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Bicentenario: conoce los grandes desafíos para la economía peruana – Diario Nacional Realidad.PE | Noticias relevantes del Perú
Si bien la pandemia castigó a la actividad productiva mundial, y Perú no fue la excepción, la recuperación que viene experimentando la economía nacional es notable, con un crecimiento sostenido, inflación baja y cuentas públicas aceptables.
Sin embargo, en el marco del Bicentenario que celebra nuestra nación, es indudable que el Perú tiene hacia adelante grandes desafíos para fortalecer su economía y lograr el pleno desarrollo social e inclusivo.
“Perú tiene que hacer cosas novedosas, porque los desafíos hacia adelante son grandes”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, durante su Balance de Gestión realizado esta semana.
Presión tributaria
Durante las últimas cinco décadas la presión tributaria en el Perú anda bordeando el 14%, lo cual resulta insuficiente para un país con grandes necesidades y que, por lo tanto, requiere de mayores recursos públicos para cerrar brechas sociales.
“La pandemia y, en general, la coyuntura nos hace notar que es muy complicado que el Perú siga operando con el gasto público actual, tenemos necesidad de atender la salud donde hay una gran brecha; hay problemas con la infraestructura y tenemos otras urgencias que requieren de un gasto público permanente mayor”, dijo Waldo Mendoza.
“Si queremos gastar más hay, que recaudar más. La urgencia, la necesidad de la mayor presión tributaria se presenta ahora quizás con más intensidad que antes”, agregó.
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Perú es uno de los países con la presión tributaria más baja en la región y que los países de la OCDE, cuyos ingresos gubernamentales llegan casi al 40% del producto bruto interno (PBI).
“El punto neurálgico a atacar antes de hablar de tasas impositivas, es que tenemos un incumplimiento tributario enorme”, manifestó el ministro Mendoza.
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El Perú, respecto a sus países vecinos, tiene la tasa de incumplimiento del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta de los más altos en la región.
“Allí tenemos que poner la puntería para reducir sustantivamente este incumplimiento. El reto de la presión tributaria es un reto que hay que enfrentar”, manifestó Waldo Mendoza.
“En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos técnicos encargados que están escribiendo sobre esto, estudiando y preparando propuestas que puedan ser tomadas por la siguiente administración”, añadió.
Nuevos motores
El otro gran reto del Perú es que necesita nuevos motores de crecimiento y tienen un enorme potencial en actividades como la industria forestal, la acuicultura y el turismo.
Hasta ahora nuestro país ha estado creciendo tranquilamente con dos grandes motores: minería y agroexportación.
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En el caso de la minería, de exportar 1,508 millones de dólares a principios de la década de 1990, ahora se envía al exterior metales por un valor de aproximadamente 25,000 millones de dólares.
“Se podrá decir que todo eso tiene un efecto precio, pero aún si le quitásemos ese, el volumen actual de exportaciones es más de tres veces al que teníamos”, explicó Waldo Mendoza.
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El otro motor indica que de exportar 394 millones de dólares de productos agropecuarios no tradicionales hace dos décadas, en la actualidad la agroexportación peruana alcanza los 6,817 millones de dólares.
En ese sentido, Waldo Mendoza consideró que la acuicultura, la industria forestal y el turismo podrían ser nuevos motores que contribuirían a un crecimiento sostenido del PBI.
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Entonces, ¿qué se debería hacer para que sectores como el acuícola, el forestal y el turístico puedan convertirse en esos nuevos motores de crecimiento de la economía peruana?
“Nos parece que vale la pena ayudar a estos sectores a través de políticas sectoriales para que se conviertan en nuevos motores de crecimiento económico”, responde el ministro Mendoza.
“Los requisitos entonces para impulsar un sector, a nuestro juicio, son una capacidad productiva enorme y mercados internacionales asegurados. La exportación requiere de ciertas escalas, por eso la necesidad de una capacidad productora grande”, agregó.
Grandes proyectos
A consideración del ministro Mendoza no se debe descuidar los grandes proyectos mineros y de infraestructura, como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Irrigación Majes Siguas II, Puerto de Chancay y Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
“Para la minería, como es un recurso que se agota, necesitamos nuevas minas y proyectos, y para la infraestructura, porque es complementaria para la inversión privada, está la Línea 2 del Metro, por ejemplo, que será importantísima. Además, hemos avanzado sustantivamente con el proyecto Majes Siguas a través de una interrelación correcta entre las instituciones involucradas”, comentó.
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Sostenibilidad fiscal
Para Waldo Mendoza, sea cual sea el destino de las políticas hacia adelante, se debe mantener la sostenibilidad fiscal del país.
“Debemos reestablecer la solidez fiscal que la economía peruana tenía antes de la pandemia, porque eso nos permitió hacer varias cosas. Uno, endeudarnos a tasas bajas; dos, financiar la emergencia sanitaria, la salud, la compra de vacunas y las garantías para el programa de apoyo crediticio a las empresas”, señaló.
