Política
Colcabamba: sobreviviente denuncia que militares lo obligaron a autoinculparse
La denominada “matanza de Colcabamba”, ocurrida en Huancavelica tras una intervención militar que dejó cinco fallecidos, continúa generando serias denuncias y preocupación entre familiares, abogados y defensores de derechos humanos. Esta vez, uno de los sobrevivientes del operativo aseguró que fue obligado por miembros de las Fuerzas Armadas a autoinculparse por tráfico de drogas bajo amenazas de muerte.
La grave acusación fue revelada por Ricardo Acuña Quispe en una entrevista difundida por el medio Epicentro TV, donde relató los hechos ocurridos el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.
Según su testimonio, aquel día regresaba de Huayllaba junto a sus primos a bordo de una camioneta, luego de participar en un partido de fútbol. En el trayecto, fueron interceptados por un grupo de hombres vestidos de civil y encapuchados, quienes abrieron fuego contra el vehículo.
“Nosotros fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo de Huayllaba”, declaró Acuña durante la entrevista. Explicó que en un primer momento no identificaron a los atacantes como efectivos militares debido a que no portaban uniformes visibles, por lo que el conductor intentó escapar creyendo que se trataba de delincuentes.
Tras el tiroteo, Acuña señaló que logró esconderse por temor a ser asaltado o asesinado. Horas después, al observar la presencia de una patrulla militar, decidió entregarse pensando que su vida ya no corría peligro. Sin embargo, asegura que la situación empeoró.
De acuerdo con su relato, los militares lo obligaron a declarar que transportaba drogas y armamento, pese a que en la camioneta no se encontró ninguna sustancia ilícita ni armas. Según dijo, fue amenazado directamente con armas de fuego para firmar un acta donde se autoincriminaba.
“En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro, nada”, afirmó. Acuña sostiene que todo fue una maniobra para justificar el uso de la fuerza letal durante el operativo que terminó con la muerte de cinco personas.
El sobreviviente negó de manera categórica cualquier vínculo con el narcotráfico o traslado de armamento. “No hemos trasladado nada, ninguna droga ni armamento. Es completamente falso lo que dicen, porque los militares quieren salirse con la suya”, manifestó.
Según explicó, él y sus familiares solo retornaban de una actividad deportiva y no existía ninguna actividad ilícita relacionada con el viaje. Esta versión contradice la hipótesis inicial que habría intentado sostener la intervención militar.
La preocupación se ha intensificado debido al riesgo que enfrentan Ricardo Acuña Quispe y los otros dos sobrevivientes del ataque: Ever Soto Quispe y Jonathan Aguilar Gutiérrez. Ambos permanecen hospitalizados mientras continúan las investigaciones.
El abogado de las víctimas, Anthony Crespo Barrionuevo, advirtió que existe un serio peligro de que los testigos sean silenciados por conocer directamente lo ocurrido aquella noche.
“Lo más probable es que quieran silenciar a los testigos directos, a los únicos que saben la verdad, que son ellos tres”, declaró también a Epicentro TV.
El letrado explicó que inicialmente los sobrevivientes permanecían en calidad de detenidos bajo custodia policial, pero la Fiscalía de Derechos Humanos modificó su condición legal y ahora son considerados agraviados dentro del proceso.
Actualmente, los heridos solo cuentan con la presencia de sus familiares, aunque hasta el momento no se han dictado medidas de protección especiales para garantizar su seguridad.
“Aún no la hay. Lo vamos a solicitar”, precisó Crespo, quien aseguró que la Fiscalía de Derechos Humanos podría actuar con mayor objetividad y otorgar las garantías necesarias no solo para Ricardo Acuña, sino también para los otros dos sobrevivientes.
