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Corte Suprema admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

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Corte Suprema admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada


La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite la querella por difamación agravada interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, un proceso que eleva la confrontación política a la vía penal y abre un nuevo frente judicial de alto impacto institucional.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza suprema Norma Carbajal Chávez, la demanda cumple con todos los requisitos formales y legales establecidos en el Código Procesal Penal, motivo por el cual se declaró procedente su tramitación. El fallo precisa que Espinoza se encuentra legitimada para ejercer la acción penal privada, al ser la persona directamente aludida por las expresiones atribuidas al congresista fujimorista.

En su querella, Delia Espinoza solicita que se imponga a Rospigliosi una pena de 2 años y 4 meses de prisión, además del pago de una reparación civil ascendente a un millón de soles, por considerar que las declaraciones del parlamentario vulneraron gravemente su honor, reputación e imagen pública.

¿Qué originó la querella contra Rospigliosi?

La acción legal se sustenta en una serie de expresiones emitidas por Fernando Rospigliosi entre julio y septiembre de 2025, en las que calificó a la entonces fiscal suprema como “aliada del terrorismo”, “pro terrorista”, “pro delincuente” y “desquiciada”. Dichos calificativos se produjeron tras conocerse una reunión de Espinoza con familiares de las víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, estas afirmaciones fueron difundidas de manera reiterada a través de redes sociales y en diversos programas televisivos, entre ellos espacios transmitidos por Canal N, Panamericana Televisión y Willax. Para la querellante, el alcance masivo de dichas declaraciones agravó el daño ocasionado.

Espinoza sostiene que las expresiones de Rospigliosi no constituyen una crítica política legítima, sino que exceden los márgenes de la libertad de expresión, al atribuirle conductas y afinidades delictivas sin sustento, lo que —según argumenta— configura el delito de difamación agravada.

Pedido de rectificación y negativa del congresista

Antes de acudir al Poder Judicial, Delia Espinoza remitió una carta notarial al presidente del Congreso solicitando una rectificación pública. Sin embargo, el parlamentario no solo rechazó el pedido, sino que calificó la iniciativa como una amenaza, reiterando posteriormente sus afirmaciones en nuevas entrevistas y publicaciones.

Este comportamiento fue incorporado en la querella como un elemento que demostraría la persistencia del presunto agravio, reforzando la tesis de que existió una conducta deliberada destinada a desacreditarla públicamente.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del proceso es el destino que Espinoza ha anunciado para la eventual reparación civil. En declaraciones a Infobae, la fiscal suprema señaló que, de ganar la querella, el millón de soles será íntegramente donado al Hospital de Neoplásicas, con el objetivo de beneficiar a niños y adolescentes que luchan contra el cáncer.

“Para mí ni un centavo”, afirmó Espinoza, subrayando que su motivación no es económica, sino simbólica y reparadora. “Si ha habido una falta de respeto que ha mellado mi honor personal, quiero dedicarlo a los niños que están sufriendo”, expresó.



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Juntos por el Perú presentará segunda denuncia contra Renzo Reggiardo por vulnerar la neutralidad electoral

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Juntos por el Perú presentará segunda denuncia contra Renzo Reggiardo por vulnerar la neutralidad electoral


El partido Juntos por el Perú anunció la presentación de una segunda denuncia formal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

La acción legal será presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, órgano encargado de evaluar este tipo de controversias en primera instancia. Según informó el vocero legal del partido, Roy Mendoza, la denuncia responde a recientes declaraciones públicas del burgomaestre en las que solicitó al Jurado Nacional de Elecciones reconsiderar la posibilidad de convocar elecciones complementarias.

Cuestionamientos por presunta parcialidad política

Desde la agrupación liderada por Roberto Sánchez sostienen que las declaraciones del alcalde no son neutrales, sino que evidenciarían una toma de posición política en favor de Renovación Popular, organización a la que pertenece Reggiardo.

“Consideramos que el alcalde de Lima está adoptando posiciones a favor de una organización política a la cual él es afiliado”, señaló Mendoza, al confirmar que el recurso será formalizado en las próximas horas.

