Análisis de Luis Miguel Castilla señala que la bicameralidad introduce un nuevo filtro institucional frente a iniciativas sobre el Banco Central, uso de reservas y cambios que podrían comprometer la estabilidad económica del país.

Por primera vez en más de tres décadas, el Perú llega a una segunda vuelta presidencial con un Senado ya elegido. Así lo sostuvo Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, quien señaló que este nuevo diseño político “puede ser el factor más determinante del próximo quinquenio”. En un contexto reciente marcado por inestabilidad política y aprobación de leyes con bajo estándar, el retorno de la bicameralidad incorpora un contrapeso que no existía bajo el esquema unicameral. 

Según Castilla, la reorganización del Congreso “en dos cámaras introduce un freno interno que el Legislativo nunca tuvo en el ciclo unicameral”. En ese marco, el Senado asumirá una función revisora con capacidad para ratificar, modificar u observar decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados, lo que lo convierte en un filtro clave frente a iniciativas que no cuenten con suficiente sustento técnico o que impliquen riesgos institucionales.

Este contrapeso cobra especial importancia frente a propuestas electorales que plantean cambios profundos en el manejo económico del país. El análisis de Videnza advierte que algunas iniciativas buscan “modificar la conducción del Banco Central de Reserva, utilizar las reservas internacionales para financiar gasto social”, entre otras medidas que implicarían un giro respecto al marco vigente y que generan preocupación por sus eventuales efectos sobre la estabilidad económica.

Frente a este escenario, Castilla advirtió que “el Senado no es una garantía absoluta”, ya que su efectividad dependerá de la correlación de fuerzas políticas que se configure en el nuevo Parlamento. Sin embargo, remarcó que, en un contexto fragmentado, la bicameralidad introduce mayores barreras frente a reformas radicales y podría contribuir a sostener la estabilidad si funciona como un verdadero contrapeso institucional.

Fuente: Videnza e Infobae

Representantes de Puno, La Libertad, Apurímac y Madre de Dios ingresarán al Parlamento bicameral con vínculos directos al Reinfo y propuestas de formalización.

El nuevo Congreso bicameral, que iniciará funciones en julio de 2026, contará con al menos cinco legisladores cuyas agendas priorizan la defensa de la minería informal. Entre los rostros destacados se encuentra Helard Sonco, virtual diputado por Puno, quien es titular de una empresa inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Al ser consultado sobre su vinculación con el sector, Sonco manifestó su intención de proteger la actividad local frente a la falta de un marco legal definitivo, señalando que: “Queremos formalizar, pero si tú no cuentas con una concesión, eres un tercero, necesitas un contrato”. Esta postura coincide con la de otros representantes de regiones como La Libertad y Apurímac, donde la minería informal convive con la extracción ilegal.

La bancada de Juntos por el Perú contará con representantes vinculados a este sector en ambas cámaras. Jesús Pérez, dirigente minero de Apurímac, y Hugo Ccahuana, virtual senador por Madre de Dios, han recibido el respaldo explícito de federaciones mineras y sectores de extracción en zonas críticas como La Pampa. Ccahuana reconoció haber mantenido reuniones con mineros de dichas áreas para asegurar su apoyo electoral, afirmando que: “Todo candidato en Madre de Dios ha dado su respaldo a la minería como actividad general”. Especialistas advierten que esta nueva composición parlamentaria buscará justificar futuras ampliaciones del Reinfo bajo la lógica del derecho al trabajo y la inestabilidad política.

A estos nuevos rostros se suman 12 congresistas reelegidos que en el pasado votaron a favor de flexibilizar el marco jurídico contra la minería ilegal y permitieron la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. Según expertos en derecho ambiental, la presencia de estos legisladores en las comisiones de Energía y Minas facilitará la promoción de la Ley MAPE sin criterios técnicos rigurosos. Con más de 84,000 mineros actualmente inscritos en el registro de formalización, el nuevo Parlamento tendrá en sus manos la decisión de extender nuevamente un proceso que, según diversos sectores, ha servido para proteger operaciones que eluden la fiscalización estatal.

Fuente: El Comercio