El IPE, a través de un estudio del Banco Mundial, revela que el 45 % de los proyectos no se terminó, lo que comprometió más de S/200,000 millones y expone graves fallas de gestión del gasto público.

Casi la mitad (45 %) de los proyectos de inversión pública iniciados en el Perú entre 2012 y 2023 quedó abandonada. Así lo revela un estudio del Banco Mundial, citado por Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE). De 132,000 proyectos iniciados en ese periodo, más de 62,000 no se concluyeron, ejecutaron menos del 90 % de su presupuesto y no registraron desembolsos durante al menos 18 meses. El gasto ya realizado equivale a casi la mitad del presupuesto anual de inversión pública y, si se considera el monto total previsto, supera los S/200,000 millones.

La magnitud del despilfarro es crítica. “¡Estas cifras son espantosas!”, sostiene Palomino, al precisar que no se trata de simples sobrecostos o errores de diseño, sino de obras que nunca llegaron a funcionar. Caminos, colegios, postas médicas y sistemas de agua potable quedaron inconclusos pese a haber consumido recursos públicos durante más de una década, sin generar beneficios reales para la población.

El problema, además, se agrava con el tiempo. El Banco Mundial estima que desde 2012 el número de proyectos abandonados se duplica cada tres años, lo que implica que cada año un mayor número de ciudadanos ve frustradas obras esperadas. Esta situación es especialmente preocupante si se considera que la inversión pública peruana representa el 5 % del PBI, un nivel 50 % mayor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero con una calidad que, según el informe, “se encuentra 40 % debajo de sus posibilidades”.

El estudio identifica fallas estructurales en la planificación y supervisión del gasto. Cerca de dos tercios de la inversión está a cargo de gobiernos regionales y locales, bajo un esquema que —según el Banco Mundial— “abolió cualquier forma de supervisión independiente”. Además, el 80 % de los nuevos proyectos no pasó por procesos formales de evaluación ni por el presupuesto aprobado por el Congreso, al incorporarse mediante el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Para el presidente del IPE, esta opacidad explica el problema de fondo: “porque así es más fácil de robar”.

Fuente: La República

Más de S/ 1,200 millones destinados a proyectos de inversión fueron devueltos o reprogramados por gobiernos regionales, una práctica que busca aparentar eficiencia administrativa ante la opinión pública.

Durante el cierre del año fiscal 2025, trece de los 25 gobiernos regionales del país optaron por reducir sus presupuestos institucionales para proyectos de inversión, sumando una devolución total de más de S/ 1,200 millones. El caso más crítico fue el de La Libertad, que redujo su partida en S/ 370 millones para elevar artificialmente su indicador de ejecución del 86.5% al 96.3% en apenas 24 horas. Mientras que gestiones como la de Junín lograron el 100% de ejecución real por tercer año consecutivo, la mayoría de gobernadores recurrió a la reprogramación para evitar mostrar saldos sin gastar, lo que afecta directamente el cierre de brechas sociales y la continuidad de las obras públicas.

Especialistas en gestión pública advierten que este movimiento contable desvirtúa la finalidad de la inversión regional y evidencia una falta de madurez en los proyectos técnicos. César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), explicó que estas variaciones presupuestarias no deben verse como un logro de gestión, sino como una señal de inestabilidad en la planificación de las obras. Al respecto, García señaló que “la variación del presupuesto institucional modificado (PIM) es una señal de estabilidad, pero también de inestabilidad si los presupuestos se mueven mucho. Hay proyectos que no estaban listos y generalmente se paran o se retrasan. El tema no es gastar por gastar, sino que el gasto sea de calidad; de nada sirve invertir en proyectos enanos si no van a tener un impacto fuerte en el dinamismo regional”.

Pese al panorama de recortes en diversas zonas, algunas regiones justificaron sus movimientos presupuestales como una estrategia de especialización técnica. En Áncash, por ejemplo, los recursos fueron transferidos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para ejecutar proyectos de gran envergadura bajo la modalidad de vía rápida. El gobernador Koki Noriega defendió esta postura indicando que la reasignación permite que entidades con mayor capacidad técnica se encarguen de obras complejas como hospitales de nivel III. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene bajo observación estas prácticas, considerando que la reducción de partidas para inversión pública suele ser una salida sencilla pero nociva para cubrir incrementos en el gasto corriente.

Fuente: El Comercio