Política
Colcabamba: sobreviviente denuncia que militares lo obligaron a autoinculparse
La denominada “matanza de Colcabamba”, ocurrida en Huancavelica tras una intervención militar que dejó cinco fallecidos, continúa generando serias denuncias y preocupación entre familiares, abogados y defensores de derechos humanos. Esta vez, uno de los sobrevivientes del operativo aseguró que fue obligado por miembros de las Fuerzas Armadas a autoinculparse por tráfico de drogas bajo amenazas de muerte.
La grave acusación fue revelada por Ricardo Acuña Quispe en una entrevista difundida por el medio Epicentro TV, donde relató los hechos ocurridos el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.
Según su testimonio, aquel día regresaba de Huayllaba junto a sus primos a bordo de una camioneta, luego de participar en un partido de fútbol. En el trayecto, fueron interceptados por un grupo de hombres vestidos de civil y encapuchados, quienes abrieron fuego contra el vehículo.
“Nosotros fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo de Huayllaba”, declaró Acuña durante la entrevista. Explicó que en un primer momento no identificaron a los atacantes como efectivos militares debido a que no portaban uniformes visibles, por lo que el conductor intentó escapar creyendo que se trataba de delincuentes.
Tras el tiroteo, Acuña señaló que logró esconderse por temor a ser asaltado o asesinado. Horas después, al observar la presencia de una patrulla militar, decidió entregarse pensando que su vida ya no corría peligro. Sin embargo, asegura que la situación empeoró.
De acuerdo con su relato, los militares lo obligaron a declarar que transportaba drogas y armamento, pese a que en la camioneta no se encontró ninguna sustancia ilícita ni armas. Según dijo, fue amenazado directamente con armas de fuego para firmar un acta donde se autoincriminaba.
“En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro, nada”, afirmó. Acuña sostiene que todo fue una maniobra para justificar el uso de la fuerza letal durante el operativo que terminó con la muerte de cinco personas.
El sobreviviente negó de manera categórica cualquier vínculo con el narcotráfico o traslado de armamento. “No hemos trasladado nada, ninguna droga ni armamento. Es completamente falso lo que dicen, porque los militares quieren salirse con la suya”, manifestó.
Según explicó, él y sus familiares solo retornaban de una actividad deportiva y no existía ninguna actividad ilícita relacionada con el viaje. Esta versión contradice la hipótesis inicial que habría intentado sostener la intervención militar.
La preocupación se ha intensificado debido al riesgo que enfrentan Ricardo Acuña Quispe y los otros dos sobrevivientes del ataque: Ever Soto Quispe y Jonathan Aguilar Gutiérrez. Ambos permanecen hospitalizados mientras continúan las investigaciones.
El abogado de las víctimas, Anthony Crespo Barrionuevo, advirtió que existe un serio peligro de que los testigos sean silenciados por conocer directamente lo ocurrido aquella noche.
“Lo más probable es que quieran silenciar a los testigos directos, a los únicos que saben la verdad, que son ellos tres”, declaró también a Epicentro TV.
El letrado explicó que inicialmente los sobrevivientes permanecían en calidad de detenidos bajo custodia policial, pero la Fiscalía de Derechos Humanos modificó su condición legal y ahora son considerados agraviados dentro del proceso.
Actualmente, los heridos solo cuentan con la presencia de sus familiares, aunque hasta el momento no se han dictado medidas de protección especiales para garantizar su seguridad.
“Aún no la hay. Lo vamos a solicitar”, precisó Crespo, quien aseguró que la Fiscalía de Derechos Humanos podría actuar con mayor objetividad y otorgar las garantías necesarias no solo para Ricardo Acuña, sino también para los otros dos sobrevivientes.
El abogado remarcó que la protección urgente resulta indispensable ante posibles represalias, considerando que los tres testigos serían claves para esclarecer lo sucedido y determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.
En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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