El principio de neutralidad electoral es una de las bases del sistema democrático peruano, especialmente para funcionarios públicos en ejercicio, quienes deben abstenerse de influir directa o indirectamente en el proceso electoral o favorecer a determinadas candidaturas.

El origen de la controversia

El conflicto se origina tras las declaraciones del alcalde capitalino, quien pidió públicamente revisar la posibilidad de realizar elecciones complementarias, argumentando que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a fallas logísticas registradas durante la jornada electoral.

Estas afirmaciones fueron interpretadas por Juntos por el Perú como un intento de incidir en el proceso electoral en curso, lo que —según el partido— podría alterar la equidad de la contienda.

No es la primera vez que la agrupación presenta un recurso de este tipo contra Reggiardo, lo que evidencia una escalada en la confrontación política en medio del conteo y revisión de los resultados electorales.

Defensa del alcalde de Lima

Por su parte, Renzo Reggiardo rechazó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a medios de comunicación, aseguró que su postura responde exclusivamente a la defensa de los derechos ciudadanos y no a intereses partidarios.

El alcalde sostuvo que su solicitud ante el JNE busca garantizar que todos los electores tengan la oportunidad de participar en el proceso democrático, especialmente aquellos que se vieron afectados por problemas logísticos.

“No se trata de favorecer a ningún partido, sino de proteger el derecho constitucional al voto”, enfatizó.



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Abogado de López Aliaga pide salida del presidente del JNE y asegura que 1.5 millones de personas no votaron

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Abogado de López Aliaga pide salida del presidente del JNE y asegura que 1.5 millones de personas no votaron


El proceso electoral 2026 en Perú continúa bajo cuestionamientos. El abogado Wilber Medina, representante legal del candidato presidencial Rafael López Aliaga, afirmó que al menos 1.5 millones de ciudadanos en Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho al voto debido a problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

En declaraciones a RPP, el letrado sostuvo que el retraso en la distribución del material electoral afectó significativamente la instalación oportuna de mesas de sufragio, especialmente en distritos del sur de la capital como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

Fallas logísticas y mesas tardías

Según explicó Medina, las demoras provocaron que varias mesas no se habilitaran en el horario previsto, lo que generó desorden y desincentivó la participación ciudadana.

“En Lima se ha perjudicado a un millón y medio de personas a ejercer su voto, porque las mesas no se instalaron en el tiempo oportuno”, señaló.

El abogado indicó que, debido a estos inconvenientes, se tuvo que extender la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril en 13 locales de votación ubicados en Lima Sur, una medida excepcional adoptada para permitir que más ciudadanos pudieran sufragar.

No obstante, afirmó que el daño ya estaba hecho, ya que gran parte de la población suele acudir a votar durante las primeras horas del día, por lo que las demoras habrían generado un ausentismo significativo.

Críticas a autoridades electorales

En ese contexto, Medina cuestionó duramente la gestión del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por las fallas operativas que afectaron el desarrollo normal del proceso.

Asimismo, dirigió críticas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señalando que, en su calidad de máxima autoridad electoral, también tendría responsabilidad en los problemas registrados.

“El señor no ofrece las garantías para continuar lo que queda en este proceso”, afirmó Medina, sugiriendo incluso que Burneo debería dar un paso al costado.

El abogado argumentó que, según el marco constitucional, el titular del JNE es el principal responsable de asegurar que las elecciones se desarrollen con normalidad, sin contratiempos ni irregularidades.

Insistencia en narrativa de fraude

Bajo este escenario, el representante legal de López Aliaga insistió en la posibilidad de que las deficiencias logísticas puedan haber afectado el resultado electoral, reforzando la narrativa de un supuesto fraude.

“Las elecciones se pueden ganar por un voto. Basta que se restrinja el derecho de algunas personas para que no voten y eso puede cambiar el resultado”, sostuvo.

Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política, donde diversos actores han cuestionado el proceso electoral, mientras avanza el conteo oficial de votos.

El escenario es particularmente sensible debido a que Rafael López Aliaga se encuentra disputando el pase a la segunda vuelta presidencial con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

En ese marco, cualquier irregularidad o cuestionamiento adquiere mayor relevancia, ya que podría incidir en la definición final de los candidatos que participarán en el balotaje.



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