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PROINVERSIÓN ADVIERTE QUE EL RESCATE DE PETROPERÚ DEPENDE DE LA REORGANIZACIÓN DE SUS UNIDADES DE NEGOCIO

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PROINVERSIÓN ADVIERTE QUE EL RESCATE DE PETROPERÚ DEPENDE DE LA REORGANIZACIÓN DE SUS UNIDADES DE NEGOCIO

La derogación de los decretos de urgencia vigentes podría acelerar el cobro inmediato de la deuda total, que asciende a 7.500 millones de dólares.

La situación financiera de Petroperú fue debatida en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde se analizó el nuevo rescate de hasta 2.000 millones de dólares para la petrolera estatal. Ángel Delgado, representante de ProInversión, explicó que la viabilidad de esta inyección de capital está estrictamente condicionada a la vigencia de los decretos de urgencia que permiten segmentar la empresa en unidades de negocio para la participación privada. Sobre el riesgo de anular estas normativas, Delgado alertó: “si ambos decretos de urgencia caen, lo que va a pasar es que va a haber un aceleramiento de todas las obligaciones financieras que existen a la fecha”.

La advertencia sobre un posible proceso concursal fue secundada por Indecopi, señalando que los acreedores podrían tomar el control total de la administración y los activos si la empresa entra en default. En este escenario, la junta de acreedores desplazaría a la de accionistas para decidir sobre la liquidación o reestructuración de bienes, lo que afectaría gravemente la reputación internacional de la compañía. La deuda acumulada por la empresa, que incluye bonos y compromisos comerciales, suma actualmente 7.500 millones de dólares, lo que hace que cualquier inestabilidad legal sea crítica para su operatividad.

Por su parte, la actual presidencia de Petroperú confirmó que no se continuará con la auditoría forense a la refinería de Talara, argumentando que no existen pruebas concretas de irregularidades para mantener dicho proceso. No obstante, el expresidente Alejandro Narváez defendió el valor estratégico de la planta y aclaró que su construcción no fue financiada directamente por el tesoro público, sino a través de préstamos y bonos. Narváez fue enfático al desmentir el uso de fondos estatales para la obra, afirmando que “es mentira cuando se sostiene que el Estado ha dado plata a Petroperú para que financie la construcción de la refinería”.

Fuente: Infobae

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.

Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.

La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.

Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.

Fuente: REDES

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.

En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.

La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.

Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.

Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero

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