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PETROPERÚ: MENOS PRODUCCIÓN, MÁS COSTOS Y MAYOR PRESIÓN SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Según un informe del IPE, la petrolera estatal redujo 44 % su producción de gasolina desde 2019 y acumula pérdidas millonarias, mientras crecen las dudas sobre su gestión y el uso de recursos públicos.
La crisis de Petroperú ya no solo compromete su operación, sino que presiona las finanzas públicas. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), “entre 2019 y 2025 Petroperú pasó de producir 25 mil barriles de gasolina al día a solo 14 mil”, una caída de 44 % que redujo ingresos y obligó a cubrir la demanda con mayor producción de la refinería privada La Pampilla y con importaciones. Todo ello ocurrió pese a la millonaria inversión en la nueva refinería de Talara, cuyo costo habría superado los US$6,500 millones. Este deterioro operativo vino acompañado de una inestabilidad administrativa. Desde 2021, la empresa ha tenido once gerentes generales, lo que debilitó su gobernanza y contribuyó a la pérdida de confianza de los mercados.
El impacto fiscal es significativo. El IPE estima que, “desde 2013, el apoyo financiero estatal a Petroperú asciende a S/24,600 millones”, un monto equivalente —según el propio instituto— a la construcción de unos 320 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) o 95 hospitales de mediana complejidad. Solo en 2024, la empresa reportó pérdidas superiores a US$770 millones, cifra mayor al presupuesto conjunto de programas sociales como Juntos y Pensión 65. A ello se sumaron otros US$355 millones en pérdidas al tercer trimestre de 2025, de acuerdo con estados financieros no auditados.
Ante este escenario, un decreto de urgencia emitido a fines de 2025 busca facilitar la participación privada mediante concesiones y la venta de activos no críticos, iniciativa respaldada por al menos once partidos políticos. La comparación con petroleras estatales como Petrobras y Ecopetrol, que han mejorado resultados con capital privado, reaviva el debate. A setiembre de 2025, Petroperú registraba una deuda equivalente al triple de su patrimonio, reflejo de una crisis que plantea una cuestión de fondo: si no se reduce la injerencia política y se redefine su modelo de gestión, el costo de sostener la empresa seguirá trasladándose a todos los peruanos.
Fuente: El Comercio
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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO
El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.
Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.
Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.
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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN
Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.
El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.
Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.
La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.
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