Noticias
Complot caviar en caso ‘El Frontón’
ONG IDL logra que secretario de corte IDH se dirija al Perú para forzar y manipular caso judicial, denuncia Luis Giampietri
Por Luis Giampietri Rojas
1. El Caso El Frontón desde el año 2017 (hace 6 años) continúa en Juicio Oral, habiéndose realizado 183 sesiones y todavía no se termina con la lista de testigos de la Fiscalía. La Instrucción comenzó en el 2005 (hace 18 años), se juzga a 36 marinos (Infantería de Marina y FOES) por la debelación del motín armado de los terroristas en la Isla El Frontón en 1986 (hace 37 años).
2. En el 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el Habeas Corpus solicitado por los marinos procesados, decidiendo: a) Que el Caso El Frontón no es Lesa Humanidad; b) Por lo tanto, prescribe; c) Que el caso judicial abierto continúe hasta su conclusión, para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana en el caso Durand y Ugarte; d) Ordena, además, que ese caso judicial concluya en un plazo razonable (para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un plazo razonable para concluir un proceso judicial no debe ser mayor de 50 meses, o sea, 4 años y 2 meses).
Lee también:
Comisión Ad Hoc aprueba fórmula para establecer montos a pagar a fonavistas
3. Se produjo una nueva composición del Tribunal Constitucional, ingresando como magistrados los abogados Espinosa-Saldaña, Ledesma, Miranda y Ramos quienes formaron un grupo de poder de influencia determinante (4 votos sobre 7 miembros) en las decisiones del Tribunal. Es así que en el 2016, emiten una Resolución cambiando la Sentencia del año 2013, interpretando el voto del magistrado Vergara Gotelli para cambiarle de sentido. Es histórico que se haya perpetrado por primera vez este delito contra la majestad de la cosa juzgada. Y, pese a la denuncia constitucional interpuesta, el Congreso disuelto en el 2019 decidió paralizar el trámite a pedido de la Corte Interamericana.
4. En el 2022 la correlación de la tendencia de los votos en el Tribunal Constitucional cambió sustancialmente, por el fallecimiento del abogado Ramos y por la elección del Dr. Ferrero como presidente del Tribunal Constitucional (que le permitía dirimir decisiones en caso de empate). Es así que el Tribunal Constitucional repone la sentencia del 2013 y deja sin efecto la ilegítima decisión del 2016. Esta reposición de la Sentencia, tardó un año en llegar a conocimiento de los jueces que tienen a su cargo el juzgamiento del caso El Frontón, en junio del 2023 (en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada – Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado).
5. En las sesiones semanales de junio del 2023, el IDL argumentó contra la ejecución de la Sentencia del Tribunal Constitucional, convocó al Juicio Oral a otras ONGs APRODEH y FEDAPAZ. Pero, no lograron impedir que la Sala Penal presidida por el Dr. Contreras Cuzcano decidiera por unanimidad declarar que el Caso El Frontón no tiene la calificación de “lesa humanidad”, pero no han decidido aún la fecha en que concluirá el Juicio Oral.
6. El IDL ha movido a la Corte Interamericana para que manipule el juicio de El Frontón, para obstruir la aplicación de la Sentencia del 2013 del Tribunal Constitucional. Y, el día jueves 3 de agosto en la Sesión 183, esa Cuarta Sala Penal presidida por el Dr. Contreras Cuzcano rechazó adelantar opinión sobre las decisiones que adoptará ante pedidos que aún no han sido solicitados por los marinos procesados.
