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Congreso pone en la mira a alcalde de Mi Perú, Irving Chávez

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Congreso pone en la mira a alcalde de Mi Perú, Irving Chávez


Por: Pablo Carranza

Ante las continuas denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones y consultorías en la actual gestión del alcalde distrital de Mi Perú, Irving Chávez, el congresista de Podemos Perú Enrique Wong Pujada exigió vía oficial al burgomaestre entregar información sobre “los procesos convocados por su municipio”.

Mediante el “Oficio N°029-2023-2024-EWP-CR” fechado el 31 de octubre pasado, el parlamentario amparándose en “lo establecido en el artículo 96° de la Constitución y el artículo 87° del Reglamento del Congreso” le viene exigió al funcionario edil que rinda cuentas sobre “la denuncia efectuada por un medio de comunicación por presuntas irregularidades en la licitación y contratación de Consultorías efectuadas durante su gestión”, dado que, según argumenta, “se estaría utilizando el presupuesto asignado para la ejecución de obras, hecho que perjudica el desarrollo  de su distrito para beneficio de los pobladores”.

Wong Pujada señaló que ya el 21 de julio había hecho el mismo requerimiento al alcalde de Mi Perú, pero que no había respondido.

Ante ello, Wong dijo que si el alcalde de Mi Perú, Irving Chávez, esta vez no responde a la solicitud, conformará una comisión investigadora en el Congreso de la República.

Declaró que “se debe investigar a fondo (lo ocurrido en la municipalidad de Mi Perú) porque no se puede despilfarrar el presupuesto por tantas necesidades que hay. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es profundizar las investigaciones, si es cierto eso de las asesorías, tendríamos que buscar la forma de que sea sancionado”.

Agregó que “nosotros hemos estado en contacto con algunos regidores (de Mi Perú) para que también hagan las investigaciones pertinentes” (…) “Se necesita hacer obras, es importante porque gran parte de la población no tiene agua potable ni alcantarillado, entonces tendríamos que buscar la forma como en vez de buscar consultoría, que inviertan en obras”.

 

ANTECEDENTE

Quien no se quedó atrás es el exlegislador de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue quien fue uno de los primeros en alzar su voz de protesta contra estos presuntos abusos que se vienen dando en la Municipalidad de Mi Perú.

En exclusiva con el diario La Razón, señaló lo siguiente: “Las autoridades del Callao, incluyendo Mi Perú, están malgastando el dinero del Callao y cuando hablo de malgastar el dinero es porque priorizan gastos innecesarios por encima de las verdaderas necesidades de la población, que es una mejor salud, seguridad, obras de infraestructura que generen desarrollo. Si, nosotros queremos que el Callao cambie tenemos que reformar la Ley de Rentas de Aduanas. Este es un dinero adicional al presupuesto normal que se le asigna a las municipalidades, pero que tiene un problema, que cuando se creó no se especificó en qué se debe usar como sí lo tienen, por ejemplo, la Ley del Canon y Sobre Canon en la minería”, manifestó.

“Este dinero extra de rentas aduanas al no tener mandato legal en qué se debe usar. Entonces, se va en gasto corriente y principalmente en sueldos. Y, si vas más al detalle, en locadores de servicios. Te pongo un ejemplo y han creado para este año que yo me he extrañado. Hay un rubro de gastos que le han llamado ‘Propinas a voluntarios’ y se han gastado 120,000 soles en eso”, acotó.

“Si uno analiza la información del Ministerio de Economía, la Municipalidad de Mi Perú al día de hoy está gastando 120,000 soles en propinas a voluntarios. La pregunta que deberían hacerse los regidores, porque son los que fiscalizan al alcalde, ¿quiénes se benefician con estas propinas? y ¿cuál es el concepto que se utiliza para dar esta propina? El otro concepto que yo observé era los “locadores de servicio”, cuando se apertura el presupuesto para todo el año por locadores de servicio en el caso de Mi Perú, aproximadamente se presupuestó S/4’000,000 para todo el año, pero al día de hoy lo han modificado y está en más de 9’000,000, pero ya se han gastado 7’000,000. Lo que quiere decir que van a tener que aumentar porque no le va a alcanzar al ritmo que están gastando este rubro, entonces llegamos a la premisa y este es mi observación. ¡Tanto personal necesita la comuna de Mi Perú que está gastando a la fecha, más de 7’000,000 en locadores de servicio! Osea, que gastan a un ritmo de casi un millón por mes. Y, si un locador gana en promedio 1,000 a 1,500 soles, saca tu cuenta. ¿Cuántos trabajadores tienen por este concepto?”, finalizó.

