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acusado de abuso sexual, reaparece en Vaticano
La figura del cardenal peruano Juan Luis Cipriani vuelve al centro del escándalo eclesiástico. Esta vez, no por sus férreas posturas conservadoras ni por su controvertida cercanía al Opus Dei, sino por aparecer, vestido con sotana y solideo rojo, frente al féretro del papa Francisco, el mismo pontífice que en 2019 lo sancionó, lo exilió del Perú y le prohibió ejercer públicamente como cardenal.
Las imágenes difundidas desde el Vaticano han causado indignación entre víctimas de abuso clerical, activistas y sectores progresistas de la Iglesia católica. Cipriani —quien fue arzobispo de Lima durante dos décadas y llegó a ser el hombre más poderoso de la Iglesia en Perú— está acusado de haber abusado sexualmente de un adolescente a comienzos de los años 80, cuando el joven tenía entre 16 y 17 años. Él niega los cargos. Su presunta víctima, hoy de 58 años, escribió directamente al papa Francisco en 2018 para denunciarlo.
El papa argentino reaccionó ante la denuncia. En 2019, le ordenó a Cipriani dejar el país, guardar silencio, no portar los símbolos cardenalicios y mantenerse alejado del cónclave. Aunque con 81 años ya no tiene derecho a voto, su sola presencia en las reuniones previas a la elección del nuevo papa —como ha sido reportado— resulta, para muchos, un desafío abierto a la autoridad del fallecido pontífice.

«El hecho de que Cipriani haya sido visto con traje de cardenal en actos oficiales, a pesar de las sanciones, es una afrenta”, afirmó Gareth Gore, experto en el Opus Dei, en declaraciones a la agencia AFP. Para Gore, esto demuestra la fuerza persistente del ala ultraconservadora de la Iglesia, que busca reposicionarse en medio del proceso de sucesión papal.
Organizaciones de víctimas de abusos de parte de sacerdotes también han alzado la voz. “Cipriani y los cardenales que lo permiten revictimizan a la persona denunciante. Es imperdonable”, señaló la Red de Sobrevivientes de Perú. «Su presencia es un mensaje preocupante que daña la confianza en el proceso de elección del próximo papa”.

El Vaticano, por su parte, ha evitado responder preguntas sobre la participación de Cipriani en estos días clave. En una carta abierta, el cardenal asegura que en 2020 recibió autorización del propio Francisco para «reanudar sus tareas pastorales», aunque no menciona la reversión de las restricciones simbólicas.
Para Anne Barrett Doyle, codirectora de la ONG Bishop Accountability, que documenta abusos sexuales en la Iglesia, este episodio revela «una desconexión brutal entre las palabras y las acciones del Vaticano en la lucha contra los abusos”.
Durante las reuniones previas al cónclave, los cardenales han situado el tema de los abusos como uno de los principales desafíos para el próximo pontífice. «La tolerancia cero es un eslogan vacío mientras no esté consagrada en el derecho canónico”, opinó Matthias Katsch, sobreviviente alemán y activista por la transparencia en la Iglesia.

Cipriani no está solo en la controversia. El caso recuerda al del cardenal italiano Angelo Becciu, implicado en un escándalo financiero y también sancionado por Francisco. Ambos casos evidencian que el combate a los abusos y a la corrupción interna sigue siendo un reto pendiente para el Vaticano.
En el Perú, la figura de Cipriani divide profundamente a los fieles. Fue el primer cardenal del Opus Dei, cercano a las élites políticas y económicas, y símbolo del sector más conservador del catolicismo local. Hoy, su legado queda ensombrecido por una acusación que, aunque no ha llegado a los tribunales, ha tenido consecuencias eclesiásticas de gran alcance.
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Vendedora de golosinas es asesinada en los alrededores de Plaza Norte –
De un disparo frente a su hermana fue asesinada una vendedora de golosinas, identificada como Alondra Aquino Huanca (22), en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del ingreso vehicular del Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito limeño de Independencia.
Según información policial, alrededor de las 4 y 50 de la mañana, la vendedora de golosinas se encontraba en su puesto atendiendo a los viajeros que llegan a dicho punto para realizar el conocido «Full Day».
La joven continuaba con sus ventas cuando un delincuente abordo de una motocicleta, vestido con una polera blanca y pantalón gris oscuro, hizo disparos contra la víctima.
El delincuente cruzó la avenida Panamericana Norte y subió una motocicleta con destino al centro de la capital.
De acuerdo con el acta policial, la hermana de la víctima descartó un caso de feminicidio, ya que no tenía pareja; además, según su declaración, al momento del disparo ella «observó a dos sujetos que trabajan como choferes de colectiveros informales, quienes se dieron a la fuga».
La policía presume que los autores del hecho serían colectiveros informales que realizan servicios en el lugar» y sería de una empresa que era la competencia en donde «trabajaba la víctima», señalando a dos personas «de nacionalidad venezolana» como presuntos responsables del hecho.
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Condenan a chofer informal por agredir a un fiscalizador de la ATU en San Borja –
El Poder Judicial impuso la medida por el delito de violencia contra la autoridad y fijó un monto de reparación civil a favor del trabajador afectado.
El Poder Judicial condenó este sábado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida a un chofer informal que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en San Borja. Además, el fallo judicial ordena al sentenciado pagar una reparación civil económica tanto a la institución como al colaborador afectado.
El ataque se registró el pasado 27 de mayo en la Vía Expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura. En ese punto, el inspector intervino un vehículo informal de placa BLZ-207, desatando la violenta reacción del conductor, quien lo agredió físicamente.
Ante la agresión, un agente de la Policía Nacional (PNP) que resguardaba el operativo intervino de inmediato, detuvo al sujeto y lo trasladó a la comisaría del sector. Posteriormente, la Fiscalía lo procesó por el delito de violencia contra la autoridad para la administración pública.
Apenas 48 horas después del incidente, se instaló la audiencia donde el acusado admitió su culpabilidad y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo que aceleró la emisión de la sentencia.
A través de un comunicado, la ATU destacó que este fallo marca un precedente clave contra las agresiones que padece su personal en la lucha contra el transporte informal. Finalmente, la entidad ratificó su compromiso de mantener los operativos en Lima y Callao, junto a la PNP, para asegurar un servicio público formal y seguro.
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