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LA ESPERANZA DEL LAGARTO
La ratificación de la inhabilitación por diez años para ejercer funciones públicas impuesta al expresidente Martín Vizcarra, decidida por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, subraya una vez más las profundas tensiones que existen entre las instituciones del Estado peruano. La inhabilitación de Vizcarra, quien fue sancionado por vacunarse irregularmente contra la COVID-19, pone en evidencia el uso del poder político por parte del Congreso, que ha decidido actuar con severidad ante lo que considera una infracción grave de la Constitución.
Este fallo también resalta la complejidad de la justicia en casos donde se entrelazan aspectos políticos y legales. Vizcarra apeló la decisión inicial buscando anular la sanción que, en su opinión, vulneraba sus derechos constitucionales. No obstante, el tribunal concluyó que la inhabilitación es una medida política, no penal, y que el Congreso actuó dentro de sus facultades al sancionar al expresidente. Esta distinción entre lo político y lo penal es clave en la decisión de la Sala Constitucional, que rechazó la comparación hecha por la defensa con el caso del presidente colombiano Gustavo Petro.
El desenlace judicial de este proceso no solo tiene implicaciones para Martín Vizcarra, sino que también podría sentar un precedente para futuros casos donde se cuestionen las acciones del Congreso frente a altos funcionarios. La posibilidad de que Vizcarra recurra al Tribunal Constitucional o incluso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra la prolongada batalla legal que aún podría seguirse, reflejando la persistencia del expresidente en limpiar su nombre y la desconfianza hacia las instituciones peruanas.
En definitiva, este caso expone las profundas divisiones en la política peruana, donde las decisiones judiciales pueden ser vistas como armas en una guerra política más amplia. Mientras Vizcarra promete luchar hasta las últimas instancias para revertir su inhabilitación, el país observa cómo la pugna entre poderes del Estado sigue generando controversia y descontento, poniendo a prueba la fortaleza de la democracia peruana.
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Especialistas señalan que quienes buscan interactuar con perros desconocidos reflejan sensibilidad, necesidad de vínculo social y búsqueda de bienestar emocional, aunque recomiendan hacerlo con respeto hacia el animal y su dueño.
La psicología interpreta el hábito de acariciar perros en la vía pública como una manifestación de empatía y sociabilidad inmediata. Según expertos, este gesto responde a la necesidad de conexión afectiva en contextos urbanos donde las relaciones humanas suelen ser más distantes.
El contacto con animales genera beneficios emocionales comprobados: la liberación de oxitocina, reducción del estrés y sensación de bienestar. Por ello, muchas personas encuentran en la interacción espontánea con perros un alivio frente a la rutina y la soledad.
Sin embargo, los especialistas advierten que no todos los animales están preparados para recibir caricias de extraños. Recomiendan observar señales de incomodidad y solicitar permiso al dueño antes de acercarse, garantizando así una interacción segura y respetuosa.
Acariciar perros en la calle puede ser un gesto positivo que revela empatía y necesidad de conexión, siempre que se practique con responsabilidad. La psicología lo entiende como una forma de afecto espontáneo que, bien canalizado, contribuye al bienestar tanto de las personas como de los animales.
A balazos fue asesinado un hombre identificado como Víctor Hugo Angus Fernández, de 60 años, en la puerta de su casa, en el pasaje Segundo Roca, en la urbanización Retablo, en el distrito de Comas.
La víctima llegaba a su domicilio, cuando fue interceptada por dos sujetos desconocidos, que le dispararon a quemarropa.
Según testigos, los sicarios se alejaron caminando hasta la esquina, donde abordaron una motocicleta, en la que huyeron con rumbo desconocido.
Agentes de la Comisaría PNP Santa Luzmila acudieron al lugar y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron hasta siete casquillos de bala.
De acuerdo con los vecinos, el hombre trabajaba en un sauna que perteneció a su padre y alquilaba el segundo piso de su vivienda.
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