Mientras nuestra capital era el escenario, el pasado sábado 19, de grandes movilizaciones sociales por parte de simpatizantes de los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), en las alturas de San Mateo un grupo de 500 pobladores de San Lorenzo de Quinti, provincia de Huarochirí, atacaron el campamento minero de Prompex S.A.C.

Tras varias horas de enfrentamiento, los enardecidos lugareños ocasionaron destrozos e incendiaron maquinarias, vehículos y quemaron vivos a unos canes que eran parte de la vigilancia y agredieron al personal policial que se apersonó a la zona para tratar de calmar a los manifestantes.

Un día después de celebrarse la segunda vuelta electoral, más de 3 mil pobladores de los anexos y caseríos del centro poblado de Macuya, distrito de Tournavista, en la provincia de Puerto Inca, rodearon y bloquearon los dos accesos al campamento petrolero de la empresa Cepsa.

Dicha decisión fue tomada porque la empresa incumplió los compromisos sociales que asumió con los moradores, como la rehabilitación integral de 60 kilómetros de carretera. Este bloqueo viene impidiendo que alrededor de 70 personas, entre trabajadores y funcionarios de la petrolera, no puedan salir ni entrar hasta ahora.

A esto debemos sumar que un grupo de pobladores de la provincia de Melgar en Puno, bloquearon la carretera Juliaca-Cusco y realizaron un paro de 48 horas el pasado lunes 21 de junio, exigiendo que el gobierno central y regional busque una solución a la contaminación de la cuenca Llallimayo por parte de algunas mineras de la zona. Diversos sectores de la vía quedaron con montículos de tierra que impidieron el tránsito en el lugar, donde decenas de vehículos quedaron varados por el bloqueo. Las exigencias se dan por la contaminación que generan algunas mineras ubicadas en la zona hacia la cuenca, que ha afectado a cientos de personas (y animales) que presentan enfermedades a raíz del consumo del agua.

Otro bloqueo de carreteras también ocurrió el 20 de mayo pasado por cuenta de un grupo de ciudadanos de la comunidad de Ccollana del distrito de Velille, de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Ellos cerraron el acceso al campamento de la empresa minera Hudbay, impidiendo el paso de trabajadores e insumos hacia el proyecto minero. Además, manifiestan que fueron marginados como área de influencia del proyecto y reclaman por el componente minero o relave que afecta al sector de Fausi- Alto donde habitan aproximadamente 60 familias.

Informe sobre conflictos

Mientras keiskistas y castillistas se movilizan a diario en apoyo a sus candidatos, la Defensoría del Pueblo presentó hace poco el Reporte de Conflictos Sociales N° 207, correspondiente al mes de mayo, el cual da cuenta —entre otros aspectos— de 191 conflictos sociales registrados (142 activos y 49 latentes). Loreto concentra la mayoría de ellos (28 casos).  En este informe se pone en alerta varios conflictos sociales a punto de volver a activarse.

Casos nuevos y alertas tempranas

En el mes de mayo se incorporaron tres nuevos conflictos, los cuales tienen lugar en el departamento de Loreto. Uno de tipo socioambiental que involucra a la comunidad nativa de Santa Elena, en el distrito de Trompeteros. Esta exige la remediación de los daños ambientales en su territorio, la titulación total de sus territorios, así como estudios ambientales y medidas de seguridad para los pozos de inyección, entre otras demandas. El segundo caso, por asuntos de Gobierno nacional involucra a Fredesaa y Fedeagraa, organizaciones que demandan a Electro Oriente S. A. mejoras en la prestación del servicio de energía eléctrica y también el inicio del proyecto de la línea de transmisión Pongo de Caynarachi – Yurimaguas. El tercero es por asuntos de Gobierno local que involucra al Frente de Defensa de los intereses del distrito de Maquia, el cual demanda que se realice una auditoría a la actual gestión municipal correspondiente a los años 2019 y 2021.

La Defensoría del Pueblo, en atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales envía al Estado, las empresas y la sociedad 22 alertas tempranas para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Cabe destacar que del total de alertas, cuatro son conflictos nuevos, seis son casos activos y 12 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Caso resuelto

La Defensoría también informó que el mes pasado se resolvió un conflicto social por asuntos de Gobierno regional en la provincia de Sandia, donde la población exigía al Gobierno Regional de Puno la ejecución de proyectos frutales. Según información proporcionada por la Dirección Regional Agraria de Puno, se ha autorizado el financiamiento del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo integral de los cultivos de frutales en la selva de las provincias de Sandia y Carabaya de la región”. Asimismo, en la reunión del 21 de marzo de 2021 se informó a la población de Sandia sobre la elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo integral de los cultivos de frutales en la selva de las provincias de Sandia y Carabaya de la región”.

Casos por tipo y lugar

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (22) y Áncash (16). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64,9 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 64,5 %.

Diálogos y protestas

De los casos activos, el 69 % (98 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 79 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 72, 4 % (71 casos) corresponde a casos socioambientales. Y se registraron 237 acciones colectivas de protesta en el mes de mayo, 51 % más que el mes anterior.

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