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Conocen normas que regulan gestión de sus fondos
Organizaciones políticas reciben capacitación sobre entrega de información financiera a la ONPE
Las organizaciones políticas no pueden tener fuentes de financiamiento ilegal y todos sus gastos deben ser reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) junto con comprobantes que los sustenten. Esas fueron algunas de las indicaciones que se brindaron en el taller organizado por dicho ente público el miércoles 27 de mayo en la ciudad de Lima.
Al evento asistieron tesoreros y contadores integrantes de una de las tres alianzas electorales y de 18 de los 54 partidos políticos que deben presentar ante la ONPE su Información Financiera Anual (IFA) 2025, a más tardar, el 1 de julio. La obligación también alcanza a otra alianza electoral y a 95 movimientos regionales que están siendo capacitados al interior del país por las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) de la ONPE.
Cada Información Financiera Anual (IFA) 2025 debe contener las actividades económicas y financieras desarrolladas por la organización política entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Específicamente, datos de los aportantes y el monto de sus aportes, además del estado de situación financiera, el estado de resultados, y notas e información complementaria a los estados financieros
Indicaciones para las organizaciones políticas
Las fuentes de financiamiento privado de una organización política pueden ser: aportes en efectivo o en especie, actividades proselitistas, rendimiento patrimonial, créditos concertados y legados.
Se consideran fuentes de financiamiento ilegal las siguientes:
· Fuentes anónimas. Los aportes no pueden tener un origen desconocido.
· Personas naturales extranjeras.
· Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.
· Personas jurídicas extranjeras con fines de lucro.
· Personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro (excepto cuando sus aportes sean para organizaciones políticas y estén exclusivamente destinados a actividades de formación, capacitación e investigación).
· Personas naturales de nacionalidad peruana condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. La prohibición se extiende hasta diez años después de cumplida la condena.
· Entidades de derecho público o empresas de propiedad del Estado o con participación de este.
· Confesiones religiosas de cualquier denominación.
Forma de presentación de la IFA
· La carta de presentación de la IFA debe ser firmada por el representante legal y/o el tesorero de la organización política inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
· La información se consigna en los formatos aprobados por la ONPE y estos son suscritos por el tesorero y un contador público colegiado y habilitado.
· Los canales de presentación de la IFA son la mesa de partes de la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), así como las mesas de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
Fotos: Flickr ONPE
Lima, 29 de mayo de 2026
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EL FENÓMENO EL NIÑO LE COSTARÍA S/16 000 MILLONES A LA ECONOMÍA PERUANA HASTA 2027
Credicorp Capital estima que el mayor golpe llegará el próximo año, cuando coincidan un Niño Costero fuerte y uno global, y advierte que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad concentrarán el impacto más severo en agro, pesca y empleo.
El Fenómeno El Niño (FEN) restaría cerca de S/16 000 millones a la actividad económica del país entre 2026 y 2027, según estimaciones de Credicorp Capital Asset Management. Jonathan Gutiérrez, asociado senior de Renta Variable de la firma, explicó que, con una severidad de moderada a fuerte, el golpe acumulado superaría el 1% del PBI, por encima de lo registrado en eventos climáticos anteriores. El mayor efecto se concentraría entre diciembre de este año y marzo de 2027, cuando coincidirían un Niño Costero fuerte y uno de escala global; solo para 2026 el impacto equivaldría a 0.5% del PBI (unos S/6000 millones), mientras que para 2027 subiría a 0.8% (cerca de S/10 000 millones). Con este escenario, la firma redujo su proyección de crecimiento del país de 3.8% a 3.3% para este año, y de 4.3% a 3.5% para el próximo.
El impacto no se repartiría de forma uniforme entre regiones, ya que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que en conjunto aportan el 25% de la producción agrícola nacional y el 35% de la pesquera, serían las más golpeadas por su alta exposición a estas dos actividades. Cerca del 80% de la oferta nacional de mango, palta y arándano proviene de esas zonas, por lo que una afectación climática recortaría directamente la disponibilidad de estos productos. Gutiérrez precisó que, al sumar la contribución de actividades como comercio, transporte y manufactura, en esos cuatro departamentos «estos verían afectada casi la mitad de su producción agregada anual».
El fenómeno también presionará los precios y el empleo. Credicorp calcula que el encarecimiento de alimentos añadirá 1.25 puntos a la inflación de este año y 0.75 puntos a la de 2027, con lo que la proyección de cierre pasa a 4.1% y 2.7%, respectivamente. En el mercado laboral, el golpe recaería sobre todo en trabajadores informales de la pesca y el agro, los sectores más ligados al salario mínimo. Pese a ello, Gutiérrez sostuvo que ese menor dinamismo sería más que compensado por sectores no primarios como construcción, comercio y servicios, impulsados por un crecimiento de la demanda interna cercano a 5% y de la inversión privada de alrededor de 10%.
Fuente: Gestión
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SEGURIDAD, EL NIÑO E INVERSIÓN: LOS RETOS URGENTES PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
Representantes de la pesca, la minería, los gobiernos regionales y el alcalde de San Martín de Porres detallaron las medidas concretas que esperan del nuevo Ejecutivo tras el cambio de mando del 28 de julio.
A pocas semanas del inicio del nuevo gobierno, cuatro voces del sector privado y subnacional plantearon las tareas que consideran urgentes para los primeros 100 días de gestión. Sus demandas coinciden en dos frentes: enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño, que ya golpea sectores como la pesca y amenaza con lluvias intensas en varias regiones, y recuperar el orden interno como condición para reactivar la inversión.
En seguridad, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, pidió priorizar la reorganización de la cúpula de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y la obtención de facultades delegadas del Congreso para modernizar la PNP con inversión en inteligencia y unidades de flagrancia. Para el burgomaestre de este distrito de Lima Norte, no hay margen para nuevos diagnósticos: «El orden requiere acciones inmediatas».
En el frente económico, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna, advirtió que El Niño ya obligó a suspender la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, lo que pone en riesgo a los 250 000 trabajadores directos e indirectos del sector, y pidió a Imarpe y Produce un plan ágil de monitoreo. Julia Torreblanca, titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, planteó acelerar una cartera de proyectos mineros por más de US$63 000 millones mediante mayor estabilidad jurídica y menos trabas burocráticas. Por su parte, Luis Neyra, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, calificó la respuesta ante El Niño como la verdadera prueba de fuego del nuevo Ejecutivo, y reclamó presupuesto adicional para destrabar obras de prevención paralizadas desde el desastre de 2017.
Fuente: El Comercio
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