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Se necesita fortalecer la institucionalidad para promover la inversión

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“Si no establecemos un camino asfaltado y propicio que estimule inversión en el país, veremos postergados nuestros anhelos por crecer y desarrollarnos”, afirma Jaime Polar, de Summa Gold.

Jaime Polar Paredes, gerente general de Summa Gold Corporation, resaltó que tanto la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, estimaron que las inversiones mineras superarían los $5000 millones al cierre de 2024. “Se trata de una perspectiva optimista frente a la caída en inversiones experimentada en 2023, aunque no deja de ser reducida frente al valor total de los proyectos mineros en cartera, que asciende a los $54,556 millones”, indicó.

Asimismo, destacó que el gobierno promueva la ejecución de proyectos de exploración; sin embargo, considera que ha sido cauteloso respecto a la activación de proyectos de gran minería, los cuales demandan mayor cantidad de capital y moverían la aguja significativamente. “Para tener una idea de ello, los 75 proyectos de exploración minera que tiene el país en agenda suman un valor total de $644 millones en inversión. En tanto, proyectos como Tía María o Conga representarían por sí solos $1,400 millones y $4,800 millones de inversión respectivamente”, detalló.

Finalmente, sostuvo que para promover la inversión es necesario fortalecer la institucionalidad. “El ranking del Instituto Fraser nos coloca en el puesto 59 de 86 regiones analizadas. Entre las principales preocupaciones que advierten los encuestados, se encuentra la falta de institucionalidad. En muchos casos, ello ha propiciado hechos de violencia en contra de las empresas mineras y, como viene ocurriendo en el Norte peruano, la proliferación de bandas criminales que vienen ejerciendo la minería ilegal”, lamentó Polar.

Fuente: Gestión

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Titular de Produce anuncia que producción industrial cerraría el 2024 con un crecimiento de 3.5%

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El ministro de la Producción, Sergio González, indicó que al cierre de este año la producción industrial se recuperaría y registraría un crecimiento de 3.5%.

Indicó que este resultado sería impulsado por la industria primaria que crecerá 6.4% respecto del año anterior, favorecida por la buena temporada de la captura de anchoveta.

“Por su parte, la industria no primaria crecerá 2.5%, impulsada por mayores inversiones, lo que favorecerá la producción de alimentos, bebidas, químicos, cemento y madera”, aseveró.

El ministro Gonzáles detalló que después de catorce meses de encontrarse contraída la producción manufacturera, en abril último el sector ya experimentó un significativo incremento de 11.4%, impulsado por la industria pesquera, prendas de vestir, muebles, plásticos, maderas, entre otras, por lo que vislumbra una recuperación en marcha.

Impacto de la industria en el país

En la industria nacional existen 197 mil 307 empresas formales, de las cuales el 98.9% (195 123) son MYPE y el 1.1% restante (2184) pertenecen a la mediana y gran empresa.

A nivel de actividad industrial, el 60% de las empresas se dedican a la industria textil y confecciones (23.7%), metalmecánica (21.5%) y alimentos y bebidas (15.5%).

En tanto, a nivel geográfico, el 53.3% (105 124 empresas) se concentra en Lima, seguido de otras regiones como Arequipa (5.5%), La Libertad (4.5%), Cusco (3.7%) y el resto de las regiones por debajo del 3.5%. (2023)

En el sector manufactura exportan más de 7 mil 670 empresas formales, de las cuales el 64.1% (4,919) son MYPE (2,226 microempresas y 2,693 pequeña) y el 35.9% (2,751) son mediana y gran empresa.

En cuanto al empleo, el sector manufactura emplea a más de 1.6 millones de trabajadores, que representa el 9.2% del total de empleo ocupado generado a nivel nacional en 2023 (17.7 millones de trabajadores). Es el cuarto sector económico con mayor fuerza laboral.

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ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS –

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La controversia entre el Congreso de la República y el Poder Judicial sobre las competencias constitucionales revela tensiones profundas en el sistema político peruano. El conflicto se originó cuando el Congreso presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) tras una medida cautelar otorgada a favor de Aldo Vásquez e Inés Tello para su reposición en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este acto judicial fue interpretado por el Congreso como una intromisión en sus competencias exclusivas de llevar a cabo juicios políticos, lo que motivó la demanda.

El Poder Judicial, defendiendo sus fueros, ha argumentado que su intervención no socava las competencias del Congreso sino que garantiza el debido proceso en los juicios políticos. Según la constitucionalista Beatriz Ramírez, el Poder Judicial tiene la autoridad para revisar estos procesos, asegurando que no se vulneren derechos fundamentales. Esta posición subraya la necesidad de un equilibrio de poderes y de mecanismos de control y balance entre las diferentes ramas del Estado, esenciales para la salud democrática.

La disputa ha intensificado las miradas hacia el TC, cuya afinidad con el Parlamento ha sido cuestionada, especialmente después de que anuló la medida cautelar a favor de Vásquez y Tello. Esto plantea un escenario de contienda entre el TC y el Poder Judicial, con implicaciones significativas para la separación de poderes. Además, el proceso competencial mismo ha sido cuestionado, ya que el Poder Judicial sostiene que el camino adecuado para impugnar una resolución judicial es a través de la apelación, no de una demanda competencial.

Finalmente, mientras el TC decide sobre la demanda competencial, la Primera Sala Constitucional debe resolver el fondo del amparo presentado por Vásquez y Tello. Este caso no solo examina la inhabilitación y separación de los miembros de la JNJ, sino que también podría establecer precedentes sobre la independencia judicial y el alcance de los controles constitucionales sobre los actos parlamentarios. La resolución de este conflicto será crucial para delinear las fronteras de la autoridad entre las instituciones del Estado peruano.

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