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César David Gallo Lale / ¿Tiempo al tiempo?

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César David Gallo Lale / ¿Tiempo al tiempo?


¿Tiempo al tiempo? De ninguna manera, no se puede seguir dando más tregua a diferentes eventos que vienen sucediendo en el país y contra la estabilidad del Perú como Estado Nación, las mismas  que afectan directamente a la seguridad y tranquilidad de la sociedad peruana, producto de acciones y amenazas del narco terrorismo, lentitud del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación, decisión del Poder Ejecutivo respecto a determinar una Política de Estado a favor de la acción de sus Fuerzas del Orden en General y además la reestructuración del estamento Diplomático del país para que pueda responder como se debe a la injerencia extranjera por muchos países de la región en los asuntos internos del país tales como, Cuba, Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia y Chile  además de la intervención de los Organismos Internacionales como son la OEA, ONU y la reciente participación de la Comisión Interamericana de los Derechos (CIDH). El Congreso también debe de intervenir y tratar de formular en el más breve plazo, los proyectos de ley y asuntos pendientes de todas sus comisiones que ayuden a dar mayor seguridad al país y asegurar unas nuevas elecciones limpias con la premisa de Comunismo y terrorismo nunca más en el perú.

Cómo es posible que se le permita a los terroristas volar estaciones eléctricas, bloquear las vías de comunicación, destrucción de los servicios esenciales, comisarías, centros judiciales y de prensa y amenazar a todo el país para el próximo 04 de Enero con una asolada general, firmando un acta al fin de su Cónclave recientemente realizado en Arequipa donde acuerdan el Cierre Inconstitucional del Congreso, la Renuncia Indebida de Dina Boluarte, la Liberación Ilegal de Pedro Castillo y reanudación de las protestas terroristas.  Cómo se puede seguir permitiendo que el otrora eficiente servicio diplomático del Perú se siga destruyendo por los peones del pseudo gobierno anterior Óscar Maúrtua, Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth, los mismos que lo único que defienden son sus intereses personales y no los del país?

Dónde estamos y qué clase de peruanos somos? que permitimos que el Narco Terrorista Evo Morales salga y entre a nuestro país como si fuera su país, para hacer proselitismo sobre su plan del RUNASUR y seguir avanzando en sus intereses y los del Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla, azuzando además a la población del sur, a realizar actos vandálicos, a cerrar el Congreso peruano entre otros y dividir al Perú, eso señores es Traición a la Patria por parte de los peruanos que lo apoyan.  Por otro lado parece que Colombia ya empezó a fomentar movimientos separatistas en el oriente peruano, es decir la conmoción social sigue aumentando y eso no se puede permitir. Los Operadores Políticos perfectamente entrenados de los diferentes Servicios de Inteligencia principalmente de Cuba, Venezuela, Argentina, Colombia y Bolivia, apoyados por sus respectivos gobiernos están actuando bajo un plan preconcebido que está llevando a la destrucción de nuestro noble país.

Y ahora, el pseudo presidente Castillo ya en la cárcel por incapaz, corrupto, disociador y por ordenar cerrar el Congreso yendo contra la Constitución y el estado de derecho, se da el lujo de enviar mensajes a la nación y todavía a presentar a un abogado sentenciado y condenado por ser terrorista de sendero luminoso “Camarada Aldo”, para que lo defienda y guíe en sus acciones, asesorándolo en todo sentido.

Y es que si no se han dado cuenta, estamos en GUERRA, no una guerra convencional, sino en una nueva facción de guerra  que usan los comunistas del siglo XXI para capturar el poder, por lo tanto debemos conceptuar que LA GUERRA para este tipo de ataque es La Continuación de la Política por intermedio de sus Fuerzas del Orden, unida simétricamente a los poderes  Ejecutivo, Legislativo y a todos los estamentos del estado como el Poder Judicial, Fiscalía de la Nación,  Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Consejo de Defensa Nacional, cuyas acciones deben de ser inmediatas a las acciones del enemigo para disminuir sus efectos deseados y sientan que están perdiendo en todo sentido, apoyados también por las marchas pacíficas de los ciudadanos pertenecientes a los diferentes estamentos, entidades privadas y ciudadanía en general, unidos a los diferentes Grupos del personal  de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Las acciones de nuestro Estado Nación con toda su organización deben de ser drásticas y efectivas respetando la Constitución y haciendo que el enemigo de hoy también las respete a cabalidad, ese es el objetivo general que debemos tener ya. Los escenarios deberían de ir cambiando a favor de todos los ciudadanos del Perú a partir de este 2023 que se avecina con muchas amenazas que no queremos controlar, teniendo todos los medios a favor, ¿Por qué será?.

Seguimos en estado de alerta y cada vez más alarmante “NO PODEMOS DARLE MAS TIEMPO AL TIEMPO”, NUESTRAS Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán como siempre en ¡Estado de Alerta! Para dar la seguridad, proteger y velar los intereses de todos los peruanos, asegurar sus servicios esenciales, custodiar las vías de comunicación y asegurar un estado de “Paz y Unión” a todo el Perú. Que este 2023 sea mejor para todos.