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El MEF considera que, este año, el déficit fiscal terminará en 5% y se espera que vaya reduciéndose gradualmente hasta llegar a 1% hacia el 2026.
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Asimismo, el endeudamiento público que subió fuertemente el año pasado, y que subirá un poco más en el 2022, debe empezar a reducirse y debería recuperar el 30% del límite que establece la legislación actual.
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PROINVERSIÓN PREVÉ QUE LAS LÍNEAS 3 Y 4 DEL METRO DE LIMA INICIEN SU LICITACIÓN EN 2027
Tras la firma de un convenio entre ProInversión y la ATU, ambos trenes entraron a la etapa de estructuración como posibles Asociaciones Público-Privadas con una inversión conjunta que superaría los US$10 000 millones.
Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima avanzaron a la etapa de estructuración como potenciales Asociaciones Público-Privadas (APP), tras la firma de un convenio entre ProInversión y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta es la tercera de cinco fases que debe superar un proyecto para convertirse en APP, y su inicio confirma que el Estado ya validó la viabilidad de ambos trenes bajo ese esquema. El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, explicó que la nueva ley de APP permitirá acortar los plazos habituales de esta etapa, por lo que ambas líneas podrían salir a licitación en un plazo de 12 meses en el mejor escenario. Fue enfático al remarcar que, con el respaldo del próximo gobierno, «este esquema debe durar máximo un año».
En términos técnicos, la Línea 3 tendrá cerca de 35 kilómetros de recorrido subterráneo y una inversión estimada de US$7000 millones, mientras que la Línea 4 sumará 24 kilómetros por unos US$3700 millones, un costo menor porque ya existe un tramo en construcción. Para avanzar con el diseño y la estructuración financiera de ambos proyectos, la ATU y ProInversión coordinan la contratación de una Project Management Office (PMO), que definirá también el mecanismo de financiamiento. Esto es clave que, según el presidente de la ATU, David Hernández, el Estado no está en condiciones de asumir el pago de ambas líneas al contado, puesto que, si se buscara construirlas rápido, habría que desembolsar cerca de US$1000 millones al año, y «la caja del Estado no aguantará esto». Por ello, la estructuración financiera buscará una banca de fomento internacional que permita repartir el pago en 15, 20 o 30 años, en lugar de comprometer el presupuesto público de forma inmediata.
Uno de los mayores retos para evitar que estos proyectos repitan la demora de la Línea 2 es la liberación de predios. Según ProInversión, se han identificado 3562 propiedades que deberán liberarse hasta el 2030, de las cuales solo 575 habían sido adquiridas al cierre de 2025. Para financiar ambas líneas sin depender exclusivamente del pago del Estado, la estructura contempla, además, aprovechar plusvalías o ingresos no tarifarios, bajo un esquema similar al aplicado en el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. De cumplirse el cronograma previsto, las primeras etapas de ambos trenes podrían estar operativas hacia el 2034.
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CONSEJO FISCAL PIDE AL PRÓXIMO GOBIERNO DEMANDAR ANTE EL TC LEYES DE PENSIONES, CAS Y NUEVAS UNIVERSIDADES
Alonso Segura sostiene que estas normas generan un alto costo fiscal y vicios de inconstitucionalidad, luego de que el Tribunal Constitucional estableciera que el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni siquiera para años futuros.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, planteó que el próximo gobierno aproveche el reciente cambio de criterio del Tribunal Constitucional (TC) para presentar demandas de inconstitucionalidad contra normas ya vigentes que, a su juicio, comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas. El fallo del TC estableció, con carácter vinculante, que la iniciativa de gasto público corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo, sin importar si el impacto presupuestal se produce en el año fiscal en curso o en ejercicios posteriores, un criterio distinto al aplicado hasta ahora en algunos casos particulares.
Entre las normas que Segura considera prioritario revisar figuran las leyes de pensiones con cédula viva para docentes, policías y militares, que a su juicio representan el mayor costo fiscal; los beneficios de gratificación reconocidos a los trabajadores del régimen CAS, cuyo pago el Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha reglamentado; y las leyes que crean nuevas universidades públicas. El exministro de Economía remarcó que el nuevo gobierno tiene hasta seis años para interponer estas acciones y advirtió que la demora en actuar solo profundiza el problema, aunque, dijo, «esto se puede rectificar si es que el nuevo Ejecutivo reacciona».
El magistrado del TC César Ochoa precisó, en otra entrevista, los alcances reales de la sentencia. Explicó que el tribunal no ejerce un control previo sobre las leyes aprobadas por el Congreso, sino que depende de que el Poder Ejecutivo observe o demande las normas que considere inconstitucionales. Ante las dudas de que el fallo pudiera interpretarse como una autorización tácita al Legislativo para aprobar iniciativas de gasto, fue tajante: «No hemos abierto una puerta».
Fuente: RPP
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