El candidato presidencial Alfonso López Chau protagonizó una intensa jornada política en el marco de la campaña electoral 2026, marcada por recorridos en diversas regiones del país y un contacto directo con la ciudadanía. A sus 75 años, el aspirante al sillón presidencial reconoció el desgaste físico acumulado tras días sin descanso, aunque intentó proyectar fortaleza ante sus simpatizantes.

En una breve entrevista concedida al Diario La República en el local de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), López Chau mostró un tono más reflexivo y sereno, alejado de las arengas habituales de sus mítines. Acompañado por sus candidatos a la vicepresidencia, Ruth Buendía y Luis Villanueva, el postulante hizo una confesión que resume su percepción del actual escenario político: “Sí, temo por el Perú”.

Alfonso López- Chau asegura recibir apoyo en el interior del país

El candidato destacó el respaldo que, según afirmó, viene recibiendo en distintas regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac e Ica. Para López Chau, el contacto con la población ha sido clave para reforzar su confianza en el proceso electoral. “La calle me alienta”, aseguró, al tiempo que valoró la interacción directa con los ciudadanos como un espacio de aprendizaje y conexión.

Asimismo, denunció presuntas maniobras destinadas a obstaculizar sus actividades proselitistas, aunque consideró que estos intentos habrían tenido un efecto contrario, fortaleciendo la convocatoria de sus eventos. “Siempre ocurre que cuando se intenta impedir algo, sucede lo contrario”, comentó.

En otro momento, López Chau respondió a versiones atribuidas al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien habría sugerido que el candidato busca enfrentar en segunda vuelta a Keiko Fujimori por considerarla una contendora más accesible. El postulante rechazó esta interpretación y aseguró estar dispuesto a competir con cualquier rival.

“Cuando uno va a competir, está preparado para enfrentarse a cualquiera”, señaló. Incluso, planteó que un eventual enfrentamiento con López Aliaga podría resultar interesante para el electorado, al compartir ambos perfiles similares como economistas y creyentes católicos, lo que permitiría contrastar sus diferencias programáticas.

El candidato también expresó una crítica más amplia hacia el comportamiento de algunos líderes políticos, a quienes cuestionó por dirigir ataques contra sectores vulnerables de la población. En ese sentido, calificó como una “cobardía” señalar al pueblo como responsable de la crisis, enfatizando que los ciudadanos solo expresan su descontento frente a la situación actual.

En un tono más reflexivo, López Chau advirtió sobre los riesgos de un liderazgo político inadecuado. “Los líderes corruptos pueden llevar a un pueblo a la barbarie”, afirmó, subrayando que la calidad de las élites gobernantes es determinante para el desarrollo o el deterioro de un país.

El postulante consideró que el Perú se encuentra en un momento crítico, “a un paso” de enfrentar consecuencias negativas si no se corrigen los rumbos políticos actuales. En esa línea, hizo un llamado implícito a fortalecer liderazgos responsables y comprometidos con el bienestar ciudadano.

Las declaraciones de Alfonso López Chau reflejan no solo la intensidad de la campaña electoral, sino también la preocupación existente en diversos sectores sobre el futuro del país. En un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre, sus palabras buscan posicionarse como una advertencia y, al mismo tiempo, como una propuesta de cambio.

Con la campaña en pleno desarrollo, el candidato apuesta por consolidar su presencia en las regiones y capitalizar el respaldo ciudadano, mientras el debate político se intensifica de cara a las elecciones generales de 2026.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, generó debate al advertir que personas con orden de captura vigente, como Vladimir Cerrón, podrían acudir a votar en las próximas elecciones sin ser detenidas debido a las limitaciones establecidas en la legislación actual.

Durante una entrevista radial, el titular de la Defensoría del Pueblo explicó que esta situación no responde a una omisión de las autoridades, sino a lo dispuesto en la normativa vigente. En concreto, se refirió a la Ley Orgánica de Elecciones del Perú, la cual impide la detención de ciudadanos requisitoriados durante la jornada electoral.

“Existe una ley orgánica de elecciones que dice que no se puede detener a ninguna persona requisitoriada”, afirmó Gutiérrez, subrayando que la Policía Nacional del Perú actúa conforme al marco legal establecido. En ese sentido, descartó que exista una falla operativa o negligencia por parte de la institución policial.

Defensor del Pueblo evitó referirse al caso de Vladimir Cerrón

El defensor del Pueblo evitó centrar el debate exclusivamente en el caso de Vladimir Cerrón y enfatizó que se trata de un problema de carácter general que podría aplicarse a cualquier ciudadano en condición similar. “No quiero personificar ninguna presión de ningún personaje, porque me debo al carácter de la neutralidad”, precisó, destacando su rol institucional.

Sin embargo, Gutiérrez consideró que la actual normativa presenta un vacío legal que debería ser corregido. En esa línea, planteó la necesidad de modificar la ley para permitir la intervención de personas con requisitoria, sin afectar su derecho al sufragio.

“Claro que no se le afecte su derecho a votación, pero sí se le debe detener”, señaló, proponiendo una fórmula que permita a los ciudadanos ejercer su derecho al voto y, posteriormente, cumplir con las disposiciones judiciales pendientes.

El funcionario también insistió en la importancia de dotar de mayores herramientas legales a la Policía Nacional para cumplir eficazmente con su labor. “Debemos darle las herramientas a la PNP para que cumpla su deber”, remarcó, reiterando que el problema radica en las limitaciones normativas y no en la actuación de las autoridades.

El debate se intensifica en un contexto marcado por el caso de Vladimir Cerrón, quien mantiene una orden de captura vigente. La posibilidad de que pueda participar en el proceso electoral sin ser intervenido ha reavivado cuestionamientos sobre el equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales y la ejecución de la justicia.

Especialistas en materia electoral y constitucional han advertido que este tipo de disposiciones buscan garantizar el derecho al voto como un principio fundamental en democracia. No obstante, también reconocen que pueden generar tensiones cuando entran en conflicto con la necesidad de hacer cumplir órdenes judiciales.

La propuesta de modificación planteada por la Defensoría del Pueblo abre así un nuevo frente de discusión en el ámbito político y jurídico. Mientras algunos sectores podrían respaldar la medida como un mecanismo para cerrar vacíos legales, otros podrían advertir riesgos en su implementación.

En cualquier caso, el planteamiento de Josué Gutiérrez pone en evidencia la necesidad de revisar la normativa electoral vigente, especialmente en un escenario donde la confianza en las instituciones y el cumplimiento de la ley son temas clave para la ciudadanía.