Añadió: “que el alcalde salga y dé una explicación sobre estas cosas tan elementales pero que creo que frente a niños que están contaminados con plomo y que no hay una autoridad que pueda revertir esta situación, que inviertan en esos niños que están enfermos y no estén gastando en viajecitos y cosas que en realidad me llaman la atención. O salvo que en esa lista de subvención estén los niños que tienen plomo o esos voluntariados que salen a hacer no sé qué trabajo, y bueno en ese sentido estaríamos satisfechos”.





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Expanión minera y gestión social en América Latina

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Expanión minera y gestión social en América Latina

En ciertos territorios, la discusión no empieza con una perforadora sino con una reunión. Antes de que se instale un campamento o se despliegue maquinaria pesada, ya circulan preguntas en radios locales, asambleas vecinales y oficinas municipales. América Latina concentra algunas de las reservas minerales más codiciadas del mundo, pero también una historia compleja en torno a la actividad extractiva. Para las compañías que buscan expandirse desde Estados Unidos hacia la región, el desafío no es únicamente geológico ni financiero. Es, ante todo, político y social.

La minería moderna opera en una vitrina permanente. Cada estudio ambiental, cada comunicado y cada audiencia pública puede inclinar la percepción pública en un sentido u otro. Y esa percepción termina condicionando el ritmo real de la operación.

Permisos que se discuten más allá del expediente

En el papel, el proceso parece claro. Se presenta un estudio de impacto ambiental, se responden observaciones técnicas y, eventualmente, llega la aprobación. En la práctica, el expediente es apenas una parte del escenario.

En países como Chile, Perú o Colombia, los estudios ambientales son analizados no solo por funcionarios técnicos sino también por organizaciones sociales, académicos y periodistas especializados. Las cifras de consumo de agua, los planes de manejo de residuos o las estimaciones de emisiones se revisan con atención. Un término ambiguo o una formulación poco precisa puede abrir interpretaciones que luego se amplifican en el debate público.

En ese contexto, los reportes no funcionan como simples requisitos administrativos. Son documentos que circulan, se citan y se contrastan con declaraciones previas. Cuando la casa matriz produce informes en inglés y las filiales deben presentarlos ante autoridades locales, la consistencia entre versiones deja de ser un detalle técnico y pasa a ser una cuestión de credibilidad.

Comunidades que ya no aceptan respuestas genéricas

En muchas regiones mineras, las comunidades han desarrollado una experiencia acumulada. Conocen los plazos de exploración, distinguen entre etapas del proyecto y manejan información técnica con mayor soltura que en décadas anteriores.

Las reuniones informativas suelen incluir preguntas específicas sobre acuíferos, relaves o rutas de transporte. Frente a ese nivel de escrutinio, los discursos demasiado abstractos pierden efecto rápidamente.

Las empresas que logran avanzar sin interrupciones prolongadas suelen haber entendido que la comunicación no es un apéndice del proyecto. Elaboran materiales accesibles, explican los datos con claridad y evitan contradicciones entre lo que se presenta en el terreno y lo que se publica en informes corporativos.

En ese punto, la coherencia documental cobra un peso decisivo. La traducción de contenidos técnicos —desde estudios hidrogeológicos hasta planes de cierre— requiere un nivel de precisión que preserve los matices del original y los adapte al marco normativo y cultural local. No se trata solo de equivalencias lingüísticas, sino de asegurar que el mensaje conserve su sentido técnico y jurídico.

Reportes que viajan de la cordillera a Wall Street

La minería latinoamericana no se financia exclusivamente en la región. Fondos de inversión, bancos internacionales y aseguradoras exigen reportes alineados con estándares globales de sostenibilidad y gobierno corporativo. Al mismo tiempo, las autoridades locales demandan estudios ajustados a su normativa específica.

El mismo proyecto puede ser evaluado por un regulador provincial, por analistas en Nueva York y por organizaciones ambientales con presencia internacional. En ese circuito, cualquier inconsistencia entre versiones —un dato expresado de manera distinta, una cifra que cambia de contexto— puede generar cuestionamientos.

Las compañías que sostienen operaciones en varios países suelen desarrollar sistemas internos de revisión documental que integran equipos técnicos, legales y de comunicación. No es una formalidad burocrática; es una forma de reducir riesgos reputacionales antes de que se conviertan en conflictos visibles.

La reputación como factor operativo

En mercados extractivos, la reputación no es un intangible etéreo. Tiene efectos concretos sobre cronogramas, financiamiento y continuidad operativa. Un proyecto con permisos aprobados puede enfrentar demoras si la percepción pública se deteriora.

Las redes sociales y los medios locales amplifican rápidamente cualquier señal de contradicción. Una frase mal interpretada en una entrevista o una discrepancia entre documentos puede alimentar sospechas que luego requieren meses para disiparse.

