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Miguel Pérez Arroyo: “Irregularidades menores no configuran fraude electoral ni justifican anular elecciones”

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Miguel Pérez Arroyo: “Irregularidades menores no configuran fraude electoral ni justifican anular elecciones”


El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo se pronunció sobre las recientes controversias en torno al proceso electoral, advirtiendo que las deficiencias detectadas no constituyen un delito de fraude electoral ni justifican la anulación de los comicios.

Según el especialista, las irregularidades registradas representan menos del 0.3% del total del proceso, un margen que, en términos técnicos, se considera dentro de parámetros tolerables si se compara con procesos electorales anteriores en el país. En ese sentido, cuestionó que algunos sectores busquen “criminalizar” estos hechos, calificando dicha postura como irresponsable.

“Pensar en un delito de fraude electoral para pretender anular el proceso (…) me parece irresponsable”, afirmó para el portal investiga al señalar que este tipo de interpretaciones distorsionan el sistema jurídico electoral y generan confusión en la ciudadanía.

El análisis comparativo refuerza su postura. En las elecciones generales de 2021, la tasa de mesas no instaladas fue de apenas 0.02%, mientras que en el proceso reciente alcanzó aproximadamente el 0.2%. Aunque se trata de un incremento, el penalista sostiene que sigue siendo una cifra reducida y focalizada en distritos específicos de Lima, como Pachacámac, Lurín y San Juan de Miraflores.

Desde su perspectiva, la respuesta institucional frente a estas fallas debe ser de carácter administrativo y funcional, priorizando la corrección de errores logísticos antes que la judicialización del proceso. Esto implica revisar procedimientos internos y responsabilidades en la organización electoral, sin recurrir a medidas extremas como la anulación de elecciones.

Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la contratación de la empresa Galaga, encargada del traslado del material electoral. Pérez Arroyo indicó que esta compañía contaba con antecedentes de incumplimientos contractuales, lo que, a su juicio, la hacía inelegible para asumir una responsabilidad de alcance nacional.

Pérez Arroyo cuestiona declaraciones de Piero Corvetto

En esa línea, cuestionó las declaraciones del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien señaló ante el Congreso que las decisiones de contratación correspondían a niveles gerenciales inferiores. Para el penalista, este argumento resulta insuficiente, considerando el nivel de responsabilidad del cargo.

“El deber de cuidado de un funcionario de esta jerarquía debe ser mayor”, enfatizó, al referirse a la importancia de supervisar adecuadamente procesos críticos como la logística electoral, que tienen impacto nacional e incluso internacional.

En cuanto a posibles sanciones, explicó que la destitución de Corvetto requeriría un procedimiento formal ante la Junta Nacional de Justicia, lo que implica una evaluación institucional compleja. Asimismo, precisó que la suspensión enfrenta limitaciones constitucionales, ya que el jefe de la ONPE no está incluido entre los altos funcionarios contemplados en el artículo 99 de la Constitución.

Como alternativa para garantizar la estabilidad del sistema electoral, Pérez Arroyo planteó que la Secretaría General de la ONPE podría asumir de manera excepcional la conducción de la institución, asegurando la continuidad operativa en un contexto clave, especialmente ante la inminente segunda vuelta electoral.

El especialista concluyó que el enfoque debe centrarse en fortalecer la institucionalidad y corregir fallas, evitando discursos que puedan socavar la confianza en el proceso democrático. En un escenario de alta polarización política, subrayó la importancia de actuar con responsabilidad y apego al marco legal.



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Canciller renuncia y Ministro de Defensa es despedido en medio de la polémica por la compra de aviones F-16 a EE.UU.

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Canciller renuncia y Ministro de Defensa es despedido en medio de la polémica por la compra de aviones F-16 a EE.UU.


Los exministros Carlos Díaz y Hugo de Zela dejaron sus cargos después de que Balcázar anunciara su decisión de no adquirir los aviones F-16 Block 70 de Estados Unidos.

El gobierno de José María Balcázar vuelve a enfrentar una crisis en medio de los cuestionamientos por la postergación en la compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos. Esta vez, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, fue removido del cargo por el propio jefe de Estado sobre las primeras horas de este miércoles 22 de abril.

Dos ministros dejaron sus cargos en menos de 24 horas: Carlos Díaz, titular de la cartera de Defensa, fue despedido por el Gobierno y Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, decidió renunciar a su cargo. Ambos salen del Poder Ejecutivo luego de que el presidente José María Balcázar asegurara que los aviones F-16 Block 70, provenientes de Estados Unidos, no serían adquiridos bajo su mandato.