El abogado remarcó que la protección urgente resulta indispensable ante posibles represalias, considerando que los tres testigos serían claves para esclarecer lo sucedido y determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
Política
Exgeneral PNP es sentenciado por enriquecimiento ilícito tras desbalance patrimonial de más de S/ 250 mil
Este martes la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro logró una sentencia condenatoria contra el exgeneral de la Policía Nacional del Perú, Máximo Sánchez, tras demostrarse un incremento patrimonial ilícito durante su paso por importantes cargos dentro de la institución.
El fallo judicial impuso cinco años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil superior a los 300 mil soles.
La sentencia fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la conducción de la fiscal Janny Sánchez Porturas.
Fiscalía acreditó incremento patrimonial injustificado
Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Katerin Yeni Ramírez Ccopa logró demostrar que entre los años 2010 y 2015, Máximo Sánchez incrementó ilícitamente su patrimonio en S/ 250 190.56, monto que no pudo justificar con ingresos legales ni documentación sustentatoria.
Durante ese periodo, el entonces oficial ocupó posiciones estratégicas dentro de la Policía Nacional, incluyendo cargos de alto mando en zonas sensibles como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Huallaga y la dirección de la Región Policial Junín.
Estas responsabilidades le otorgaban una alta exposición institucional y la obligación de transparentar sus ingresos y bienes ante los órganos de control del Estado.
Pericia financiera reveló depósitos masivos
Uno de los elementos centrales del proceso fue la pericia financiera realizada por el Ministerio Público, la cual permitió detectar un patrón de ocultamiento deliberado de activos.
Según la investigación, el exgeneral realizaba depósitos masivos en cuentas a plazo fijo que llegaron a acumular hasta S/ 400 000, una cifra incompatible con los ingresos declarados oficialmente durante su carrera policial.
Sin embargo, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, Máximo Sánchez aseguraba bajo juramento no poseer ahorros, inversiones ni capitales relevantes.
Para la Fiscalía, esta conducta evidenció una clara intención de evadir el control estatal y ocultar la verdadera dimensión de su patrimonio.
No pudo justificar origen legal del dinero
Durante el proceso judicial, el exalto mando policial intentó explicar el origen de los fondos señalando que correspondían a ahorros familiares y a un estilo de vida austero.
No obstante, el Poder Judicial concluyó que dichos argumentos no fueron suficientes ni contaban con respaldo documental que acreditara la legalidad de los recursos.
La falta de sustento sobre el origen del dinero permitió consolidar la acusación por enriquecimiento ilícito, delito que sanciona el incremento patrimonial no justificado de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.
La sentencia establece que el incremento patrimonial afectó no solo el patrimonio público, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden interno.
Reparación civil supera los 300 mil soles
Además de la condena penal, el Poder Judicial dispuso la inhabilitación de Máximo Sánchez para ejercer cualquier cargo público durante un año.
Asimismo, deberá pagar una reparación civil de S/ 300 190.56, monto que incluye la devolución del dinero considerado irregularmente incorporado a su patrimonio, así como una indemnización por el daño ocasionado a la imagen del Estado.
Esta medida busca no solo reparar el perjuicio económico, sino también reforzar el mensaje de sanción frente a actos de corrupción cometidos desde altos niveles de poder.
Política
Delia Espinoza pide al JNE evaluar exclusión de Fernando Rospigliosi tras condena por difamación
La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, presentó un pedido formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se evalúe la exclusión de la candidatura del congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, luego de que fuera condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada.
La solicitud fue dirigida al presidente del JNE, Roberto Burneo, en medio de un proceso electoral que aún no concluye oficialmente y cuando todavía no se determina qué candidatos superarán la valla electoral para integrar la futura Cámara de Diputados y el Senado.
El pedido abre nuevamente el debate sobre los requisitos de idoneidad de los candidatos y la posibilidad de aplicar medidas correctivas incluso en una etapa avanzada del proceso electoral.
La base del pedido: una condena vigente
En el documento remitido al máximo órgano electoral, Espinoza sostiene que la actual condición jurídica de Fernando Rospigliosi como condenado obliga al JNE a revisar si mantiene las condiciones necesarias para continuar en carrera electoral.
