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Proyecto de creación de la Policía de Orden y Seguridad tiene respaldo de la ciudadanía
El proyecto de ley para la creación de la Policía de Orden y Seguridad, presentado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, al Parlamento Nacional, en el marco de su mensaje a la nación el pasado 28 de julio, cuenta con un amplio respaldo ciudadano.
De acuerdo a una reciente encuesta elaborada al respecto, el 51% de la población aprueba esta iniciativa legislativa, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad ciudadana en el territorio nacional.
El estudio elaborado, a nivel nacional, por la empresa Ipsos, a solicitud del Ministerio del Interior (Mininter), revela que el 41% de los encuestados respondió “estar de acuerdo” con la citada propuesta legislativa, mientras que el 10% contestó estar “muy de acuerdo”, lo que refleja un 51% de respaldo a esta propuesta legislativa.
De igual forma, el 65% de los encuestados —51% “de acuerdo” y 14% “muy de acuerdo”— se expresó a favor de que los efectivos de Orden y Seguridad tengan la función exclusiva de prevención y patrullaje de las calles, así como la atribución de portar armas.
Consultados sobre la participación de licenciados de las Fuerzas Armadas, más del 70% de encuestados —56% “de acuerdo y 21% “muy de acuerdo”— aprueba que estas personas puedan postular y formar parte de esta nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que el 48% afirmó que confía que estos agentes velarán por su protección y seguridad.
En el contexto del respaldo ciudadano al citado proyecto de ley del Ejecutivo, el ministro del Interior, Vicente Romero, instó a la representación nacional a aprobar esta iniciativa legislativa, resaltando que esta es la manera más concreta de poder contar con más efectivos en las calles y mejorar las condiciones de seguridad en el país.
“Este proyecto de ley para la creación de Policía de Orden y Seguridad responde a una necesidad específica y contribuirá a reducir el déficit de personal policial de 50 mil efectivos a nivel nacional”, precisó el titular del Mininter durante su reciente presentación ante el Pleno Congreso de la República.
El estudio se aplicó a 1 007 entrevistados, elegidos de manera aleatoria, en 23 departamentos de Lima, en la región Callao, en 40 provincias, 44 localidades y 82 distritos del país.
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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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