Expertos advierten que la infiltración de economías ilegales y las campañas de desprestigio buscan distorsionar el debate electoral y debilitar la lucha contra el crimen organizado.
El periodista Gustavo Gorriti alertó que la recta final de la campaña electoral 2026 estará marcada por una ofensiva de recursos no declarados y ataques sistemáticos contra candidatos e instituciones. “Va a haber muchísima campaña negra, porque va a haber muchísima mentira, muchísimo dinero que se va a invertir […] a todo tipo de acciones. Por eso digo, van a ser tres meses muy intensos, muy difíciles, harto peligrosos”, advirtió. Según explicó, este escenario no es casual, sino parte de una estrategia para influir en decisiones clave del sistema de justicia y del próximo equilibrio de poderes.
La preocupación central es que el financiamiento proveniente de economías ilegales —como la minería ilegal o el narcotráfico— no solo distorsiona el proceso democrático, sino que busca asegurar la permanencia de un marco legal que dificulta la lucha contra el crimen. Actualmente, solo una minoría de candidatos propone derogar las leyes que limitan mecanismos como la colaboración eficaz o la extinción de dominio. Al respecto, el abogado César Cárdenas Lizarbe resaltó que el control de los flujos de dinero es vital para desarticular a las mafias: “En la lucha contra la delincuencia moderna, no solo se persiguen personas. Puedo tener inteligencia y capturar a los líderes, pero el crimen organizado actúa sobre la base de flujos financieros. En la medida que el dinero siga vigente, la actividad criminal no desaparece”.
Ante este panorama, el riesgo es que el debate electoral sea sustituido por estrategias de desinformación que favorezcan a actores con mayores recursos ilícitos. Gorriti enfatizó que el resultado definirá la capacidad del país para recuperar la independencia de poderes. “Si la mafia llega a perder, entonces va a depender en gran medida del talento, el carácter de quienes asuman el poder, para ver cómo se logra […] retrotraer todas las leyes procrimen, todas las leyes que han hecho básicamente una burla de la independencia de poderes”, señaló. En este contexto, la vigilancia del financiamiento partidario y el acceso a información veraz se vuelven claves para garantizar un voto libre, informado y democrático en 2026.
Fuentes: La República, Ojo Público