A continuación se mencionan las pruebas de este atropello de los abogados del IDL, utilizando a un secretario de la Corte Interamericana, con la colaboración del Procurador Internacional del Estado peruano y la Secretaria General Interina de la Corte Suprema:
22 junio 2023: Comunicación de un secretario de la Corte Interamericana al Procurador Internacional del Perú y a los embajadores peruanos en Costa Rica y en la OEA, y al IDL y a la ONG norteamericana CEJIL; refiriendo una comunicación del IDL del 15 de junio que no se acompaña, relacionada a observaciones contra un Informe del Gobierno del Perú del 29 de abril del 2022 (ya el IDL estaba indisponiendo al Perú con motivo de la Sentencia del TC). OJO: Esta comunicación de la Corte Interamericana es el anexo B en el Oficio del Procurador del Estado.
06 julio 2023: Comunicación de un secretario de la Corte Interamericana al Procurador Internacional del Perú y a los embajadores peruanos en Costa Rica y en la OEA, y al IDL y a la ONG norteamericana CEJIL; refiriendo una comunicación del IDL del 05 de julio que no se acompaña, cuestionando la Sentencia del 2013 del Tribunal Constitucional. OJO: Esta comunicación de la Corte Interamericana es el anexo C en el Oficio del Procurador del Estado.
20 julio 2023: Oficio N° D000591-2023-JUS/PGE-PPES. El Procurador internacional del estado peruano con este Oficio que consta de 5 páginas numeradas del 1 al 5. Pide al Poder Judicial un informe sobre 3 puntos (ver página 4 del Oficio), el punto 1 se desarrolla en 4 literales (A, B, C y D). OJO: En el Literal 1-D el Procurador Internacional del Perú pide que los jueces del caso El Frontón adelanten opinión informando lo que decidirán.
21 julio 2023: Proveído N° 004754-2023-SG-CS-PJ, la Secretaria General de la Corte Suprema, ejerciendo facultades delegadas por el Presidente del Poder Judicial (SIC ver último párrafo), repite sin ningún control los pedidos del Procurador internacional del estado peruano, repitiendo al pie de la letra el Numeral 1-D que solicita adelanto de opinión sobre lo que decidirán los jueces del Caso El Frontón.
26 julio 2023: Oficio N° 001252-2023-P-CSNJPE-JP, el vocal superior SAHUANAY CALSÍN Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se dirige al presidente de su Cuarta Sala Transitoria de Crimen Organizado, remitiéndole la documentación antes referida (de la Corte Interamericana, del Procurador internacional del estado y de la Secretaría General de la Corte Suprema), indicándole “que proceda conforme a sus atribuciones, en caso corresponda, debiendo dar cuenta a esta Presidencia sobre las acciones efectuadas”. Quiere decir, que el Jefe directo de los Jueces de El Frontón, leyó bien los documentos recibidos, y ordenó bien su atención por los jueces bajo su presidencia.
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = «//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5»;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
Tras la firma de un convenio entre ProInversión y la ATU, ambos trenes entraron a la etapa de estructuración como posibles Asociaciones Público-Privadas con una inversión conjunta que superaría los US$10 000 millones.
Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima avanzaron a la etapa de estructuración como potenciales Asociaciones Público-Privadas (APP), tras la firma de un convenio entre ProInversión y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta es la tercera de cinco fases que debe superar un proyecto para convertirse en APP, y su inicio confirma que el Estado ya validó la viabilidad de ambos trenes bajo ese esquema. El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, explicó que la nueva ley de APP permitirá acortar los plazos habituales de esta etapa, por lo que ambas líneas podrían salir a licitación en un plazo de 12 meses en el mejor escenario. Fue enfático al remarcar que, con el respaldo del próximo gobierno, «este esquema debe durar máximo un año».
En términos técnicos, la Línea 3 tendrá cerca de 35 kilómetros de recorrido subterráneo y una inversión estimada de US$7000 millones, mientras que la Línea 4 sumará 24 kilómetros por unos US$3700 millones, un costo menor porque ya existe un tramo en construcción. Para avanzar con el diseño y la estructuración financiera de ambos proyectos, la ATU y ProInversión coordinan la contratación de una Project Management Office (PMO), que definirá también el mecanismo de financiamiento. Esto es clave que, según el presidente de la ATU, David Hernández, el Estado no está en condiciones de asumir el pago de ambas líneas al contado, puesto que, si se buscara construirlas rápido, habría que desembolsar cerca de US$1000 millones al año, y «la caja del Estado no aguantará esto». Por ello, la estructuración financiera buscará una banca de fomento internacional que permita repartir el pago en 15, 20 o 30 años, en lugar de comprometer el presupuesto público de forma inmediata.
