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LA ESPERANZA DEL LAGARTO
La ratificación de la inhabilitación por diez años para ejercer funciones públicas impuesta al expresidente Martín Vizcarra, decidida por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, subraya una vez más las profundas tensiones que existen entre las instituciones del Estado peruano. La inhabilitación de Vizcarra, quien fue sancionado por vacunarse irregularmente contra la COVID-19, pone en evidencia el uso del poder político por parte del Congreso, que ha decidido actuar con severidad ante lo que considera una infracción grave de la Constitución.
Este fallo también resalta la complejidad de la justicia en casos donde se entrelazan aspectos políticos y legales. Vizcarra apeló la decisión inicial buscando anular la sanción que, en su opinión, vulneraba sus derechos constitucionales. No obstante, el tribunal concluyó que la inhabilitación es una medida política, no penal, y que el Congreso actuó dentro de sus facultades al sancionar al expresidente. Esta distinción entre lo político y lo penal es clave en la decisión de la Sala Constitucional, que rechazó la comparación hecha por la defensa con el caso del presidente colombiano Gustavo Petro.
El desenlace judicial de este proceso no solo tiene implicaciones para Martín Vizcarra, sino que también podría sentar un precedente para futuros casos donde se cuestionen las acciones del Congreso frente a altos funcionarios. La posibilidad de que Vizcarra recurra al Tribunal Constitucional o incluso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra la prolongada batalla legal que aún podría seguirse, reflejando la persistencia del expresidente en limpiar su nombre y la desconfianza hacia las instituciones peruanas.
En definitiva, este caso expone las profundas divisiones en la política peruana, donde las decisiones judiciales pueden ser vistas como armas en una guerra política más amplia. Mientras Vizcarra promete luchar hasta las últimas instancias para revertir su inhabilitación, el país observa cómo la pugna entre poderes del Estado sigue generando controversia y descontento, poniendo a prueba la fortaleza de la democracia peruana.
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Sunafil recupera más de S/3 millones en beneficios laborales durante febrero –
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) gestionó la recuperación de 3 millones 387,721 soles en remuneraciones y beneficios sociales adeudados a trabajadores del sector privado durante febrero de 2026. Este monto fue desembolsado por empresas que regularizaron sus obligaciones tras la intervención del organismo y la atención de denuncias presentadas por el personal afectado.
Distribución regional de los pagos recuperados
Las acciones de fiscalización revelaron que cuatro regiones concentraron la mayor parte de las deudas subsanadas, sumando un total de 2 millones 90,045 soles. Las devoluciones se distribuyeron de la siguiente manera: en el Callao se recuperaron 703,064 soles; en San Martín, 507,814 soles; en Ica, 480,886 soles; y en Amazonas, 398,281 soles.
El éxito de estas gestiones se atribuye a la implementación del Módulo de Gestión del Cumplimiento (MGC). Esta herramienta digital permite a los empleadores corregir voluntariamente sus faltas mediante un proceso de verificación virtual realizado por especialistas. De esta forma, las empresas pueden subsanar deudas oportunamente, evitando sanciones administrativas e inspecciones presenciales, mientras se garantiza el pago inmediato al trabajador.
Con estos resultados, la Sunafil reafirma su estrategia basada en la prevención y la formalización laboral. Al promover el uso de mecanismos tecnológicos para la regularización de obligaciones, el organismo busca consolidar un entorno donde las empresas cumplan con sus responsabilidades de manera proactiva, asegurando el respeto irrestricto de los derechos laborales en todo el territorio nacional.
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Mototaxistas se sumarán al paro nacional indefinido del 12 de marzo –
En protesta por el incremento en el precio de los combustibles, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, confirmó que su sector se sumará al paro nacional indefinido convocado desde el 12 de marzo.
El dirigente explicó que la crisis energética está afectando seriamente a los trabajadores del transporte menor, quienes dependen directamente del combustible para generar ingresos.
Entre las principales demandas del gremio está la inclusión de los mototaxistas en el bono económico anunciado para los taxistas.
García señaló que los mototaxistas también forman parte del transporte público y cumplen un rol importante en el traslado diario de pasajeros.
El gremio plantea que el apoyo económico alcance los S/ 800, monto que consideran necesario para afrontar la crisis actual.
Según el dirigente, el combustible es un elemento fundamental para el trabajo diario de los mototaxistas. El representante del gremio indicó que más de 800 mil mototaxistas operan en Lima y Callao.
Además de enfrentar el alza del combustible, muchos conductores denuncian que deben pagar cupos a organizaciones criminales, lo que reduce aún más sus ingresos diarios.
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