• Programa social instalará puntos de pago en 231 localidades del país para llegar a los lugares más remotos.

Con el objetivo de garantizar que ningún usuario de Pensión 65 quede excluido, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), inició el pago de la subvención bimestral de S/350 a 53 382 usuarios que viven en los centros poblados y anexos más alejados del país, mediante el despliegue de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), conocidas como los “carritos y avioncitos pagadores”.

Esta estrategia permite acercar el Estado a las zonas de difícil acceso, superando barreras geográficas y climáticas, y asegurando que el apoyo económico llegue de manera oportuna, segura y digna a quienes más lo necesitan. La campaña comenzó el jueves 15 de enero en 12 localidades, donde se atendió a más de 2754 adultos mayores.

En la primera jornada, los “carritos pagadores” llegaron a localidades como Oroncoy (Ayacucho), Machaguay (Arequipa), Saramiriza, Bellavista y 12 de Octubre (Loreto); así como a los centros poblados de Asunción y Vista Alegre (Cajamarca), Paccaritambo y Marcapata (Cusco), Chilahuito y Santa Lucía (Puno), y San Ignacio (La Libertad).

El Midis informó que las ETV instalarán puntos de cobro en 231 localidades a nivel nacional, como parte de un despliegue sin precedentes que se extenderá hasta el 24 de febrero, fecha en la que se cerrará la campaña en el centro poblado Untuca, distrito de Quiaca, en la región Puno.

Al respecto, el director ejecutivo de Pensión 65, Luis Aguilar, señaló que los “carritos y avioncitos pagadores” recorrerán 15 departamentos del país. Destacó que Puno concentrará el mayor número de puntos de pago, con 47 en total, seguido de Apurímac (42), Loreto (25), Amazonas y Arequipa (19 cada uno), entre otras regiones, reafirmando el compromiso del Midis de llegar hasta los lugares más alejados y vulnerables del Perú.

Para revisar el cronograma completo, pueden ingresar al siguiente enlace: https://acortar.link/mdE3af.

Luis Miguel Castilla señala que la falta de decisiones oportunas ha generado una sangría fiscal que hoy obliga a una reestructuración para proteger los recursos públicos.

La situación financiera de Petroperú continúa deteriorándose, arrastrada por el sobrecosto de la refinería de Talara y por una gestión marcada por gastos laborales desalineados, deficiencias operativas y una débil gobernanza corporativa. Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, la expectativa de que los ingresos de la nueva refinería compensarían los elevados egresos nunca se materializó. “La apuesta era que los ingresos generados por la refinería iban a cubrir los egresos operativos, y eso no se ha dado”, advierte.

Castilla sostiene que la reorganización de la empresa estatal ya no es una opción, sino una necesidad impostergable. A su juicio, la crisis actual es consecuencia de años de postergación de decisiones políticas, durante los cuales se optó por inyecciones de liquidez y garantías estatales en lugar de una reforma estructural. “Lamentablemente, la práctica de muchos gobiernos y gestiones ha sido patear el problema para el siguiente y no asumir la responsabilidad”, señala el director de Videnza Instituto. También subraya que el costo de la reorganización es significativamente menor frente a los recursos que Petroperú ha demandado al Estado en los últimos años. Solo en beneficios laborales la empresa destinó cerca de S/280 millones en bonificaciones y tratamientos preferenciales.

Finalmente, Castilla aclara que el proceso a cargo de ProInversión no implica una privatización, sino la evaluación de alternativas para ordenar la empresa, aislar activos valiosos, reducir riesgos y abrir espacio a capital privado bajo un esquema de mayor eficiencia, manteniendo la propiedad estatal. “Me parece que ProInversión es la adecuada y tiene experiencia en la materia”, sostiene, y remarca que cualquier decisión debe estar protegida del uso político y guiada por criterios de responsabilidad fiscal y transparencia.

Fuente: Exitosa Noticias