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Cambian seis ministros en el gabinete Otárola
En Trabajo, Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Justicia, Educación y Transportes
La presidenta de la República, Dina Boluarte, realizó seis cambios en el gabinete que preside Alberto Otárola.
Con la renuncia de la ministra de Educación, Magnet Márquez, otras carteras también cambiaron de titular.
Juraron los ministros Eduardo Arana (Justicia), Miriam Ponce Vertiz (Educación), quien antes se desempeñó como viceministra de Gestión Pedagógica, Yennifer Contreras (Desarrollo Agrario y Riego), Daniel Maurate, que deja Justicia para asumir Trabajo; Ana María Choquehuanca (Producción) y Raúl Pérez Reyes (que deja Producción para dirigir Transportes y Comunicaciones).
En la ceremonia estuvieron presentes los salientes ministros Fernando Varela, Paola Lazarte y Magnet Márquez, quienes se despidieron de la presidenta Dina Boluarte.
El polémico cambio de la exministra Márquez apuntaría a las declaraciones que dio sobre su posición frente al retorno a la carrera magisterial de 14 mil docentes interinos cesados en 2014. Agregó que es un golpe del Congreso contra la meritocracia.
La extitular de Educación mantuvo su posición hasta el último momento, asegurando que el premier Otárola y la presidenta estaban en el mismo orden de ideas. Adelantó que el Ejecutivo observaría el dictamen que contiene seis proyectos con leyes afines.
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Eduardo Arana
El primer cambio efectuado dentro del gabinete de Alberto Otárola está relacionado con Eduardo Melchor Arana Ysa, quien juró como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Daniel Maurate.
Arana es un abogado de profesión que, desde 2000 hasta 2018, se desempeñó como docente universitario.
En enero de 2009, el flamante ministro de Justicia fue designado como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.
Ana María Choquehuanca
Ana María Choquehuanca de Villanueva fue otra de las novedades. Ella se convierte en la principal representante del Ministerio de Producción, tras la salida de Raúl Ricardo Pérez Reyes.
Choquehuanca de Villanueva es una economista que fue legisladora en el período 2016-2021, por el partido Peruanos Por el Kambio, y ministra de la Mujer en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Ana María Choquehuanca
Daniel Maurate Romero juró como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en reemplazo de Fernando Varela.
El abogado deja la titularidad de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, que ocupaba hasta el momento, para regresar al Ministerio de Trabajo. Cabe mencionar que ya estuvo al frente de este portafolio en la gestión del expresidente Ollanta Humala.
En junio de 2023, Maurate Romero fue interpelado por el Congreso por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, al conocerse las conversaciones que habría sostenido con el exjuez César Hinostroza.
Raúl Pérez-Reyes
En tanto, el Ministerio de Transportes lo asume Raúl Pérez-Reyes, quien abandona la cartera de Producción.
Es un economista que, anteriormente, también lideró Produce, entre 2018 y 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Además, entre 2011 y 2014, fue viceministro de Comunicaciones en el MTC.
Miriam Ponce
Por su parte, Miriam Ponce Vértiz toma el Ministerio de Educación, en vez de la renunciante Magnet Márquez, quien se retira tras más de cuatro meses de gestión.
Ponce Vértiz, licenciada en Educación, estuvo desempeñándose en dicha cartera en el cargo de viceministra de Gestión Pedagógica.
Jennifer Contreras
Finalmente, Jennifer Lizetti Contreras Álvarez fue anunciada como ministra de Desarrollo Agrario y Riego, en sustitución de Nelly Paredes.
Contreras Álvarez fue directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri. Antes, ocupó una jefatura en el Ministerio de la Mujer.
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Noticias
Desde Huaraz, Roberto Sánchez descarta expropiaciones y apuesta por la inversión
El candidato presidencial de Juntos por el Perú destacó la necesidad de impulsar proyectos estratégicos como Chinecas, el Hospital de Alta Complejidad y los corredores de integración económica para fortalecer el desarrollo de Áncash y del país.
