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Política

APP en la mira por incluir candidatos con sentencias penales y César Acuña responde: «Recién me entero»

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La inclusión de catorce candidatos con sentencias penales en la lista electoral de Alianza para el Progreso (APP) ha generado una fuerte controversia política a pocos meses de las Elecciones Generales de 2026. El líder y candidato presidencial del partido, César Acuña, se vio obligado a pronunciarse y aseguró que solicitará explicaciones a la dirigencia, reconociendo que existieron deficiencias en el proceso de selección de postulantes, pese a la anunciada existencia de una comisión evaluadora.

Durante una actividad proselitista realizada en el distrito de Jesús María, el fundador de APP sostuvo que su organización busca “limpiar la imagen del Congreso” y promover cuadros probos que fortalezcan la institucionalidad democrática. “Tenemos que tener congresistas que tengan la vocación de demostrar al país que se debe respetar la institucionalidad”, declaró. Sin embargo, sus palabras contrastaron con la información revelada sobre la presencia de candidatos con antecedentes judiciales en sus propias filas.

Al ser consultado por este aparente doble discurso, Acuña afirmó que desconocía la situación. “Yo me acabo de enterar ahorita, tengo que evaluar y que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes”, manifestó. Sus declaraciones no lograron calmar las críticas, pues para muchos analistas la responsabilidad política recae directamente en la cúpula partidaria.

El caso de APP, no obstante, no es aislado. Según una investigación difundida por Panamericana, más de 250 candidatos al Congreso de la República presentan sentencias condenatorias por delitos que van desde corrupción política hasta hurto agravado, peculado, estafa genérica, violencia familiar y falsedad ideológica. Estas cifras han encendido las alarmas sobre la calidad de la oferta electoral de cara al 2026.

Entre las agrupaciones con mayor número de postulantes sentenciados figuran Podemos (18 candidatos), Fuerza Popular (15), Perú Libre (15) y Alianza para el Progreso (13). Les siguen el Partido Aprista, el Partido Democrático Federal y Perú Primero con 12 cada uno, además de Somos Perú, Obras y el Frente de la Esperanza con 11. Otras organizaciones, como Perú Moderno, Progresemos y Juntos por el Perú, registran al menos 10 candidatos en similar situación.

La revisión de antecedentes se ha vuelto una tarea especialmente compleja debido al alto número de postulantes: solo este año, cerca de diez mil personas integran listas a nivel nacional. Esta magnitud dificulta un control exhaustivo tanto para los partidos políticos como para los organismos de fiscalización electoral, lo que abre espacios para omisiones y fallas en los filtros internos.

Especialistas analizan el tema

Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, la responsabilidad principal recae en las propias organizaciones políticas. “Los partidos son los primeros responsables de ofrecernos un menú ya revisado. Eso es importantísimo. Y luego los electores tenemos otra responsabilidad: volver a mirar”, señaló. En su opinión, la crisis de representación no solo se explica por vacíos legales, sino por la falta de compromiso ético de los partidos.

Desde el ámbito jurídico, el especialista en derecho electoral José Tello recordó que la fiscalización de antecedentes corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los jurados electorales especiales, aunque reconoció que el sistema no es infalible. “Va a haber casos en los cuales personas con impedimentos han postulado y no han sido tachadas”, advirtió.

La legislación electoral vigente permite postular a quienes ya cumplieron condena por delitos comunes, aunque establece restricciones más severas para ciertos casos de corrupción. Sin embargo, el volumen de candidaturas y la limitada capacidad de verificación facilitan que personas con antecedentes judiciales logren incorporarse a las listas partidarias.

De cara a las Elecciones 2026, la polémica reabre el debate sobre la urgente necesidad de reformar los mecanismos de selección y fiscalización de candidatos. Más allá de las explicaciones de César Acuña y otros líderes políticos, la ciudadanía enfrenta el desafío de ejercer un voto informado en un escenario donde la transparencia y la idoneidad de los postulantes siguen siendo temas pendientes en la agenda democrática del país.



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Política

Perú Federal arranca campaña a ritmo de Massé

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El partido Democrático Federal inauguró su local de campaña y presentó su propuesta país

En un ambiente entusiasta, el Partido Democrático Perú Federal inauguró su local de campaña en la Plaza Bolognesi, en Breña, en un acto encabezado por el candidato presidencial Armando Massé, acompañado de su plancha Virgilio Acuña y Lydia Díaz, donde se presentaron los principales ejes de la propuesta política del partido y su compromiso con el orden democrático, la lucha contra la corrupción y un Perú con dignidad y oportunidades.

Durante su discurso, Massé remarcó las profundas contradicciones estructurales del Perú, un país rico en recursos naturales y biodiversidad, pero con altos niveles de desigualdad, pobreza, desnutrición infantil y abandono estatal. En un mensaje cargado de contenido social y político, el candidato expresó:

“El Perú es mi paciente, pero yo soy un impaciente. No me resigno a ver niños con anemia en el primer productor mundial de anchovetas, ni ancianos haciendo interminables colas por una atención médica paupérrima, cuando somos potencia minera y biodiversa”, señaló.

