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Colegio de Contadores Públicos recuperará sede de avenida Arequipa
23° Juzgado Civil emitió Resolución que ordena a ex decana Elsa Ugarte desalojar local institucional
Tras 14 años de lucha, el Colegio de Contadores Públicos de Lima – CCPL, retomará el control de la sede institucional ubicada en la Av. Arequipa 998 en el Cercado de Lima, debido a que la jueza Luisa Cano Freitas del 23 Juzgado Civil, tras 4 meses finalmente emitió la Resolución que ordena a la ex decana Elsa Ugarte Vásquez el desalojo del inmueble y se procederá al descerraje.
El referido documento ordena a la parte demandada, Elsa Rosario Ugarte Vásquez y a los terceros ocupantes del predio, que restituyan la posesión del inmueble ubicado en la Urbanización Santa Beatriz (antes Avenida Leguía Mz. 9A, lotes 4 y 6, Urbanización del Fundo Santa Beatriz), conforme a lo ordenado en autos, bajo apercibimiento de proceder con su lanzamiento.
“En los próximos días se procederá al desalojo y posterior descerraje con el apoyo de la Policía Nacional y el juzgado, quienes tendrán que verificar a todas las personas que se encuentren dentro del local y hacer el acta de entrega”, señaló el decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, CPC Rafael Velásquez Soriano.
Además, se refirió a las acciones que se tomarán apenas se recupere la sede principal del CCPL, institución que hace más de una decana ha venido luchando por la recuperación del local principal que fue usurpado por la ex decana Elsa Ugarte y que se negó a devolver pese a que su mandato culminó en el año 2009.
“Apenas recuperemos nuestra sede principal, junto al Consejo Directivo 2021-2023 haremos una grabación de todos los pisos donde se encuentra el mobiliario y los activos fijos en presencia notarial. Tenemos información de que en los últimos meses estuvieron retirando cajas y se hizo la denuncia respectiva en la comisaría de Petit Thouars. Pero como no hay pruebas no procedió la demanda”, destacó el decano Rafael Velásquez.
Asimismo, informó que en la actualidad existen más de 63 mil Contadores Públicos Colegiados, de los cuales 10 mil aún deben regularizar su situación por lo que sus casos serán evaluados por la comisión designada por el Consejo Directivo 2021-2023, para que puedan ejercer su profesión.
“Han transcurrido casi 14 años, pero ya hemos concretado la última instancia. Sólo es cuestión de días para que finalmente recuperemos nuestro local. Es una lucha de varios años pero que finalmente llegará a su fin, gracias a las gestiones que hemos venido realizando desde el primer día de nuestro mandato al frente de la institución”, concluyó el decano Rafael Velásquez.
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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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