“Siendo la actual situación jurídica de condenado del señor Fernando Rospigliosi Capurro, y estando a que no se ha culminado con el cómputo de votos, y por ende no se ha determinado aún quienes han superado la valla para acceder a la Cámara de Diputados y Senadores, es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúe la condición actual de dicho candidato”, señala el escrito.
“Siendo la actual situación jurídica de condenado del señor Fernando Rospigliosi Capurro, y estando a que no se ha culminado con el cómputo de votos, y por ende no se ha determinado aún quienes han superado la valla para acceder a la Cámara de Diputados y Senadores, es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúe la condición actual de dicho candidato”, señala el escrito.
¿Por qué fue condenado Fernando Rospigliosi?
La magistrada Norma Carbajal declaró culpable a Fernando Rospigliosi por difamación agravada tras determinar que realizó afirmaciones sin pruebas contra Delia Espinoza, entonces exfiscal de la Nación.
Entre las expresiones consideradas agraviantes figura haberla calificado públicamente como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, además de otros términos despectivos como llamarla “desquiciada”.
Entre las expresiones consideradas agraviantes figura haberla calificado públicamente como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, además de otros términos despectivos como llamarla “desquiciada”.
Como consecuencia, además de la pena suspendida, se ordenó el pago de una reparación civil de 200 mil soles a favor de Espinoza.
Espinoza recuerda declaraciones de Roberto Burneo
En su presentación, la decana del Colegio de Abogados de Lima también recordó recientes declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, quien afirmó públicamente que el proceso electoral seguía en curso y que el organismo estaba dispuesto a tomar decisiones firmes si fuera necesario.
Espinoza citó sus palabras para reforzar su pedido: “evaluarán todas las incidencias, y que incluso si se tienen que tomar decisiones, así sean las más drásticas, las implementará”.
Según argumenta, el JNE debe garantizar que ningún candidato que ya no cumpla los requisitos legales sea proclamado de manera irregular.
“Parte del adecuado desarrollo del proceso electoral es asegurarse que ningún candidato que ya no reúna los requisitos, o haya incurrido en algún impedimento, sea proclamado de forma ilegal”, sostiene el documento.
Un primer pedido ya fue rechazado
No es la primera vez que se solicita la exclusión de Fernando Rospigliosi por este caso. Semanas atrás, una solicitud similar fue presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2, pero fue declarada improcedente.
La razón principal fue que en ese momento todavía no existía una sentencia formalmente notificada, sino únicamente el adelanto del fallo anunciado por la jueza Norma Carbajal.
El JEE argumentó que no podía actuar sobre la base de una decisión aún no formalizada jurídicamente.
“Advirtiéndose que en el presente caso se ha denunciado la existencia de un adelanto del fallo y no de una sentencia condenatoria”, indicó la resolución.
La sentencia completa fue recién leída y notificada oficialmente a las partes el 15 de abril de 2026.
-
Especiales5 años agoOpinión: LA LIGA CONTRA MESSI
-
Ciencia y Tecnología5 años agoProcesadora peruana Torre Blanca impulsa exportación de fruta a países asiáticos
-
Arte y Cultura4 años agoMinedu reconformará comisión organizadora de Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Murillo”
-
Ciencia y Tecnología5 años agoAtenciones del Servicio de Publicidad Registral en Línea de la Sunarp crecieron en 122 %
-
Lima Norte3 años agoRumbo al GOTHIA CUP en Luxemburgo Suecia con su categoría sub 11 – Señal Alternativa
-
Ciencia y Tecnología5 años agoDepsa lanza nuevo servicio Medical Box para el sector Salud
-
Noticias3 años agoMininter anuncia creación de nueva categoría en PNP
-
Deportes3 años ago🔴#ENVIVO Cienciano vence 5-2 a Alianza Atlético en Cusco