“FELIZ  AÑO NUEVO PARA TODOS Y MEJOR 2023”.

(*) Teniente General FAP en retiro

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SENADO PODRÍA ACTUAR COMO CONTRAPESO ANTE PROPUESTAS QUE AFECTEN REGLAS ECONÓMICAS VIGENTES, ADVIERTE VIDENZA

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SENADO PODRÍA ACTUAR COMO CONTRAPESO ANTE PROPUESTAS QUE AFECTEN REGLAS ECONÓMICAS VIGENTES, ADVIERTE VIDENZA

Análisis de Luis Miguel Castilla señala que la bicameralidad introduce un nuevo filtro institucional frente a iniciativas sobre el Banco Central, uso de reservas y cambios que podrían comprometer la estabilidad económica del país.

Por primera vez en más de tres décadas, el Perú llega a una segunda vuelta presidencial con un Senado ya elegido. Así lo sostuvo Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, quien señaló que este nuevo diseño político “puede ser el factor más determinante del próximo quinquenio”. En un contexto reciente marcado por inestabilidad política y aprobación de leyes con bajo estándar, el retorno de la bicameralidad incorpora un contrapeso que no existía bajo el esquema unicameral. 

Según Castilla, la reorganización del Congreso “en dos cámaras introduce un freno interno que el Legislativo nunca tuvo en el ciclo unicameral”. En ese marco, el Senado asumirá una función revisora con capacidad para ratificar, modificar u observar decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados, lo que lo convierte en un filtro clave frente a iniciativas que no cuenten con suficiente sustento técnico o que impliquen riesgos institucionales.

Este contrapeso cobra especial importancia frente a propuestas electorales que plantean cambios profundos en el manejo económico del país. El análisis de Videnza advierte que algunas iniciativas buscan “modificar la conducción del Banco Central de Reserva, utilizar las reservas internacionales para financiar gasto social”, entre otras medidas que implicarían un giro respecto al marco vigente y que generan preocupación por sus eventuales efectos sobre la estabilidad económica.

Frente a este escenario, Castilla advirtió que “el Senado no es una garantía absoluta”, ya que su efectividad dependerá de la correlación de fuerzas políticas que se configure en el nuevo Parlamento. Sin embargo, remarcó que, en un contexto fragmentado, la bicameralidad introduce mayores barreras frente a reformas radicales y podría contribuir a sostener la estabilidad si funciona como un verdadero contrapeso institucional.

Fuente: Videnza e Infobae

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CONGRESO 2026: CINCO NUEVOS PARLAMENTARIOS IMPULSARÁN AGENDA A FAVOR DE LA MINERÍA INFORMAL

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CONGRESO 2026: CINCO NUEVOS PARLAMENTARIOS IMPULSARÁN AGENDA A FAVOR DE LA MINERÍA INFORMAL

Representantes de Puno, La Libertad, Apurímac y Madre de Dios ingresarán al Parlamento bicameral con vínculos directos al Reinfo y propuestas de formalización.

El nuevo Congreso bicameral, que iniciará funciones en julio de 2026, contará con al menos cinco legisladores cuyas agendas priorizan la defensa de la minería informal. Entre los rostros destacados se encuentra Helard Sonco, virtual diputado por Puno, quien es titular de una empresa inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Al ser consultado sobre su vinculación con el sector, Sonco manifestó su intención de proteger la actividad local frente a la falta de un marco legal definitivo, señalando que: “Queremos formalizar, pero si tú no cuentas con una concesión, eres un tercero, necesitas un contrato”. Esta postura coincide con la de otros representantes de regiones como La Libertad y Apurímac, donde la minería informal convive con la extracción ilegal.

La bancada de Juntos por el Perú contará con representantes vinculados a este sector en ambas cámaras. Jesús Pérez, dirigente minero de Apurímac, y Hugo Ccahuana, virtual senador por Madre de Dios, han recibido el respaldo explícito de federaciones mineras y sectores de extracción en zonas críticas como La Pampa. Ccahuana reconoció haber mantenido reuniones con mineros de dichas áreas para asegurar su apoyo electoral, afirmando que: “Todo candidato en Madre de Dios ha dado su respaldo a la minería como actividad general”. Especialistas advierten que esta nueva composición parlamentaria buscará justificar futuras ampliaciones del Reinfo bajo la lógica del derecho al trabajo y la inestabilidad política.

A estos nuevos rostros se suman 12 congresistas reelegidos que en el pasado votaron a favor de flexibilizar el marco jurídico contra la minería ilegal y permitieron la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. Según expertos en derecho ambiental, la presencia de estos legisladores en las comisiones de Energía y Minas facilitará la promoción de la Ley MAPE sin criterios técnicos rigurosos. Con más de 84,000 mineros actualmente inscritos en el registro de formalización, el nuevo Parlamento tendrá en sus manos la decisión de extender nuevamente un proceso que, según diversos sectores, ha servido para proteger operaciones que eluden la fiscalización estatal.

Fuente: El Comercio

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