La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó un proyecto de ley que abre un nuevo debate en el sistema de justicia peruano. La iniciativa plantea que las resoluciones que emita este organismo constitucional autónomo en materia disciplinaria contra jueces y fiscales no puedan ser revisadas por el Poder Judicial, salvo en casos excepcionales vinculados a la vulneración de derechos humanos.

El proyecto legislativo propone una modificación expresa del artículo 142 de la Constitución Política del Perú. Actualmente, dicho artículo establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, así como las decisiones de la JNJ referidas al nombramiento y ratificación de magistrados. La propuesta busca ampliar este blindaje constitucional para incluir también las resoluciones sobre sanción disciplinaria contra jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.

De prosperar esta reforma, las decisiones disciplinarias de la JNJ —como suspensiones y destituciones— quedarían fuera del control judicial ordinario, lo que implicaría un cambio sustancial en el equilibrio de poderes dentro del sistema de justicia. No obstante, el proyecto introduce una excepción relevante: sí procederá la revisión judicial mediante proceso de amparo cuando, en la aplicación de dichas resoluciones, se advierta una vulneración de derechos humanos.

JNJ propone que procesos disciplinarios sean evaluados por una Sala Superior del Poder Judicial

Otro aspecto clave de la iniciativa es la redefinición de la competencia judicial en los casos en que se interponga un proceso de amparo contra resoluciones de la JNJ. A diferencia del esquema actual, en el que estos procesos suelen iniciar en juzgados constitucionales, el proyecto establece que la primera instancia sea una Sala Superior. La eventual apelación, en tanto, sería resuelta por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

Según se detalla en la exposición de motivos, la propuesta legislativa surge como respuesta a lo que la JNJ califica como una “constante interferencia judicial” en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Esta interferencia, sostienen, se materializa principalmente a través de acciones de amparo, medidas cautelares y procesos contencioso-administrativos presentados contra resoluciones de la JNJ en materia de nombramiento, ratificación y sanción disciplinaria.

La Junta advierte que estas decisiones judiciales han llegado incluso a ser emitidas por magistrados que se encuentran bajo control disciplinario o proceso de evaluación, lo que —a su criterio— desnaturaliza el rol del órgano encargado de garantizar la idoneidad ética y técnica de jueces y fiscales. “El órgano encargado de preservar la idoneidad ética y técnica de los jueces y fiscales se ve sometido, paradójicamente, al juicio de aquellos mismos operadores jurídicos cuya conducta o permanencia debía ser evaluada”, señala el documento.

Desde la perspectiva de la JNJ, esta situación genera un serio debilitamiento del sistema disciplinario. La interposición de medidas cautelares, explican, ha permitido suspender sanciones de destitución o suspensión, ocasionando la reposición temporal de magistrados cuya conducta fue declarada incompatible con el ejercicio de la función judicial o fiscal.

Además, el organismo sostiene que la demora sistemática en la ejecución de sanciones disciplinarias tiene efectos estructurales negativos. Entre ellos, la permanencia de jueces y fiscales sancionados por faltas graves, así como la prolongación de vacantes en cargos clave dentro de Cortes Superiores y fiscalías a nivel nacional. Esta situación, afirman, impacta directamente en el funcionamiento del sistema de justicia y en la percepción ciudadana sobre su eficacia.

“La ineficacia del control disciplinario no solo afecta la imagen del sistema judicial, sino también la confianza pública en los mecanismos de control y rendición de cuentas”, subraya la JNJ en su exposición de motivos. En un contexto marcado por una alta demanda ciudadana de transparencia e integridad en las instituciones, el organismo considera indispensable fortalecer su autonomía y capacidad sancionadora.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de cuestionamientos. Diversos especialistas advierten que limitar el control judicial sobre las decisiones disciplinarias podría generar riesgos de arbitrariedad y afectar el derecho al debido proceso. Si bien la excepción por vulneración de derechos humanos busca equilibrar este riesgo, el debate se centra en si el amparo será una garantía suficiente frente a posibles excesos del órgano disciplinario.

Asimismo, la reforma constitucional planteada exige un procedimiento complejo en el Congreso de la República, que incluye dos votaciones calificadas o, en su defecto, una votación seguida de referéndum. En ese escenario, el proyecto de la JNJ no solo abre un debate jurídico, sino también político, sobre los límites del control entre instituciones del sistema de justicia.