Por eso, algunas empresas han empezado a tratar la comunicación con el mismo rigor que la ingeniería. Incorporan revisiones cruzadas, validaciones técnicas y controles de coherencia antes de publicar estudios o comunicados. No es una cuestión estética; es una forma de blindar la operación frente a lecturas adversas.

Diferencias culturales que inciden en el tono

Más allá de la normativa, existe un elemento menos visible pero igualmente determinante: la cultura. Las compañías estadounidenses suelen privilegiar mensajes directos y estructurados. En ciertas regiones latinoamericanas, el contexto histórico y la sensibilidad social influyen en la manera en que se reciben esos mensajes.

Un informe técnicamente sólido puede percibirse como distante si no contempla el trasfondo local. Del mismo modo, un intento de simplificación excesiva puede interpretarse como falta de transparencia.

Las empresas que logran establecer relaciones estables invierten tiempo en comprender la dinámica del territorio. Analizan antecedentes de conflictos, estudian el rol de actores comunitarios y ajustan el tono de sus comunicaciones sin alterar la precisión técnica.

Una expansión que no termina con la aprobación

Abrir una operación minera no es un punto de llegada. Cada etapa —exploración, construcción, explotación y eventual cierre— introduce nuevos interlocutores y nuevas exigencias documentales. Lo que se afirma en un estudio inicial puede ser revisado años después, cuando la comunidad evalúa resultados concretos.

La expansión sostenible en América Latina parece depender menos de anuncios grandilocuentes y más de una consistencia silenciosa. Los proyectos que se mantienen a lo largo del tiempo suelen haber tejido una relación estable con autoridades, comunidades y mercados financieros.

En ese entramado, la claridad documental y la coherencia entre idiomas no son detalles secundarios. Funcionan como la base sobre la cual se construye —o se desgasta— la confianza. Y en un sector donde cada decisión se observa con atención, esa confianza termina siendo tan valiosa como el propio yacimiento.

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Más de 53 000 efectivos de la PNP resguardarán segunda vuelta electoral

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Más de 53 000 efectivos de la PNP resguardarán segunda vuelta electoral


La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó este viernes el plan de operaciones para la Segunda Vuelta Electoral 2026, que contempla el despliegue de 53 373 efectivos en todo el país, para garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante la jornada democrática.

Desde la Institución Educativa Estatal Melitón Carvajal, en Lince, el ministro del Interior, José Zapata, aseguró que su sector ejecutará con firmeza el encargo del Gobierno central, liderado por el presidente de la república, José Balcázar, de salvaguardar el derecho a sufragio, la institucionalidad y la paz social en todo el país este domingo 7 de junio.

“Frente a esta importante decisión ciudadana, el Gobierno tiene una misión irrenunciable: asegurar que cada ciudadano vote con absoluta paz y confianza. La seguridad de la gente es el centro de nuestro trabajo. Para asegurar la tranquilidad de esta jornada se ha diseñado un plan estratégico y articulado que no deja nada al azar”, remarcó.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) informó también que esta labor de resguardo será complementada con más de 44 000 efectivos de las Fuerzas Armadas, que desarrollarán un trabajo conjunto con la PNP, a fin de brindar seguridad a la población y a los más de 10 000 locales de votación instalados a nivel nacional.

“Quiero ser categórico y enfático: el despliegue electoral no le dará tregua a la delincuencia. El patrullaje preventivo, las operaciones policiales y los servicios de emergencia no se detienen en el país. Mientras resguardamos el orden público, nuestras unidades de inteligencia e investigación criminal seguirán combatiendo el delito con firmeza en cada rincón del país”, enfatizó el ministro Zapata.

Por su parte, el comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, hizo un llamado a la ciudadanía que acudirá a las urnas, exhortándola a cumplir con todas las recomendaciones de seguridad y no hacer caso a mensajes que puedan perturbar esta fiesta electoral.

“Nos queda hacer un llamado a la ciudadanía para que acudan a sus centros de votación, porque toda la seguridad está garantizada a nivel nacional. La Policía Nacional está en alerta absoluta desde hoy hasta que termine el proceso. Estamos dispuestos y preparados para cualquier contingencia.”, aseguró el jefe máximo de la PNP.

En esta actividad también estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor de la PNP, Tnte. Gral. Freddy López Mendoza; el inspector general de la PNP, Tnte. Gral. Augusto Ríos Tiravanti; el jefe del Comando Operaciones Policiales, Tnte. Gral. Luis Flores Solís; el director nacional de Investigación Criminal, Gral. PNP Manuel Lozada Morales; y el jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Jorge Castillo Vargas.



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