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Minedu transfirió S/ 67 millones para colegios afectados por lluvias
Un total de 4,897 escuelas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque se verán beneficiadas con obras de mantenimiento
Con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios educativos afectados por las lluvias en las escuelas del norte del país, el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), anunció que ha asignado más de 67 millones de soles para llevar a cabo medidas preventivas de mantenimiento en 4,884 colegios situados en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes.
Esta transferencia se llevó a cabo mediante el Decreto de Urgencia N° 025 – 2023-PCM, en el contexto de la emergencia nacional por desastres de gran magnitud. El Gobierno destinó un total de 67 millones 348,515 soles, distribuidos en 3,296 instituciones educativas en Piura, 1,239 en Lambayeque y 362 en Tumbes. Estos fondos están listos para ser utilizados por los encargados del mantenimiento en cada escuela.
La asignación de estos recursos para cada centro educativo se determinó teniendo en cuenta la cantidad de aulas que serán intervenidas y el monto asignado para la limpieza de cisternas y/o tanques, con un límite máximo de 60,000 soles. Esta asignación sigue la misma línea de las asignaciones de años anteriores para la mitigación de los efectos de las lluvias, y se lleva a cabo a través de la modalidad de subvenciones, donde se transfieren estos recursos a los responsables para la ejecución de las acciones de mantenimiento.
De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Pronied, se ha completado la transferencia del 99,87% de los fondos asignados. Hasta el momento, 3,213 encargados de mantenimiento han retirado el 50,19% de los recursos económicos destinados para iniciar la implementación de las acciones preventivas de mantenimiento en sus respectivas escuelas.
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¿Qué incluye el mantenimiento?
Gracias a estas transferencias, cada encargado de mantenimiento podrá llevar a cabo tareas como la limpieza de escombros (barro y piedras) y maleza, así como la reparación, reposición y/o limpieza de instalaciones sanitarias (debido a colapsos de desagües y tuberías de agua rotas). También podrán realizar reparaciones y/o reposiciones de cubiertas y otros elementos dañados para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones pluviales en esas regiones.
Además, tendrán la capacidad de llevar a cabo trabajos de reparación, reposición y/o instalación de sistemas de drenaje pluvial, así como la impermeabilización de cubiertas y medidas para prevenir la entrada de agua (como sacos rellenos con material local).
Para la ejecución de estas acciones, los encargados de mantenimiento cuentan con una normativa técnica específica aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 405-2023-Minedu. Esta normativa establece los plazos de ejecución, así como la focalización, asignación y uso de los recursos económicos autorizados.
De esta manera, el Pronied y el Minedu siguen trabajando para recuperar los servicios educativos afectados por fenómenos climatológicos y proporcionar condiciones de estudio mejoradas a miles de estudiantes en todo el Perú.
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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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