El candidato recordó además su experiencia durante la pandemia del COVID-19, denunciando la precariedad del sistema de salud y la falta de conducción del Estado en momentos críticos, a pesar de la riqueza del país. Asimismo, cuestionó el centralismo histórico que —según indicó— ha marginado a las regiones y obligado a miles de peruanos a migrar a Lima en busca de oportunidades.

“Tenemos un país rico, pero un Estado pobre. Regiones con potencial inmenso tratadas como periferia durante más de 200 años. No es falta de recursos, es falta de conducción. No es aceptable que el futuro del país se vea forzado a emigrar o a desempeñarse en condiciones de subempleo en el extranjero por falta de oportunidades en su propia patria”, señaló.

La inauguración incluyó diversos actos simbólicos, entre ellos la bendición del local a cargo del padre Luis Bazalar, el corte de cinta inaugural y la develación de la placa institucional, así como presentaciones musicales de los artistas Homero y Julio Andrade, que acompañaron el carácter festivo de la jornada. En el cierre del evento, el candidato reafirmó la identidad y los principios de Perú Federal al señalar: “No queremos el poder para mandar, queremos el poder para ordenar el país. No venimos a dividir al Perú, venimos a reconciliarlo consigo mismo. El cambio que proponemos no es un salto al vacío, es un paso firme hacia adelante, concluyó.

Con esta inauguración, el Partido Democrático Perú Federal inicia formalmente una etapa de acercamiento territorial y político, presentándose como una alternativa que apuesta por el orden democrático, la soberanía popular, el respeto a la Constitución y los derechos humanos entendidos desde la dignidad y no desde la imposición ideológica.





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Acepto el jalón de orejas

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En un inusual gesto de autocrítica pública, el presidente de la República, José Jerí Oré, reconoció errores en la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que hoy golpea con mayor fuerza a la población peruana. El pronunciamiento se produjo durante una reunión con dirigentes de diversos gremios de transportistas, quienes vienen denunciando un alarmante incremento de las extorsiones, amenazas y ataques armados contra conductores y empresas del sector.

El encuentro tuvo lugar en el local de la empresa Santa Catalina S.A. (Etsaca), en el distrito de San Juan de Lurigancho, una de las zonas más afectadas por la criminalidad. A la cita asistieron también el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; así como representantes del gremio de transporte, entre ellos Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.

Durante su intervención, el jefe de Estado fue directo al admitir que el Ejecutivo no actuó con la firmeza necesaria en momentos clave de la lucha contra la delincuencia, especialmente en lo referido a los cambios y rotaciones dentro de las fuerzas operativas.

“Acepto el jalón de orejas que nos han dado el día de hoy porque hay que admitir también cuando una autoridad comete un error o se confía. En un momento de crisis, con altos índices de delincuencia violenta, no debimos habernos descuidado en el tema de los cambios y la rotación”, expresó Jerí ante los representantes del sector.

Según explicó, esos periodos de transición fueron aprovechados por las organizaciones criminales para reforzar su presencia y escalar sus acciones violentas. “En una guerra no podemos flaquear ni un solo día. Le dejamos espacio a los delincuentes y hacen lo que están haciendo en los últimos días: generar pánico, caos y atentar contra la vida de personas que se ganan honestamente la vida”, remarcó.

Las palabras del mandatario llegan en un contexto crítico, marcado por el incremento sostenido de las denuncias por extorsión, sicariato y atentados contra unidades de transporte público. En las últimas semanas, varios conductores han sido asesinados o heridos en ataques vinculados a mafias que exigen pagos ilegales para permitirles operar, una situación que ha desatado protestas y paralizaciones parciales en distintas ciudades del país.

José Jerí también puso énfasis en otro punto neurálgico: la falta de articulación entre las principales instituciones del sistema de justicia. El presidente reconoció que existen serias deficiencias en la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que debilita la efectividad de la lucha contra el crimen organizado.

“Tenemos que mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y con el Poder Judicial. De nada sirve un buen resultado policial si todavía hay falencias de coordinación y de aplicación normativa”, señaló. A su juicio, mientras no se corrijan estas brechas, muchos operativos exitosos seguirán diluyéndose en procesos judiciales lentos o ineficaces.

El mandatario recordó, además, que la inseguridad ciudadana es un problema multicausal, que no puede ser abordado únicamente desde la represión policial. Factores como la informalidad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, el hacinamiento carcelario y la debilidad institucional también contribuyen a la expansión del crimen.

Desde los gremios de transportistas, la respuesta fue clara: demandaron acciones concretas e inmediatas. Los dirigentes exigieron mayor presencia policial en las rutas más peligrosas, inteligencia operativa para desarticular bandas de extorsionadores y un marco legal más severo contra quienes atentan contra la vida y el trabajo de miles de peruanos.

El mea culpa del presidente José Jerí marca un punto de inflexión en el discurso oficial frente a la inseguridad. No obstante, para la ciudadanía y los sectores más afectados, el desafío no está en las palabras, sino en los resultados. La población espera que este reconocimiento de errores se traduzca en una estrategia renovada, con liderazgo político, coordinación interinstitucional efectiva y una respuesta firme del Estado frente a la delincuencia que hoy mantiene en vilo a gran parte del país.



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