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LA ESPERANZA DEL LAGARTO
La ratificación de la inhabilitación por diez años para ejercer funciones públicas impuesta al expresidente Martín Vizcarra, decidida por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, subraya una vez más las profundas tensiones que existen entre las instituciones del Estado peruano. La inhabilitación de Vizcarra, quien fue sancionado por vacunarse irregularmente contra la COVID-19, pone en evidencia el uso del poder político por parte del Congreso, que ha decidido actuar con severidad ante lo que considera una infracción grave de la Constitución.
Este fallo también resalta la complejidad de la justicia en casos donde se entrelazan aspectos políticos y legales. Vizcarra apeló la decisión inicial buscando anular la sanción que, en su opinión, vulneraba sus derechos constitucionales. No obstante, el tribunal concluyó que la inhabilitación es una medida política, no penal, y que el Congreso actuó dentro de sus facultades al sancionar al expresidente. Esta distinción entre lo político y lo penal es clave en la decisión de la Sala Constitucional, que rechazó la comparación hecha por la defensa con el caso del presidente colombiano Gustavo Petro.
El desenlace judicial de este proceso no solo tiene implicaciones para Martín Vizcarra, sino que también podría sentar un precedente para futuros casos donde se cuestionen las acciones del Congreso frente a altos funcionarios. La posibilidad de que Vizcarra recurra al Tribunal Constitucional o incluso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra la prolongada batalla legal que aún podría seguirse, reflejando la persistencia del expresidente en limpiar su nombre y la desconfianza hacia las instituciones peruanas.
En definitiva, este caso expone las profundas divisiones en la política peruana, donde las decisiones judiciales pueden ser vistas como armas en una guerra política más amplia. Mientras Vizcarra promete luchar hasta las últimas instancias para revertir su inhabilitación, el país observa cómo la pugna entre poderes del Estado sigue generando controversia y descontento, poniendo a prueba la fortaleza de la democracia peruana.
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Elecciones 2026: JNE evalúa resoluciones de los JEE previo a la proclamación de resultados oficiales –
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una revisión integral y sistemática de todas las actuaciones jurisdiccionales emitidas por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE), como paso mandatorio previo a la redacción del acta general de proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial.
Mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, el supremo tribunal electoral determinó que examinará minuciosamente las actas descentralizadas, los fallos sobre actas observadas, los votos impugnados y las apelaciones resueltas en primera instancia. Esta fiscalización exhaustiva busca garantizar la seguridad jurídica del proceso y corroborar la regularidad legal de los votos antes de validar el cómputo definitivo a nivel nacional.
Fujimori lidera el conteo final de la ONPE y se definen las fechas clave
Al 100 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50.135 % de los sufragios válidos, superando al postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien alcanzó el 49.865 %. Estos resultados oficiales consolidan a Fujimori como la virtual presidenta electa tras el balotaje del pasado 7 de junio. Con el escrutinio civil cerrado, el cronograma oficial de la transición política entra en su fase determinante de cierre:
- 3 de julio: Fecha estimada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, para la proclamación oficial y nacional de resultados.
- 15 de julio: Ceremonia oficial de entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora en el Gran Teatro Nacional.
Exigencia de celeridad a los tribunales especiales de primera instancia
Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el cierre del año electoral, el pleno del JNE ordenó que los 60 JEE aceleren los trámites de sus actas de proclamación descentralizadas en el más breve plazo posible. La directiva institucional prohíbe expresamente cualquier tipo de postergación o retraso en las actas de su competencia, a menos que exista una causa objetiva, técnica y debidamente justificada por los magistrados. Esta medida busca neutralizar la incertidumbre política y asegurar que el traspaso de información hacia la sede central del JNE fluya de manera célere para cumplir con los plazos previstos por la ley electoral.
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JNE ratifica el 3 de julio como fecha para proclamar resultados oficiales –
El próximo 3 de julio es la fecha estimada para la proclamación de los resultados de la elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, ratificó el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia.
«Aproximadamente el 3 de julio se va a llevar a cabo el acta general de proclamación de resultados por el parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. (…) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio», manifestó.
En una conferencia de prensa Valdivia, informó que, hasta las 7:00 horas de hoy, quedaban seis Jurados Electorales Especiales (JEE) pendientes de culminar la proclamación de resultados descentralizados, de un total de 60 JEE instalados para el proceso electoral.
Ante ello, precisó que, durante la jornada de hoy, cinco JEE proclamarán sus resultados, por lo que solo quedará pendiente el JEE de Huánuco, cuya proclamación está prevista para mañana.
Sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Valdivia señaló que cualquier ciudadano tiene el derecho de recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita, pero recordó que los procesos electorales se desarrollan bajo etapas que precluyen.
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