Un informe de Proética revela que, mientras en la sierra central se normaliza el empleo informal y el pago de coimas; en la selva, las cifras de acoso superan el promedio nacional en medio de una crisis de derechos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2025, la corrupción impacta la vida del 87 % de la ciudadanía y el Congreso es percibido como la institución más corrupta (85 %). Este escenario ha provocado un cambio drástico en las expectativas sociales: la ciudadanía ha relegado soluciones a largo plazo como la educación en valores —cuya prioridad cayó del 49 % al 31 %— para exigir ahora «medidas de castigo inmediatas», como el incremento de penas.

La situación es crítica en la Macrorregión Centro, que incluye a Junín, donde el 99 % de los encuestados considera que las economías ilícitas se han convertido en la única alternativa de trabajo, y el 45 % admite haber tenido contacto con sobornos. Al respecto, el informe señala que la ineficiencia del Estado funciona como un catalizador para la corrupción a pequeña escala, impulsada por la creencia de que «si no pagas, las cosas no funcionan».

En la Macrorregión Oriente, que abarca a Loreto, expone una grave crisis social: el 17 % de su población reporta haber sido víctima de corrupción sexual, un delito en el que los funcionarios exigen favores de índole sexual a cambio de agilizar trámites. Paradójicamente, a pesar de estas cifras alarmantes, es la zona donde menos se percibe el daño directo de la corrupción en la vida cotidiana (77 %), lo que sugiere que este tipo de abuso se ha normalizado silenciosamente en la rutina de la selva.

Fuente: InfoActiva

Con las elecciones de 2026 en el horizonte, la tolerancia del Estado a la corrupción y al crimen organizado sigue teniendo un alto costo para la seguridad y la vida cotidiana de los peruanos.

La relación entre corrupción, economías ilegales e inseguridad se vuelve cada vez más evidente en el Perú. Cuando las instituciones fallan en prevenir, sancionar y excluir a actores cuestionados, el crimen organizado encuentra espacio para crecer. En 2025 se registraron cerca de 250 mil delitos, pese al incremento sostenido del presupuesto en seguridad, lo que refuerza la idea de que el problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se gestiona y a quién se protege.

A este escenario se suma la microcorrupción cotidiana, que normaliza prácticas ilegales y erosiona la legitimidad de las instituciones. Según la XIII Encuesta Nacional de Proética, la corrupción tiene su mayor impacto en la desconfianza, la economía y los servicios públicos, mientras que El Comercio reveló que 3 de cada 10 peruanos pagaron una coima o conocen a alguien que lo hizo. En paralelo, el sistema electoral exhibe serias debilidades: “La Ley 30717 señala que los condenados por peculado no pueden postular nunca en su vida”, recordó José Tello, exministro de Justicia, al referirse a casos de candidatos con sentencias por corrupción que lograron inscribirse.

Esta permisividad institucional tiene efectos directos sobre la seguridad ciudadana. Economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando se sostienen gracias a redes de corrupción que debilitan el control del Estado y alimentan la violencia. Para la especialista Silvia Guevara, “lo cuestionable es la poca o nula motivación en las resoluciones para abordar la decisión de admisibilidad, más aún cuando existen sentencias declaradas por los mismos candidatos”, una falencia que no solo daña la democracia, sino que termina deteriorando la calidad de vida y la sensación de seguridad de millones de ciudadanos.

Fuente: El Comercio, Correo, RPP y Proética