Actualidad
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lanza campañas de PIAS Terrestres 2026
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció oficialmente el inicio de las campañas de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) Terrestres 2026. Esta iniciativa integral, coordinada con el Ejército del Perú y diversas entidades, tiene como objetivo brindar más de 24 mil atenciones sociales en beneficio de habitantes de centros poblados ubicados en zonas rurales y rurales dispersas. La estrategia de intervención organizada busca cerrar brechas de desigualdad en comunidades de difícil acceso de 9 regiones del territorio nacional.
¿Qué servicios recibirán las poblaciones beneficiadas?
Gestionadas mediante el Programa Nacional PAIS, estas plataformas acercarán servicios básicos a más de 6 mil personas. Entre las prestaciones principales destacan:
- Cuidado de la salud: Atenciones médicas preventivas y especializadas para la población rural.
- Identidad y finanzas: Trámites de DNI a través del Reniec y acceso a servicios bancarios con el Banco de la Nación.
- Asesoría y capacitación: Atenciones legales, charlas de prevención de la violencia familiar y capacitaciones productivas para el desarrollo local.
Esta presencia efectiva evita que los ciudadanos realicen desplazamientos extensos hacia las capitales de provincia, eliminando costos adicionales de transporte y tiempo.
¿Qué regiones integran la cobertura de las PIAS Terrestres 2026?
La titular del Midis, Lesly Shica Seguil, destacó que el trabajo articulado permitirá realizar 10 campañas sociales. Por primera vez, la intervención llegará a departamentos como Lima, Cajamarca y Cusco. Estas nuevas sedes se suman a la cobertura existente en Amazonas, Piura, Arequipa, Puno y La Libertad. La ministra señaló que en los próximos meses se llevará el Estado más cerca de quienes más lo necesitan, consolidando una labor que inició como piloto en el año 2024 con solo 3 regiones.
¿Cómo participa el sector privado en este modelo de inclusión?
Durante la ceremonia de lanzamiento en el Cuartel General del Ejército, se extendió un llamado a las empresas para colaborar en esta labor social. “Invitamos al sector privado a participar de las PIAS Terrestres 2026, para construir de manera unida un país más inclusivo, con oportunidades para todos, sin importar el lugar donde vivan”, manifestó la ministra Shica. El aporte de aliados estratégicos resulta vital para ampliar el impacto de las acciones cívicas y las intervenciones en zonas de pobreza extrema.
¿Cuál ha sido la evolución de este programa social?
El crecimiento del proyecto demuestra una gestión pública en constante expansión. Lo que comenzó como una prueba limitada ha triplicado su alcance regional en apenas dos años, pasando de 3 a 9 departamentos intervenidos. Además de la infraestructura logística proporcionada por el Ejército, la participación de los programas sociales del Midis asegura que la atención sea adaptada a las necesidades específicas de cada comunidad rural dispersa.
¿Qué entidades garantizan el éxito de las campañas?
Además del Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, la operatividad de las campañas depende de la sincronización de esfuerzos entre instituciones públicas. «Estas intervenciones representan la presencia efectiva y organizada junto con el Ejército del Perú y aliados estratégicos», puntualizó la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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JNE resuelve 42 expedientes electorales en sesión del Pleno –
Tribunal del JNE declaró infundados 23 recursos presentados por Juntos por el Perú.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluó y definió el sentido de los fallos de 42 recursos de apelación en el marco de las Elecciones Generales 2026, publicando los resultados preliminares en su plataforma web oficial.
Durante la sesión, desarrollada bajo la modalidad virtual, el supremo tribunal electoral revisó 23 recursos interpuestos por la organización política Juntos por el Perú vinculados a actas observadas durante la segunda vuelta presidencial en las jurisdicciones de Huancavelica, Ucayali, el distrito de Ate, así como en las dependencias consulares de Santiago de Chile y Nueva Jersey en Estados Unidos.
Tras analizar los cuestionamientos formulados contra los pronunciamientos de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de origen, el colegiado declaró infundadas la totalidad de las solicitudes del partido.
Multas por hojas de vida y procesos sancionadores por neutralidad estatal
La carga procesal de la primera audiencia pública abarcó también la revisión de 14 apelaciones planteadas por diversas agrupaciones políticas contra las multas económicas dictadas por los JEE. Dichas penalidades fueron impuestas debido a la omisión o falsedad de información cometida por sus candidatos en las declaraciones juradas de hoja de vida al tramitar sus respectivas inscripciones.
Asimismo, el tribunal electoral resolvió cinco expedientes relacionados con procedimientos sancionadores por infracciones a la neutralidad política y restricciones de publicidad estatal en el actual contexto electoral. Las fundamentaciones jurídicas que sustentan las decisiones definitivas adoptadas por el pleno del JNE, emitidas en última instancia, serán integradas y publicadas de manera formal en los próximos días.
Transmisión de sesiones virtuales y programación de audiencias complementarias
El desarrollo de la audiencia se inició a las 10:00 horas mediante la plataforma Zoom, permitiendo la intervención de la defensa técnica de las partes involucradas bajo las garantías del debido proceso. Con el objetivo de asegurar la transparencia pública, la sesión fue difundida en tiempo real por el canal JNE Media y los servicios de streaming de la institución.
Con el fin de desahogar la carga procesal pendiente, el colegiado programó una segunda jornada de audiencias públicas a las 18:00 horas para evaluar y deliberar sobre un lote complementario de 30 expedientes electorales.
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Elecciones 2026: Transparencia defiende la integridad institucional del proceso electoral –
La Asociación Civil Transparencia emitió un pronunciamiento institucional respecto al balotaje presidencial celebrado el pasado domingo 7 de junio, en el cual descartó la existencia de irregularidades que afecten la validez o la transparencia del proceso de sufragio en las mesas de votación instaladas en el territorio extranjero.
Tras culminar las labores de fiscalización ciudadana, el organismo independiente desestimó de manera categórica las acusaciones públicas de presuntas alteraciones en el procesamiento de actas y rechazó cualquier intencionalidad política orientada a desconocer los cómputos que emitan las entidades del sistema electoral nacional.
La labor de veeduría realizada por los equipos de la asociación civil abarcó el monitoreo directo de locales de votación en ciudades con alta densidad de electores peruanos residentes en el exterior. Los observadores electorales cubrieron de manera simultánea los centros de sufragio habilitados en las jurisdicciones de Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark.
De acuerdo con el reporte técnico del organismo, la recopilación de copias de actas de escrutinio en dichos puntos geográficos fue sometida a un cotejo directo con el sistema de procesamiento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, constatándose la plena coincidencia de las cifras y la ausencia de anomalías estructuradas.
Exigencia de responsabilidad institucional a las organizaciones políticas
El comunicado de Transparencia enfatiza que el mantenimiento de la estabilidad institucional y la preservación del marco democrático demandan un comportamiento ético por parte de las candidaturas que disputaron el balotaje. El organismo exhortó a las fuerzas políticas participantes, personeros y líderes partidarios a conducirse bajo los principios de legalidad, sometiéndose a las directrices de los jurados electorales y aceptando la voluntad general expresada por la ciudadanía en las urnas.
Asimismo, la institución reiteró que la formulación de cuestionamientos al proceso debe canalizarse de forma estricta a través de los recursos legales vigentes, evitando narrativas de fraude que carezcan de sustento probatorio documental y que perjudiquen la confianza pública en el sistema democrático.
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