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Proponen prohibir uso de celulares en colegios

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Proponen prohibir uso de celulares en colegios


Para reducir casos de ciberbullying

La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en instituciones de educación básica escolar pública y privada durante el dictado de clases.

La propuesta señala que se busca prohibir el uso de celulares inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico similar que pueda ser usado durante clases.

Su finalidad apunta a reducir la exposición excesiva de estudiantes al internet, luchar contra el ciberbullying en los colegios, fomentar la mejora de la atención y rendimiento escolar; así como, reducir la incidencia de enfermedades mentales entre los estudiantes.

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Esta norma sería aplicada a todos los estudiantes de educación básica regular de los niveles, inicial, primaria y secundaria; tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas.

Sin embargo, la norma no aplica a estudiantes que requieran atención especial como consecuencia de padecer alguna enfermedad o discapacidad que justifique el uso de algún dispositivo electrónico.

Tampoco lo es cuando el dispositivo electrónico sea permitido en forma expresa por la institución educativa, únicamente para uso académico.

“(El acceso a Internet desde estos dispositivos) También son utilizados para navegar en redes sociales y acceder a información no corroborada o exclusiva para adultos. El problema es que se convierte en algo contraproducente para menores de edad en etapa escolar”, alega el proyecto de ley.

También se fundamente que “el uso de celulares inteligentes y otros dispositivos genera una serie de efectos perjudiciales y riesgos en los niños en etapa escolar”.

 

Alerta: Universidades ahora solicitan reporte tributario

Si una persona, por ejemplo, necesita enviar información a entidades financieras sobre el cumplimiento del pago de su deuda tributaria, para que sea considerada al fijar condiciones cuando se solicita un crédito, puedes pedir a la Sunat un Reporte Tributario para Terceros.

Luis Vera, jefe de la Sunat, explica que el reporte es un resumen de toda la información que el contribuyente presenta a la Sunat, como sus declaraciones juradas de impuestos, entre otros, y que va con un código de barras.

Lamentablemente, dijo Vera, este reporte también ha tenido un “lado no deseado” pues según señaló algunas universidades lo estarían solicitando para fijar el monto de la pensión que cobrarán.

“Ahora también las universidades privadas lo están utilizando (el reporte). Cuando uno va a matricular a su hijo, la universidad le pide el Reporte Tributario para Terceros para saber cuánto va a cobrar de pensión. También tiene su lado no deseado”, expresa.

Reporte Tributario para Terceros: Algunos datos que señala el jefe de la Sunat es que se descarga en línea desde el aplicativo o portal web de Sunat, con código QR para verificar la autenticidad y está disponible todos los días a toda hora. Está vigente desde agosto del 2017.

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.

Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.

La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.

Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.

Fuente: REDES

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.

En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.

La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.

Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.

Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero

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