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MEF PRIORIZARÁ ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA CERRAR BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
La ministra Denisse Miralles anunció que el país necesita crecer por encima del 5% y adelantó un nuevo reglamento de Obras por Impuestos que incluirá beneficios en el IGV.
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, enfatizó que la inversión privada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) debe ser la prioridad estratégica para el próximo quinquenio. Según Miralles, los recursos fiscales son insuficientes para cubrir las necesidades del país de forma exclusiva, por lo que el nuevo marco normativo busca reducir las barreras burocráticas y agilizar procesos. La ministra advirtió que, aunque la economía creció 3.3% en 2025, una tasa proyectada de 3.2% para el periodo 2026-2031 es “insuficiente para que sus beneficios lleguen a más peruanos, pues, se necesita crecer más de 5%”.
Para dinamizar este escenario, el Ejecutivo publicará la próxima semana el nuevo reglamento del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Luis Del Carpio, director ejecutivo de Proinversión, señaló que esta normativa hará que la regulación sea más acotada para orientar el crecimiento de la inversión en escuelas y servicios básicos. Una de las innovaciones más relevantes anunciadas por Miralles es que las empresas podrán utilizar sus certificados de inversión para que “no solo se les descuente el Impuesto a la Renta (IR), sino también el Impuesto General a las Ventas (IGV)”, haciendo este mecanismo mucho más atractivo para un mayor número de compañías.
Actualmente, Proinversión maneja una cartera de 52 proyectos bajo las modalidades de APP y Proyectos en Activos, valorizados en aproximadamente 13,000 millones de dólares con miras a ser adjudicados en 2026. La ministra Miralles subrayó que la infraestructura no es un fin en sí mismo, sino un medio para brindar servicios de calidad, por lo que los contratos estarán orientados a niveles de servicio y mantenimiento de largo plazo. En ese sentido, destacó la importancia de la unidad nacional en el marco del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, recordando que “cada día de inacción representa una oportunidad perdida frente a países competidores que avanzan en sus propias agendas de crecimiento”.
Fuente: Diario Correo
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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO
El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.
Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.
Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.
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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN
Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.
El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.
Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.
La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.
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