Más de veinte organizaciones advierten que la iniciativa podría politizar la gestión de Machu Picchu y poner en riesgo su sostenibilidad y su categoría de maravilla del mundo.

La aprobación en primera votación del Proyecto de Ley N.º 11277, que propone crear una autoridad autónoma para la gestión integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, ha encendido las alertas en el sector empresarial y turístico. La iniciativa plantea que esta entidad sea presidida por el Gobierno Regional del Cusco y adscrita al Ministerio de Cultura, un diseño que —según los gremios— debilitaría la gestión técnica especializada de Machu Picchu. “Lo que está en juego no es menor: hablamos del principal destino turístico del Perú, ícono de nuestra identidad y motor clave de la economía cusqueña y nacional”, advirtió ComexPerú, que exhortó al Congreso a no aprobar la norma en segunda votación.

La preocupación es compartida por más de veinte cámaras empresariales y colegios profesionales, entre ellos la Cámara de Comercio de Cusco, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Cusco (AATC), la Cámara Hotelera del Cusco, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), entre otros. Todos coincidieron en que la propuesta no resuelve los problemas estructurales de gestión y, por el contrario, introduce riesgos adicionales.

Los gremios recuerdan que hace seis años Machu Picchu alcanzaba récords históricos de visitantes, mientras que hoy enfrenta sobrecarga turística, informalidad y deficiencias operativas. En ese contexto, ComexPerú cuestiona que el proyecto no se sustente en un análisis técnico ni atienda los problemas de fondo, y que traslade la administración a una instancia que no ha demostrado capacidad para gestionarlos. Además, advierte que la iniciativa ignora las competencias del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y desatiende alertas de la Unesco, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre los riesgos que amenazan el estatus de Patrimonio Mundial.

Pese a que el Perú ha sido reconocido en los World Travel Awards como el mejor destino cultural del mundo y Machu Picchu como el mejor atractivo turístico global, ComexPerú advierte que este posicionamiento está en riesgo si no se fortalece su gobernanza. Por ello, plantea la creación de una verdadera autoridad autónoma liderada por el Mincetur, con participación técnica del Estado, el sector privado y la sociedad civil. “Machu Picchu no es solo un símbolo regional. Es un patrimonio del Perú y del mundo. Su gestión debe estar a la altura”, sostuvo Jaime Dupuy, director ejecutivo del gremio.

Fuente: ComexPerú, Gestión

Nueva ampliación reabre el debate sobre si el Congreso busca ordenar el sector minero o asegurar respaldo político y financiero en la antesala de las elecciones generales.

La quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 ha reactivado las alertas sobre su verdadero objetivo. Para analistas regionales, responde más a un cálculo político que a una medida técnica de formalización, en plena antesala de las elecciones de 2026. El economista Álvaro Bardales sostiene que el Reinfo se ha convertido en un instrumento de alto valor político, pues “la minería ilegal mueve miles de millones de dólares que podrían financiar campañas”. Advirtió, además, que la ampliación permite avanzar solo de manera nominal hacia la formalidad, sin exigir estándares ambientales, laborales ni de seguridad.

Desde Piura, el presidente de Perú Cámaras, Óscar Zapata Alcázar, criticó que esta medida ha permitido que diversas instituciones del Estado sean burladas de manera sistemática. “Nunca debió ampliarse ni por un año ni por dos. Este mecanismo ha funcionado como una legalización de la informalidad”, afirmó. Y añadió que “la minería informal proyecta una mala imagen del país, afectando la protección de la inversión”. Por su lado, el analista tacneño Frankie Kuong coincidió en que la prórroga no ataca el problema de fondo: “En la minería informal no se pagan impuestos, no están registrados en la Sunat y los trabajadores no tienen seguro ni condiciones laborales dignas. La solución no es seguir ampliando el Reinfo, sino formalizarlos de verdad”.

En Cusco, el gerente regional de Energía y Minas, Merciano Bacilio, señaló que las cifras confirman la ineficacia del Reinfo: desde mayo de este año, de unos 1,250 mineros informales inscritos, solo uno logró formalizarse. “Es una pastilla más. Esto no soluciona el verdadero problema”, enfatizó. Para los especialistas, esta quinta prórroga confirma que el Congreso prioriza decisiones de corto plazo que imponen urgencias políticas sobre las prioridades del país.

Fuentes: Conecta Piura, Arequipa Hoy, Enlace Informativo Tacna y Cusco Informativa