Uno de los mayores retos para evitar que estos proyectos repitan la demora de la Línea 2 es la liberación de predios. Según ProInversión, se han identificado 3562 propiedades que deberán liberarse hasta el 2030, de las cuales solo 575 habían sido adquiridas al cierre de 2025. Para financiar ambas líneas sin depender exclusivamente del pago del Estado, la estructura contempla, además, aprovechar plusvalías o ingresos no tarifarios, bajo un esquema similar al aplicado en el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. De cumplirse el cronograma previsto, las primeras etapas de ambos trenes podrían estar operativas hacia el 2034.
Noticias
CONSEJO FISCAL PIDE AL PRÓXIMO GOBIERNO DEMANDAR ANTE EL TC LEYES DE PENSIONES, CAS Y NUEVAS UNIVERSIDADES
Alonso Segura sostiene que estas normas generan un alto costo fiscal y vicios de inconstitucionalidad, luego de que el Tribunal Constitucional estableciera que el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni siquiera para años futuros.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, planteó que el próximo gobierno aproveche el reciente cambio de criterio del Tribunal Constitucional (TC) para presentar demandas de inconstitucionalidad contra normas ya vigentes que, a su juicio, comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas. El fallo del TC estableció, con carácter vinculante, que la iniciativa de gasto público corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo, sin importar si el impacto presupuestal se produce en el año fiscal en curso o en ejercicios posteriores, un criterio distinto al aplicado hasta ahora en algunos casos particulares.
Entre las normas que Segura considera prioritario revisar figuran las leyes de pensiones con cédula viva para docentes, policías y militares, que a su juicio representan el mayor costo fiscal; los beneficios de gratificación reconocidos a los trabajadores del régimen CAS, cuyo pago el Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha reglamentado; y las leyes que crean nuevas universidades públicas. El exministro de Economía remarcó que el nuevo gobierno tiene hasta seis años para interponer estas acciones y advirtió que la demora en actuar solo profundiza el problema, aunque, dijo, «esto se puede rectificar si es que el nuevo Ejecutivo reacciona».
El magistrado del TC César Ochoa precisó, en otra entrevista, los alcances reales de la sentencia. Explicó que el tribunal no ejerce un control previo sobre las leyes aprobadas por el Congreso, sino que depende de que el Poder Ejecutivo observe o demande las normas que considere inconstitucionales. Ante las dudas de que el fallo pudiera interpretarse como una autorización tácita al Legislativo para aprobar iniciativas de gasto, fue tajante: «No hemos abierto una puerta».
Fuente: RPP
-
Especiales5 años agoOpinión: LA LIGA CONTRA MESSI
-
Ciencia y Tecnología5 años agoProcesadora peruana Torre Blanca impulsa exportación de fruta a países asiáticos
-
Arte y Cultura4 años agoMinedu reconformará comisión organizadora de Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Murillo”
-
Ciencia y Tecnología5 años agoAtenciones del Servicio de Publicidad Registral en Línea de la Sunarp crecieron en 122 %
-
Lima Norte3 años agoRumbo al GOTHIA CUP en Luxemburgo Suecia con su categoría sub 11 – Señal Alternativa
-
Ciencia y Tecnología5 años agoDepsa lanza nuevo servicio Medical Box para el sector Salud
-
Noticias3 años agoMininter anuncia creación de nueva categoría en PNP
-
Deportes3 años ago🔴#ENVIVO Cienciano vence 5-2 a Alianza Atlético en Cusco