Díaz indicó que el principal foco de controversia se encuentra en el procedimiento de adquisición de los aviones de combate. Asimismo, consideró que esta medida podría afectar los intereses nacionales y sostuvo que acarrearía consecuencias de “significativa relevancia”, aunque no precisó en qué consistirían exactamente.
Por su parte, De Zela presentó una carta de renuncia donde indicó que la decisión del Gobierno se tomó de manera abrupta. Remarcó que no coincide con ese cambio de rumbo en un tema fundamental para la defensa nacional y advirtió que la medida podría perjudicar seriamente los intereses del país. Además, aseguró que el presidente tenía conocimiento de que los acuerdos comerciales se habían firmado el 20 de abril.

La salida de ambos exintegrantes del Poder Ejecutivo contradice lo señalado previamente por el presidente Balcázar en entrevistas, donde afirmó que no había indicios de incomodidad entre los miembros del gabinete ministerial respecto a este acuerdo comercial.
Horas antes de la renuncia, el presidente Balcázar declaró en una entrevista que la compra de los aviones F-16 Block 70 debe ser analizada y oficializada por el mandatario que asuma el cargo tras la culminación de las elecciones generales.
“No se ha concretado la compra. Estamos en la misma posición que ya señalé. Las versiones de algunas personas que no representan al Ejecutivo no corresponden a este caso. Hemos acordado postergar la decisión para el próximo gobierno y las circunstancias no han cambiado. Lo confirmo: no hay compra. Esta adquisición debe hacerse con total tranquilidad”, declaró en entrevista con RPP.

Asimismo, el presidente se refirió a la actuación de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú: “Lo que observo es una falta de comprensión lectora, considerando que el señor es estadounidense y maneja mejor el inglés que el castellano. No creo que haya motivo para alarmarse. Este asunto deberá evaluarse una vez concluidas las elecciones; con tranquilidad y legitimidad podrá ser revisado por el próximo presidente”.





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Vladimir Cerrón afirma que habría pasado a segunda vuelta si no estuviera prófugo de la justicia

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Vladimir Cerrón afirma que habría pasado a segunda vuelta si no estuviera prófugo de la justicia


El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, generó controversia al asegurar que, de no haber estado prófugo de la justicia, habría sido él quien disputara la segunda vuelta presidencial en lugar del candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

A través de su cuenta en la red social X, Cerrón sostuvo que su situación legal terminó favoreciendo indirectamente a Sánchez. “Cálculo fallido. El gran error de la derecha fue impedir mi libertad, con lo cual le dio toda la ventaja al socialdemócrata JPP”, escribió, en referencia al avance del candidato en el conteo electoral.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que Roberto Sánchez ha logrado superar al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga en el escrutinio oficial, posicionándose como uno de los contendores con mayores posibilidades de enfrentar en segunda vuelta a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Cerrón también dirigió críticas hacia la relación política entre Sánchez y el expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra en prisión tras el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según el líder de Perú Libre, ambos mantienen una alianza basada en intereses políticos.

“Castillo sabe quién es Sánchez, ambos se utilizan en pacto mafioso. Al primero le interesa la familia en el Congreso y al segundo usufructuar lo que queda del castillismo”, afirmó. Asimismo, advirtió que esta relación podría derivar en una disputa por el liderazgo dentro de ese espacio político una vez concluida la coyuntura electoral.

En paralelo, Cerrón enfrenta una orden de prisión preventiva de 24 meses en el marco de una investigación por presunta financiación irregular de campañas de Perú Libre. Esta situación ha limitado su participación activa en el proceso electoral, en el que registra un bajo nivel de respaldo ciudadano.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 91% de actas procesadas, Cerrón ocupa el puesto 21 con apenas 0,598 % de votos válidos, equivalente a poco más de 92 mil votos. Este resultado lo ubica por debajo de otros candidatos con menor visibilidad en la contienda.

Mientras tanto, el ascenso de Roberto Sánchez en el conteo ha sido impulsado principalmente por el voto rural, donde concentra un respaldo significativo. Este factor ha sido determinante para que supere a López Aliaga en la recta final del escrutinio.

En otro pronunciamiento, Sánchez ha hecho un llamado a la “justicia restauradora para los mártires del sur andino”, en referencia a las víctimas de las protestas sociales ocurridas tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, un tema que sigue marcando la agenda política nacional.

De confirmarse la tendencia electoral, Keiko Fujimori alcanzaría nuevamente la segunda vuelta presidencial, marcando su cuarta participación consecutiva en esta instancia. En las tres ocasiones anteriores, fue derrotada por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.



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