Durante su visita y nutrido mitin en Huaraz, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó las campañas de desinformación que buscan generar temor entre la ciudadanía respecto a las propuestas de cambio impulsadas por sectores populares y aseguró que su gobierno promoverá la inversión, la producción y la generación de empleo como pilares del desarrollo nacional.
“Nosotros no vamos a expropiar ni estatizar ni quitarle nada a nadie. Queremos más producción, más inversión y más oportunidades para todos los peruanos. Nuestro compromiso es con el desarrollo y el bienestar de las familias trabajadoras”, enfatizó.
Durante su intervención, Sánchez sostuvo que Áncash tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los principales motores productivos del país, siempre que se destraben y ejecuten proyectos estratégicos que permitan aprovechar sus recursos y generar oportunidades para la población.
En ese sentido, destacó la importancia del Proyecto Especial Chinecas como una obra fundamental para ampliar la frontera agrícola, fortalecer la seguridad alimentaria y beneficiar directamente a miles de pequeños productores.
“Chinecas representa una oportunidad histórica para incorporar más de 100 mil hectáreas productivas, pero debemos aprender de las experiencias del pasado. Las grandes obras de irrigación tienen que beneficiar primero al pequeño agricultor y a las familias que viven del campo”, señaló.
El líder de Juntos por el Perú afirmó que la región también requiere atender demandas históricas en materia de salud, por lo que respaldó la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Áncash para garantizar atención especializada y oportuna a miles de ciudadanos.
“Así como Chinecas debe convertirse en una realidad para nuestros agricultores, también debemos hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad. El desarrollo tiene que llegar al campo, pero también a la salud y a los servicios que necesita nuestra población”, manifestó.
Sánchez también destacó el potencial estratégico de Áncash dentro de los nuevos corredores económicos y comerciales que se vienen configurando en Sudamérica. En ese sentido, señaló que una futura gestión de Juntos por el Perú impulsará carreteras, ferrocarriles y corredores bioceánicos que permitan integrar las regiones, reducir costos logísticos y conectar la producción nacional con los mercados internacionales.
“Queremos conectar el crecimiento económico con el desarrollo de los pueblos. El Perú necesita infraestructura, modernidad, empleo y oportunidades. Esa es la ruta que proponemos para construir un país más justo y competitivo”, concluyó.
Huaraz 01 de junio de 2026

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EXTORSIONES, INFORMALIDAD Y MENOR CRECIMIENTO SERÁN LOS PRINCIPALES RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
A pocos días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, diversos informes advierten que el próximo Gobierno enfrentará un escenario económico más complejo, marcado por una alta criminalidad que ya frena el desarrollo.
Aunque el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y cerró el 2025 con un crecimiento de 3,4% impulsado por el consumo y la inversión privada, las proyecciones apuntan a una desaceleración en los próximos años.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento bajaría a 2,8% en 2026, en un entorno internacional menos favorable y con problemas internos como la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que afectan directamente la inversión y el empleo. En esa línea, el INEI advierte que “más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves del país”, reflejando la magnitud del deterioro de la seguridad.
Las cifras refuerzan el tamaño del desafío que enfrentará la próxima gestión. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, “más de 13.000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023”, mientras que el Banco Central de Reserva estima que las pérdidas por criminalidad representan el 2,8% del PBI. A ello se suma el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial, que precisa a la delincuencia y la actividad económica ilícita como “el riesgo número uno que afronta el país este año”.
En conjunto, los informes coinciden en que el próximo Gobierno no solo heredará una economía con menor dinamismo, sino también un problema estructural que no puede seguir postergándose. La inseguridad afecta directamente la inversión, el funcionamiento de las mypes y la generación de empleo formal, configurando un escenario que exigirá decisiones concretas desde el primer día de gestión.
Fuente: Infobae, Gestión, El Comercio, INEI, RPP
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