Por: Antero Flores- Araoz

La actividad de la prensa es una de las más importantes en cualquier sociedad, comunidad o país, no solamente porque tiene informada a la población sobre el quehacer local, nacional o global, sino porque contribuye a la formación de los ciudadanos,  fomentando el debate sobre diversidad de tópicos y problemática y, llegar a conclusiones que pueden ayudar a trazar los destinos de cada conglomerado social.

En diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos y en nuestra Constitución, para garantizar las funciones de la prensa libre, se le reconoce el derecho a la libertad de expresión y de opinión, como también se le reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos. Cuando a través de la prensa o sin su intermedio se afecta al honor, buen nombre o reputación de las personas, los agraviados pueden recurrir a los tribunales con las correspondientes denuncias vía querellas, como son las de calumnia, difamación e injuria.

Cuando sin razón valedera, se denuncia a la prensa por violación del derecho al honor, buen nombre y reputación de las personas, en la práctica lo que se quiere es acallarla, que no siga informando ni investigando, que deje de inquirir e interrogar, ya que si prosigue en ésa línea informativa/investigatoria puede llegar a la verdad y por ello, quienes ejercen el poder o pretenden ejercerlo, podrán terminar perdiendo su libertad al ser autores de actos u omisiones tipificadas como delitos.

Como puede observarse, el objetivo de denunciar indebidamente a la prensa, por calificarlo con benevolencia, es vil y en buena medida intimidatorio, pues por más que la denuncia sea clarísimamente indebida, la sola presentación causa molestias a cualquier ciudadano, al tener que asistir a diligencias interminables, buscar y contratar abogados, preparar defensa, hacer gastos no previstos y encima, aparecer en otros medios de información, que no guardan ni respetan niveles éticos, como sujetos de denuncia por perpetración de delito.

En momentos en que se ha estado informando y discutiendo sobre las anomalías evidenciadas en el último proceso electoral general, se ha presentado denuncia en vía administrativa ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para sacar del aire a un medio de expresión televisivo, que se dice que “nadie ve”, pero que hay elementos para aseverar que es el que más ven, quienes quieren saber la realidad y no contentarse con prensa cortesana al poder.

La denuncia fue presentada por el hoy proclamado presidente de la República, cuando aún no lo era, pero esta intimidación es de suyo más grave, pues quien nombrar al titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones es nada menos que quien será el habitante del Palacio de Pizarro. Juez y parte.

Si adicionalmente se denuncia ante el Ministerio Público a funcionarios del medio televisivo y a periodistas del mismo canal, la cosa es muchísimo más grave, la que podría calificarse como acoso intimidatorio para que cierren la boca.

Pero hay más, se pretende paralizar los dichos y denuncias de connotados miembros (r) de nuestras Fuerzas Armadas que siendo ya parlamentarios tienen muchísimo más derecho a expresarse y sus dichos no contienen ni pizca de incitación a la sedición, contra la cual han luchado toda su vida.