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Por Dennis Falvy / Bolivia y nueva ley del oro

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Por Dennis Falvy / Bolivia y nueva ley del oro


Los bonos soberanos de Bolivia se han desplomado en el mundo financiero y este país con las mayores reservas de litio en el triángulo con Chile y Argentina y que exporta oro que no produce y cuyas cooperativas de producción del metal no pagan casi tributos, ya casi no tiene reservas en su banco central.

 

Nathalie Iriarte para Bloomberg Línea, nos cuenta que pasa allí y recomendamos que lean:  https://www.bloomberglinea.com/2022/06/08/como-son-las-cooperativas-que-controlan-el-oro-en-bolivia-y-buscan-nueva-ley/

 

El presidente Luis Arce declaró que había llegado a un acuerdo con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) luego de 9 meses, para abrir la puerta a una nueva Ley del Oro en Bolivia. Ello para fortalecer las RINS del Central y bosquejar un régimen tributario, pues las cooperativas no tributan. En Bolivia, la explotación minera se hace a través de cooperativas, que dominan el 94% del total del mercado, y están exentas del pago de impuestos. En el 2020, las cooperativas mineras produjeron 21,8 toneladas de las 23,2 toneladas a nivel nacional. Ese mismo año el valor de producción del oro alcanzó a 1.263 millones de dólares. Pero las regalías recibidas por el Estado fueron de 34 millones de dólares, apenas el 2,7%. Esto por la legislación que enmarca a los negocios mineros en yacimientos y por ello se evade y elude impuestos.

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman LP) agrupan a unas 850 asociaciones y los asociados superan los 30.000.

 

En el 2014 la mayor parte del oro exportado fue registrado como obtenido en yacimientos marginales. Pero para la Fundación Jubileo “es casi imposible que se produzcan más de 30 toneladas en un año, a partir de yacimientos marginales”. Otro problema que esconden las cooperativas, es la falta de información pública debido al tipo de administración que tienen que no permite el control estadístico. Esto da lugar a operaciones irregulares de contrabando de oro de países vecinos que aprovechan los vacíos legales y la falta de control para blanquear su oro en Bolivia. Las denuncias de oro ingresado de manera ilegal al país son públicas, pero no han tenido mayor respuesta del Estado en pasados gobiernos.

En 2012, según datos oficiales, Bolivia produjo 12 toneladas de oro. Pero en las exportaciones se registró 26,9 toneladas. El año 2014, se vio el mismo fenómeno. Se produjeron 25 toneladas de oro y se exportaron 34. En reportes de prensa local, consta como estas cifras fueron modificadas tratando de ocultar la información. Sin embargo, quedaron pruebas de los reportes oficiales que se contradecían entre sí durante la administración de Evo Morales. Este cambió la normativa en el 2014. En la Ley 535 de minería y metalurgia, hecha por el MAS (partido del gobierno actual), las cooperativas consiguieron fijar una reducción de sus pagos que bajaron del 7 % al 2,5% en explotación de yacimientos marginales. Estos porcentajes se organizan según el techo del precio del oro y estos techos generan pérdidas al Estado.

El presidente Arce se ha comprometido a trabajar junto con estos actores cooperativistas que en muchas ocasiones han mostrado públicamente su apoyo al gobierno. Pero aún no hay nada y otro sector de los mineros se mostró en desacuerdo con las declaraciones del presidente sobre una nueva ley del oro.

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PROYECTOS DEL CONGRESO CONVERTIRÍAN A SUNAFIL EN UNA AMENAZA PARA LAS MYPE EN VEZ DE UN ALIADO

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PROYECTOS DEL CONGRESO CONVERTIRÍAN A SUNAFIL EN UNA AMENAZA PARA LAS MYPE EN VEZ DE UN ALIADO

Horizonte Laboral advierte que vincular los salarios de los inspectores de Sunafil a recursos provenientes de multas y sanciones crearía un incentivo que distorsiona la función fiscalizadora, lo que podría agudizar la vulnerabilidad de las más de 2,3 millones de mype del país.

Las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar mayor presión si avanzan las iniciativas del Congreso orientadas a mejorar las remuneraciones de los trabajadores de Sunafil, advierte Horizonte Laboral. Mientras el Proyecto de Ley N.º 9744/2024-CR, que plantea una bonificación por desempeño, ya cuenta con dictamen, otras tres propuestas que buscan implementar una nueva escala remunerativa se encuentran en agenda del Pleno: los proyectos N.º 14184/2025-CR, 14023/2025-CR y 13696/2025-CR.

Las mype representan el 99.7 % de la estructura empresarial del país, con más de 2.3 millones de unidades productivas. Además, enfrenta altos niveles de informalidad, con 90.3 % en microempresas y 45.6 % en pequeñas empresas. Según la Encuesta Nacional de Empresas 2019, solo el 15.8 % de las microempresas accedió a servicios de asistencia técnica especializada. “Las mipyme necesitan asistencia y orientación para transitar hacia la formalidad”, precisa Paloma Cotrina Navarro, especialista legal de Horizonte Laboral.

La experta menciona que el problema no es mejorar las condiciones laborales del personal de Sunafil, sino la forma en que se financian esos beneficios. En esa línea, señala que vincular los aumentos salariales con recursos obtenidos por sanciones puede afectar la confianza en la fiscalización laboral. “Mientras más sanciono, más voy a ganar. Ese es justamente el tipo de incentivo que debería evitarse”, comenta Cotrina. Según el informe, este diseño puede reforzar una visión más recaudatoria que preventiva y elevar los costos para empresas con menor capacidad económica.

Fuente: Gestión & Horizonte Laboral

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“LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ RECHAZA PROTESTAS CONTRA EL CONTEO ELECTORAL”, REPORTÓ PERÚ 21

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“LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ RECHAZA PROTESTAS CONTRA EL CONTEO ELECTORAL”, REPORTÓ PERÚ 21

“La CTP aseguró que rechazan «las convocatorias a movilizaciones, actos de presión o cualquier acción que busque desconocer, condicionar o influir indebidamente en el trabajo de los organismos electorales»

La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) se pronunció sobre el proceso de conteo de actas de los comicios presidenciales realizados el pasado domingo 7 de junio de 2026 y se mostró en contra de aquellos que llaman a marchar frente al conteo.

A través del comunicado, los representantes de la CTP señalaron que la institución «reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en las urnas el 07 de junio de 2026».

Frente a las recientes manifestaciones e iniciativas de movilización social reportadas en los últimos días, se mostró en contra de las mismas y llamó a los dirigentes a «mantener la calma y esperar responsablemente los resultados oficiales que emita la autoridad electoral competente».”, reportó Perú 21.

Fuente: Perú 21

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