El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias tras revelarse reuniones fuera de agenda con el empresario chino Yang; en paralelo, partidos exigen explicaciones y evalúan medidas para su eventual salida.

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias, a raíz de reuniones no consignadas en la agenda oficial con el empresario chino Zhihua “Johnny” Yang. El proceso, confirmado por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, se inició el 15 de enero y se desarrolla en etapa inicial, bajo el régimen especial que rige para altos funcionarios. En paralelo, el Congreso analiza eventuales responsabilidades políticas que podrían derivar en censura o vacancia.

Antecedentes y contexto

El caso se originó tras la revelación periodística de una serie de reuniones privadas entre el jefe de Estado y el empresario Yang, algunas de ellas realizadas fuera de Palacio de Gobierno, en horarios nocturnos y sin registro en la agenda presidencial. Estos encuentros se produjeron en un contexto de creciente escrutinio público sobre la transparencia del Ejecutivo, a pocos meses del inicio formal del proceso electoral general de 2026.

Las revelaciones reactivaron el debate sobre los límites de la investidura presidencial, el cumplimiento de las normas de transparencia y la eventual existencia de gestiones irregulares en favor de intereses privados.

Investigación fiscal y tipificación preliminar

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que la hipótesis fiscal preliminar considera los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias, figuras previstas en el Código Penal. Precisó que estas tipificaciones se adoptan como marco inicial y que el alcance definitivo de las responsabilidades se determinará conforme avancen las diligencias.

Debido a su condición de presidente en funciones, la investigación contra Jerí se tramita directamente en la Fiscalía de la Nación. En paralelo, el empresario Zhihua Yang, al no contar con antejuicio político, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, configurándose una doble vía procesal.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una vez agotadas las diligencias preliminares, la investigación podría quedar suspendida hasta la conclusión del mandato presidencial.

Cronología de las reuniones cuestionadas

Los registros oficiales y reportes periodísticos consignan al menos cinco encuentros entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Entre ellos figura una reunión nocturna en un chifa del distrito de San Borja, así como visitas reiteradas de Yang a Palacio de Gobierno acompañado de otros empresarios, algunos de ellos investigados por presuntos delitos ambientales.

Asimismo, se reportó una visita del presidente a un local comercial del empresario en el Cercado de Lima, que fue posteriormente clausurado por la municipalidad distrital. Ninguno de estos encuentros privados fue inicialmente consignado en la agenda oficial del mandatario.

Posturas y declaraciones de los actores involucrados

Horas después de conocerse la investigación, el presidente José Jerí remitió escritos tanto a la Fiscalía de la Nación como a la Comisión de Fiscalización del Congreso, manifestando su disposición a colaborar con las indagaciones y a brindar las explicaciones que se le requieran.

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el mandatario no habría incurrido en delito alguno y afirmó que fue “víctima de una trampa” derivada de su inexperiencia política. Estas declaraciones fueron desmentidas por el abogado del empresario Yang, Edwin de la Cruz Ponce, quien aseguró que la relación entre su patrocinado y el presidente es de carácter personal y negó la existencia de contratos con el Estado durante el actual gobierno.

Reacción política y correlación de fuerzas en el Congreso

En el ámbito parlamentario, diversas bancadas han anunciado o respaldado mociones de censura y vacancia. Legisladores de Bloque Democrático, Perú Libre, Juntos por el Perú–Voces del Pueblo, Bancada Socialista y congresistas no agrupados han iniciado la recolección de firmas.

De acuerdo con estimaciones preliminares, las iniciativas alcanzarían 52 de los 66 votos necesarios para censurar a la Mesa Directiva, aunque el resultado final dependerá de la posición de bancadas clave como Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular.

Este último grupo solicitó la convocatoria a un Pleno extraordinario para que el presidente Jerí exponga públicamente su versión de los hechos.

Implicaciones políticas e institucionales

La apertura de la investigación fiscal coincide con un escenario de alta fragilidad política, marcado por la proximidad del proceso electoral y la limitada estabilidad del Ejecutivo. Analistas advierten que la continuidad del presidente dependerá no solo del avance de las diligencias fiscales, sino también de la dinámica parlamentaria y de la capacidad del Gobierno para sostener apoyos mínimos.

Desde el punto de vista institucional, el caso reabre el debate sobre los mecanismos de control del poder, la transparencia en la gestión pública y los alcances del fuero presidencial.

Próximos pasos y escenarios

En el corto plazo, la Fiscalía continuará con la toma de declaraciones y el análisis documental. Paralelamente, la Comisión de Fiscalización ha programado sesiones extraordinarias y una eventual citación del presidente para que informe directamente al Parlamento.

