiccional competente. El incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocatoria de la comparecencia y la imposición de una medida de coerción personal más severa.

En el plano político-administrativo, la anulación de la prisión preventiva permite a Ciro Castillo Rojo reasumir el cargo de gobernador regional del Callao, del cual se encontraba suspendido tras la orden de captura dictada en su contra. Mientras tanto, la investigación fiscal continuará su curso para determinar las eventuales responsabilidades penales en el caso, en un contexto de alta expectativa pública por los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.

La FECOF de Lima Centro abrió diligencias preliminares por presuntos delitos contra la administración pública, luego de que cinco jóvenes obtuvieran contratos estatales tras reunirse con el presidente José Jerí.

La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por presuntos delitos contra la administración pública. La medida se da tras la revelación de que cinco jóvenes obtuvieron contratos con el Estado luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí.

El caso está a cargo de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar, y las diligencias se realizan conjuntamente con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en sede policial.

Diligencias tras revelación periodística
La investigación comenzó luego de un reportaje del programa Cuarto Poder, que informó sobre visitas registradas en el Despacho Presidencial, seguidas de órdenes de servicio y designaciones en distintas entidades del Estado.

Según el informe periodístico, estas reuniones quedaron consignadas en el portal de Transparencia y se produjeron antes de la emisión de los contratos, lo que motivó la apertura de diligencias fiscales.

Caso Guadalupe Vela y otros contratos
Uno de los casos destacados es el de Guadalupe Vela Ramírez, ingeniera ambiental, quien ingresó a Palacio de Gobierno el 1 de noviembre de 2025 y permaneció hasta cerca de la medianoche. Veinte días después, obtuvo una orden de servicio en Essalud por más de S/ 6 mil y, posteriormente, un segundo contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por S/ 11 mil.

Otros jóvenes incluidos en la investigación son: Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo, quienes también registraron visitas al despacho presidencial antes de ser contratados por el Estado. Ninguno de ellos brindó declaraciones hasta el momento.

La FECOF de Lima Centro continuará con las diligencias preliminares para determinar responsabilidades y verificar si los contratos se otorgaron en condiciones irregulares o favorecimientos indebidos.

El caso refleja el escrutinio sobre la transparencia en la contratación pública y la necesidad de garantizar que las designaciones estatales se otorguen siguiendo criterios legales y objetivos.

Cinco allegadas con suerte en Palacio 

Según un informe de Cuarto Poder, las jóvenes visitaron el despacho presidencial en horarios nocturnos y, después de esos encuentros, accedieron a contratos estatales en distintas entidades. Palacio asegura que los nombramientos respetan la normativa vigente

El dominical revisó que Guadalupe Vela se presentó en el despacho de Jerí el 1 de noviembre de 2025 desde las 18:48 a 23:56 horas. El 20 de noviembre, la ingeniera ambiental recibió una orden de servicio por más de 6.330 soles en el Seguro Social (EsSalud). El 28 de noviembre obtuvo otro contrato como locadora a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) en el Ministerio del Ambiente, por 11.000 soles.

Según el programa, el vínculo entre Vela y el gobernante existía antes de su llegada al Ejecutivo. El 13 de mayo de 2025, cuando Jerí era legislador, visitó el Ministerio de la Producción y, posteriormente, su allegada fue contratada en ese ministerio por 9.000 soles. En agosto de 2025, además, recibió un puesto como especialista en el Comité de Damas.

Durante la juramentación de Jerí como jefe de Estado, Vela se ubicó junto a la madre del mandatario en un palco reservado para familiares y se retiró con ella en el mismo vehículo. La joven pidió declarar fuera de cámaras y confirmó su amistad de larga data con el mandatario, señalando que en la mencionada reunión abordaron temas “personales”.

Un informe de Cuarto Poder revela cómo varias mujeres obtuvieron órdenes de servicio con el Estado horas después de visitar el despacho presidencial. El Gobierno emitió un comunicado defendiendo las contrataciones y acusando un cuestionamiento por género, argumento que es rebatido por el periodista. – Cuarto Poder
El dominical señaló que ese 1 de noviembre, Vela acudió a la cita acompañada de su amiga Cristina Beraún, quien también accedió a un contrato estatal por 6.500 soles para realizar análisis de comunicación interna en el despacho presidencial. Beraún, del mismo modo, permaneció hasta casi la medianoche y estuvo presente en la juramentación de Jerí.

El 1 de noviembre de 2025, Violeta Veas acudió al despacho presidencial desde las 20:35 hasta las 23:59. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. No realizó comentarios sobre el tema.

Un patrón similar se observó con Fiorela Melgarejo, quien llegó a Palacio el 20 de octubre desde las 13:48 hasta las 15:13, regresó el 24 y el 28 del mismo mes, y luego recibió una orden de servicio por 11.000 soles en el despacho presidencial. Abordada por el equipo periodístico, respondió que no haría comentarios “en este momento”. Ante la consulta sobre si conocía previamente al presidente, reiteró su negativa.

Alicia Camargo, quien acompañó al gobernante a una tienda del del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, también se reunió con Jerí el 14 de octubre de 2025 desde las 20:00 hasta las 22:55. Tres días después fue contratada en la Secretaría General del Palacio.

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa indicó, en un comunicado enviado al dominical, que Melgarejo, Beraún y Camargo “fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

“Respecto a las visitas de las señoras Vela y Beas, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley. Las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada persona”, se lee en la misiva.