El costo del crimen exige que el actual y próximo gobierno prioricen la lucha contra economías criminales, refuercen la institucionalidad y resguarden la estabilidad macroeconómica.

El avance de la criminalidad en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con un 76 % de la población señalando a la extorsión como el principal peligro nacional. Este fenómeno, que ya afecta a una cuarta parte de los adultos en el país, ha impactado severamente la estabilidad económica, generando pérdidas equivalentes al 2.8 % del PBI nacional, según datos del BCR.

La situación es especialmente crítica para los pequeños negocios y bodegas, que enfrentan cierres y pérdidas millonarias diarias, mientras el crimen se expande desde la capital hacia regiones del centro y sur, así como a zonas rurales. A pesar de este escenario, se ha registrado una caída del 18 % en el presupuesto real del Ministerio del Interior entre 2019 y 2025. Al respecto, el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) destaca que «este abandono del Estado limita la modernización de la infraestructura policial y la adquisición de equipamiento necesario para enfrentar el crimen».

A la falta de recursos se suma una crisis de personal, con una tasa de 155 policías por cada 100.000 habitantes, cifra que se ubica por debajo de las recomendaciones internacionales. Esta debilidad institucional es aprovechada por organizaciones que han integrado delitos como el sicariato, el tráfico de armas y la minería ilegal en estructuras cada vez más sofisticadas. Sobre esta evolución, el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, señaló que «estas cifras confirman que el crimen en el Perú ha evolucionado hacia formas más complejas, articuladas y con mayor capacidad de expansión». En este escenario, según Daniel Velandia, economista y director de Research, el próximo gobierno deberá asumir con mayor decisión el reto de recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y articular una estrategia integral contra el crimen. “La voluntad política será determinante”, afirmó.

Fuentes: Infobae, Gestión,  IPE, Swissinfo 

El complejo inmobiliario y comercial se ubicará en la explanta Teva y proyecta formalizar 10,000 puestos comerciales para el cierre del año.

La corporación peruana Grupo Eco Plaza inició su primer proyecto de desarrollo del 2026 en el Óvalo de Santa Anita, ocupando el terreno de la antigua planta farmacéutica Teva Perú. Con una inversión de US$ 20 millones, esta propuesta de uso mixto integrará vivienda y comercio en una de las zonas de mayor movimiento logístico de Lima Este. Este desarrollo forma parte de un plan de inversión anual más amplio de la compañía, que asciende a US$ 150 millones para la ejecución de 12 nuevos proyectos en el territorio nacional, buscando acercar la oferta inmobiliaria a las zonas de alta actividad económica.

El impacto del proyecto se medirá tanto en la generación de empleo como en la formalización del sector minorista. Durante la fase de construcción se crearán cientos de puestos de trabajo, y una vez en funcionamiento, el complejo contribuirá a la meta corporativa de formalizar 10,000 comerciantes. El Grupo Eco Plaza, que cuenta con más de una década en el mercado, respalda este crecimiento mediante alianzas con fondos de inversión internacionales y entidades financieras, consolidando su transición de negocio familiar a holding corporativo con miras a expandirse hacia otros mercados de América Latina.

La propuesta busca brindar soluciones innovadoras para emprendedores peruanos, ofreciendo espacios urbanos que combinan la vida residencial con oportunidades de negocio. Al ubicarse en la intersección de las avenidas La Molina y Nicolás Ayllón, el proyecto aprovecha el flujo estratégico de Santa Anita y Ate para impulsar la formalización del comercio minorista. Con este inicio de obras, Eco Plaza reafirma su objetivo de liderar el desarrollo inmobiliario comercial en Lima y provincias, integrando áreas de construcción, finanzas y tecnología en su modelo de negocio.

Fuente: La República