Dos escenarios se perfilan: la continuidad del mandatario mientras se desarrollan las investigaciones preliminares, o una definición política anticipada si prosperan las mociones de censura o vacancia.

Panorama

La investigación preliminar contra el presidente José Jerí marca un nuevo punto de tensión en la vida política nacional. Mientras el Ministerio Público avanza en la verificación de presuntos delitos vinculados a reuniones no registradas, el Congreso evalúa las consecuencias políticas del caso. El desenlace dependerá del curso de las diligencias fiscales y de las decisiones que adopte el Parlamento en las próximas semanas.

El fallo que benefició al comercio mayorista se emitió tras la presencia del presidente encargado en el local del empresario chino Zhihua Yang, hoy bajo investigación fiscal.

La Fiscalía de la Nación y el Congreso han puesto bajo escrutinio una resolución del Indecopi que benefició a comercios mayoristas del Centro de Lima, emitida poco después de una visita no oficial del presidente encargado José Jerí al local Market Capón, propiedad del empresario chino Zhihua Yang. El caso plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés, el uso de canales informales de comunicación y la independencia de los organismos reguladores.

Antecedentes y contexto

En marzo de 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, declaró la intangibilidad del Centro Histórico mediante la Ordenanza N.° 2711. La norma restringió el comercio mayorista y el uso de almacenes en la zona, tras un incendio de gran magnitud que evidenció riesgos asociados al almacenamiento informal de mercadería.

La medida fue defendida por la municipalidad como una acción de seguridad pública y preservación patrimonial. Sin embargo, afectó directamente a establecimientos dedicados a la venta al por mayor, entre ellos Market Capón, ubicado en el jirón Paruro.

La secuencia de hechos

El 6 de enero de 2026, fiscalizadores municipales clausuraron Market Capón por incumplir la ordenanza vigente, al detectarse actividades de comercio mayorista y almacenamiento en pisos superiores. Horas después, cámaras del programa Cuarto Poder registraron la presencia del presidente encargado José Jerí en el local clausurado, acompañado por Zhihua Yang y directivos del establecimiento.

Durante esa visita, Jerí realizó una llamada telefónica desde el interior del local. Según fuentes citadas por medios de investigación, el destinatario habría sido un alto funcionario de Indecopi, extremo que no ha sido confirmado oficialmente.

Dos días más tarde, el 9 de enero, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi emitió una resolución que declaró ilegal la prohibición municipal al comercio mayorista en el Centro Histórico y ordenó su inaplicación general.

La resolución de Indecopi

El fallo sostuvo que la ordenanza municipal constituía una “barrera burocrática ilegal”, al restringir actividades económicas sin cumplir criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Indecopi señaló que la decisión se adoptó dentro del plazo legal de 120 días hábiles previsto en el Decreto Legislativo N.° 1256 y negó haber recibido presiones externas o solicitudes directas vinculadas al caso.

La municipalidad anunció que apelará la resolución en segunda instancia, argumentando que la medida respondía a riesgos comprobados para la seguridad ciudadana y el patrimonio histórico.

Posturas y declaraciones

Desde Indecopi, voceros institucionales indicaron que el procedimiento se tramitó conforme a ley y que la coincidencia temporal con la visita presidencial no implica relación causal. En tanto, Palacio de Gobierno no ha respondido públicamente a las consultas sobre la llamada realizada por Jerí ni sobre su presencia en el local clausurado.

Por su parte, el gerente de Market Capón evitó brindar explicaciones detalladas y, en declaraciones posteriores, negó vínculos cercanos con Zhihua Yang, pese a registros empresariales y testimonios previos.

Implicaciones políticas e institucionales

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos que enfrenta el presidente encargado por reuniones no consignadas en la agenda oficial con empresarios de origen chino. En el ámbito político, el caso ha reforzado pedidos de investigación por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias, figuras que evalúa la Fiscalía Anticorrupción.

En el plano institucional, el caso reabre el debate sobre la autonomía de los organismos reguladores y los límites de la intervención política en procedimientos administrativos con impacto económico significativo.

Próximos pasos

La resolución de Indecopi será revisada en segunda instancia, mientras el Congreso, a través de comisiones de fiscalización, evalúa citar a funcionarios del organismo regulador y a representantes del Ejecutivo. Paralelamente, la Fiscalía deberá determinar si la secuencia de hechos configura indicios suficientes para profundizar las investigaciones preliminares.

Panorama

La coincidencia temporal entre una visita presidencial no registrada, una llamada aún sin aclarar y una resolución administrativa de alto impacto ha colocado a Indecopi y al Ejecutivo en el centro de un nuevo foco de tensión política. El desenlace dependerá de las indagaciones fiscales y del control parlamentario, en un contexto marcado por la exigencia pública de transparencia y rendición de cuentas.