El origen de la reforma universitaria actual, aprobada el 2014 a través de ley Nº30220, no tuvo como protagonistas a los universitarios (estudiantes, docentes y trabajadores).  Fue una acción exógena a los claustros, como expresión de una crítica a la mala calidad de la enseñanza y a la proliferación del mercantilismo por la creación de numerosas universidades bamba. Los movimientos de estudiantes y docentes, más fuertes, años después de promulgada la ley, se dieron cuando para determinados sectores, les fue útil la ley, para derrocar a diversas camarillas que se habían enquistado, tal como ocurrió con el ex rector, Pedro Cotillo, de San Marcos. Pero, nada más.

En eso radica la diferencia sustancial con la “Reforma Universitaria de Córdova” que ocurrió a inicios del siglo pasado. Esta última, tuvo a la base un potente movimiento estudiantil que recorrió varios países de América Latina. Fruto de ese movimiento endógeno en el claustro, es que surgió la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y diversas federaciones en varias regiones, apoyadas por las elites de su tiempo y que dio origen a diversos liderazgos como el de Víctor Raúl Haya de la Torre. La crítica central de esa reforma tuvo un propósito democratizador, frente una enseñanza obsoleta y feudal. En gran medida esa reforma fue funcional a la naciente clase media de ese tiempo y a las capas modernizantes del naciente desarrollo capitalista.

Por algo debe ser que la aplicación de la actual ley universitaria, coincida con la extinción de diversos sujetos sociales que habitaron por cerca de un siglo en los claustros y que tuvieron como paradigma la Reforma de Córdova y sus diversas deformaciones, como ocurrió con la utilización de la autonomía para cobijar a mafias, el uso del bachillerato automático que despreciaba la investigación   y diversas manifestaciones de mediocridad, sobre todo con decenas de universidades privadas de medio pelo, que utilizaron el Decreto Legislativo Nº882, emitido en el gobierno de Fujimori para expandirse.  Ocurre que, en cierto sentido, el enfoque de la actual ley y la existencia de la SUNEDU es opuesto a esas deformaciones de la reforma de Córdova, así como por la mala utilización de la autonomía, como si fueran autarquías sin control.

La reforma universitaria actual tiene parentesco con la reforma del transporte. No tienen a la base sujetos sociales movilizados para respaldarla. El respaldo se sustenta en la opinión pública. Son minorías y elites modernizantes que apoyan estas necesarias leyes, con un amplio apoyo de la opinión pública, pero se hacen en un entorno social donde predomina el mercantilismo social, la ganancia fácil y la cultura chicha.  Es sintomático que San Marcos, cuyos estudiantes y docentes lideraron la Reforma de Córdova, aparezcan ahora a la cola, aliados con los actores que promueven la contra reforma y con una rectora que muestra un talante mediocre, mirándose al ombligo, pensando en los intereses más inmediatistas a nivel económico o en demandas de los docentes, sin una mirada totalizante de los retos de la universidad en esta época. El diario UNO de clara tendencia izquierdista, el viernes último, también se suma a esta campaña contra la reforma, con el titular, “El Congreso debe restablecer la autonomía universitaria”

Las universidades públicas que fueron la cuna del crecimiento del liderazgo en el APRA, entre los años 20 y 60 del siglo pasado, son testigos de la orfandad de esa corriente política en extinción. Una cosa similar ocurre en las izquierdas, cuya mayoría de docentes vegetan en las diversas facultades y con la clara responsabilidad en la extinción de la FEP, en manos del grupo Patria Roja. Por cierto, siempre hay valiosas excepciones, pero es evidente que el no licenciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), Pedro Ruiz Gallo en el norte y la Cantuta (que con las justas logro el licenciamiento) es responsabilidad de los docentes de clara filiación de izquierda, aunque ahora no lo quieran reconocer.

El concepto y practica de autonomía universitaria fue históricamente valida cuando en el Perú habían 8 o 9 universidades a inicios del siglo pasado, en una época del predominio de la catedra hereditaria, de la enseñanza escolástica, donde no existía libertad de catedra y libertad de enseñanza. Eran tiempos donde no existía democracia en los claustros, donde los rectores eran elegidos con procedimientos antidemocráticos y sin participación de los estudiantes. Pero, en esta época, cuando, antes de la creación de SUNEDU existían 143 universidades, se hacía necesario, además de la autonomía universitaria, un ente regulador y supervisor, ajeno a los intereses de los rectores, pero respondiendo a la demanda de la sociedad y a los padres de familia por universidades de mejor calidad. Se requería de un enfoque sistémico nacional, entre otras cosas para que la universidad recupere su carácter funcional a la demanda de las profesiones, investigación y desarrollo tecnológico, que nuestro mercado requiere, en tiempos en que estamos ingresando a la cuarta revolución industrial.

En los países más avanzados, se requiere de autonomía universitaria, no cabe duda, pero esa figura adquiere menor sentido por la creación de universidades en red, universidades en línea, con apremios de internacionalización y por estandarizar sus planes de estudios, para que sus egresados puedan validar sus títulos en cualquier universidad del extranjero. El artículo 4 de la actual ley universitaria actual, señala que las universidades pueden crear redes interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fi n de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado. Universidades públicas como San Marcos, UNI o la Agraria en Lima, bien podría desarrollar un plan de desarrollo para tener sedes en las diversas “limas” de la capital, anclándose en las tendencias de una ciudad policéntrica, ahí donde las universidades privadas si han puesto numerosas sedes, pero la rectora de San Marcos, quiere permanecer en su burbuja autonómica, sin mirar más allá de sus narices. Esa autoridad en base a ese plan institucional podría demandar recursos al estado para ayudar al desarrollo industrial, ambiental y urbano de Lima e incluso de otras regiones del Perú, pero sus autoridades actúan con los viejos parámetros de un sistema feudal y autárquico.

Al momento de escribir este artículo, el Congreso, aún no había tomado una decisión sobre dos dictámenes de proyectos de ley, de clara intención de contra reforma, para volver a la nefasta época de la Asamblea Nacional de Rectores y dar un plazo a las universidades bamba, para que puedan volver a funcionar en lo inmediato y convocar exámenes de admisión. Sin embargo, lo que llama la atención, es el casi nulo pronunciamiento de las organizaciones estudiantiles y de docentes, más allá del pronunciamiento de una buena cantidad de universidades públicas y privadas que si han salido en defensa de la SUNEDU. Salvo el Partido Morado y sus juventudes que muestran un activo apoyo a la reforma universitaria, las derechas e izquierdas, toleran ese propósito de contra reforma, salvo algunas tibias o confusas declaraciones. Una coalición del partido izquierdista Perú Libre, sectores de derecha, ultraderecha y centro como Renovación Popular, Fuerza Popular, una mayoría de Acción Popular, Podemos y APP, respaldan ese propósito de contra reforma.

Esa grosera iniciativa ni siquiera se presentaría, si en los claustros universitarios existiera un movimiento estudiantil y docente vigilante a favor de la reforma. Pero eso movimiento lamentablemente no existe. No hay sujetos activos de respaldo a la SUNEDU y sus evidentes logros

Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista