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PNP cuenta con 9,250 vehículos que no están en funcionamiento
Con la falta de vehículos policiales se dificulta cumplir con el llamado plan Boluarte
El Gobierno ha revelado un conjunto de medidas para abordar el crecimiento descontrolado de la delincuencia, incluyendo iniciativas como el plan Boluarte y la implementación del estado de emergencia en ciertos distritos. No obstante, la Policía Nacional, que constituye la fuerza principal en la lucha contra los delincuentes, está experimentando una grave crisis en cuanto a su capacidad de desplazamiento. Casi la mitad de los vehículos policiales están actualmente fuera de servicio, no funcionan o no se encuentran en condiciones adecuadas para llevar a cabo intervenciones.
Según datos de La República, con información de la Policía Nacional, más de 9,000 vehículos pertenecientes a la flota de la institución se encuentran actualmente fuera de servicio. Esta situación representa un significativo obstáculo que dificulta la implementación de un plan estratégico para contrarrestar el creciente problema de la inseguridad en el país.
De acuerdo con informes de la Dirección de Logística de la PNP, la institución dispone de un total de 19,750 vehículos, que incluyen patrulleros, automóviles, camionetas y motocicletas. Sin embargo, únicamente 10,500 de estos vehículos (53%) están en condiciones de operación, mientras que los restantes 9,250 (47%) se encuentran inoperativos.
Sin embargo, a pesar de la difícil situación en la que se encuentra la flota de vehículos policiales, con un total de 9,250 vehículos inoperativos, aproximadamente 3,700 de ellos pueden ser recuperados, mientras que los restantes 5,650 se consideran irrecuperables. Esto significa que más del 50% de los vehículos están obsoletos.
A pesar de este problema que afecta seriamente la capacidad de acción, movilidad y disuasión de la Policía, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha anunciado ambiciosos planes para combatir la criminalidad.
Vehículos inutilizables
La PNP dispone de 2.021 patrulleros y coches en su flota. De este conjunto, 1.365 están en funcionamiento y 656 están fuera de servicio. De los vehículos fuera de servicio, solamente 142 pueden ser recuperados, mientras que 514 se consideran irrecuperables. En otras palabras, casi el 80 % de ellos no pueden ser utilizados.
Por otro lado, el número de camionetas 4X4 en la flota asciende a 8.066. De esta cantidad, 4.318 están operativas y 3.748 no están en condiciones de funcionar.
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De un conjunto de camionetas que no funcionan, 1,689 se pueden restaurar y 2,059 no se pueden recuperar. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha especificado las medidas que tomará para abordar la falta de vehículos necesarios para que la policía cumpla con sus tareas.
La misma situación se repite con los vehículos más pequeños. En este momento, la Policía Nacional tiene registradas 8,471 motocicletas en sus registros. De ellas, 4,158 están en funcionamiento (49%) y 4,313 no están en funcionamiento (51%).
De este último grupo, 1,604 pueden ser recuperados (37%) y 2,709 se consideran vehículos perdidos (63%).
Estas estadísticas son alarmantes; no obstante, desde que el Poder Ejecutivo lanzó el plan Boluarte con gran entusiasmo, no ha mencionado cómo planea restaurar completamente la funcionalidad de los vehículos necesarios para las operaciones policiales.
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EL FENÓMENO EL NIÑO LE COSTARÍA S/16 000 MILLONES A LA ECONOMÍA PERUANA HASTA 2027
Credicorp Capital estima que el mayor golpe llegará el próximo año, cuando coincidan un Niño Costero fuerte y uno global, y advierte que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad concentrarán el impacto más severo en agro, pesca y empleo.
El Fenómeno El Niño (FEN) restaría cerca de S/16 000 millones a la actividad económica del país entre 2026 y 2027, según estimaciones de Credicorp Capital Asset Management. Jonathan Gutiérrez, asociado senior de Renta Variable de la firma, explicó que, con una severidad de moderada a fuerte, el golpe acumulado superaría el 1% del PBI, por encima de lo registrado en eventos climáticos anteriores. El mayor efecto se concentraría entre diciembre de este año y marzo de 2027, cuando coincidirían un Niño Costero fuerte y uno de escala global; solo para 2026 el impacto equivaldría a 0.5% del PBI (unos S/6000 millones), mientras que para 2027 subiría a 0.8% (cerca de S/10 000 millones). Con este escenario, la firma redujo su proyección de crecimiento del país de 3.8% a 3.3% para este año, y de 4.3% a 3.5% para el próximo.
El impacto no se repartiría de forma uniforme entre regiones, ya que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que en conjunto aportan el 25% de la producción agrícola nacional y el 35% de la pesquera, serían las más golpeadas por su alta exposición a estas dos actividades. Cerca del 80% de la oferta nacional de mango, palta y arándano proviene de esas zonas, por lo que una afectación climática recortaría directamente la disponibilidad de estos productos. Gutiérrez precisó que, al sumar la contribución de actividades como comercio, transporte y manufactura, en esos cuatro departamentos «estos verían afectada casi la mitad de su producción agregada anual».
El fenómeno también presionará los precios y el empleo. Credicorp calcula que el encarecimiento de alimentos añadirá 1.25 puntos a la inflación de este año y 0.75 puntos a la de 2027, con lo que la proyección de cierre pasa a 4.1% y 2.7%, respectivamente. En el mercado laboral, el golpe recaería sobre todo en trabajadores informales de la pesca y el agro, los sectores más ligados al salario mínimo. Pese a ello, Gutiérrez sostuvo que ese menor dinamismo sería más que compensado por sectores no primarios como construcción, comercio y servicios, impulsados por un crecimiento de la demanda interna cercano a 5% y de la inversión privada de alrededor de 10%.
Fuente: Gestión
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SEGURIDAD, EL NIÑO E INVERSIÓN: LOS RETOS URGENTES PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
Representantes de la pesca, la minería, los gobiernos regionales y el alcalde de San Martín de Porres detallaron las medidas concretas que esperan del nuevo Ejecutivo tras el cambio de mando del 28 de julio.
A pocas semanas del inicio del nuevo gobierno, cuatro voces del sector privado y subnacional plantearon las tareas que consideran urgentes para los primeros 100 días de gestión. Sus demandas coinciden en dos frentes: enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño, que ya golpea sectores como la pesca y amenaza con lluvias intensas en varias regiones, y recuperar el orden interno como condición para reactivar la inversión.
En seguridad, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, pidió priorizar la reorganización de la cúpula de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y la obtención de facultades delegadas del Congreso para modernizar la PNP con inversión en inteligencia y unidades de flagrancia. Para el burgomaestre de este distrito de Lima Norte, no hay margen para nuevos diagnósticos: «El orden requiere acciones inmediatas».
En el frente económico, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna, advirtió que El Niño ya obligó a suspender la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, lo que pone en riesgo a los 250 000 trabajadores directos e indirectos del sector, y pidió a Imarpe y Produce un plan ágil de monitoreo. Julia Torreblanca, titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, planteó acelerar una cartera de proyectos mineros por más de US$63 000 millones mediante mayor estabilidad jurídica y menos trabas burocráticas. Por su parte, Luis Neyra, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, calificó la respuesta ante El Niño como la verdadera prueba de fuego del nuevo Ejecutivo, y reclamó presupuesto adicional para destrabar obras de prevención paralizadas desde el desastre de 2017.
Fuente: El Comercio
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