Minería ilegal, reformas del Congreso, estados de emergencia ineficaces y PNP debilitada alimentaron homicidios y extorsiones, según registros oficiales y especialistas.

¿Quién? El sistema político peruano y las fuerzas de seguridad. ¿Qué? Enfrentan una crisis de violencia y criminalidad que incidió en la destitución de Dina Boluarte. ¿Cuándo? Tras el ataque a la banda Agua Marina en Lima y el posterior voto del Congreso (octubre de 2025). ¿Dónde? En diversas regiones del país. ¿Por qué? Aumento de homicidios y extorsiones, y decisiones estatales que no contuvieron el fenómeno. ¿Cómo? Con medidas excepcionales poco efectivas y con una Policía Nacional debilitada, según especialistas y registros oficiales.

Antecedentes y contexto

La inseguridad se consolidó como principal preocupación ciudadana. En el primer semestre de 2025 se reportaron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Sinadef; solo en agosto se registraron 209 homicidios. Human Rights Watch advirtió que Perú figura entre los países de la región donde más crecen las muertes violentas. El hecho gatillador fue el ataque armado contra Agua Marina en Lima; horas después, el Congreso destituyó a Boluarte. El nuevo presidente, José Jerí, anunció “una guerra contra el crimen”.

1) Auge de la minería ilegal

Especialistas vinculan el crecimiento delictivo con la expansión de la minería ilegal. El exviceministro del Interior Ricardo Valdés sostiene que “las economías ilícitas han florecido con la minería ilegal en el centro”, impulsadas por el alza internacional del oro y una respuesta estatal insuficiente.
El Reinfo —creado para formalizar a mineros artesanales— fue prorrogado sucesivamente; críticos como César Bazán lo describen como una “patente de corso”. En junio, el gobierno de Boluarte volvió a extender el registro pese a advertencias sobre impactos ambientales, de seguridad y en pueblos indígenas.
En ese escenario, organizaciones transnacionales (p. ej., Tren de Aragua, Comando Vermelho, Los Choneros) interactuaron con redes locales y ampliaron mercados ilegales, desde la extorsión hasta la explotación sexual, según Valdés.

2) Facilidades a la delincuencia desde el poder

Analistas señalan que algunas reformas legislativas debilitaron herramientas contra el crimen. Bazán afirma que el Congreso aprobó normas que restringen la corroboración de información de colaboradores eficaces, exigen abogados en allanamientos y acortan plazos de prescripción para delitos graves. Valdés añade que “el gran articulador criminal de la minería ilegal tiene representantes en el Congreso y en muchos partidos”.
El descontento social derivó en convocatorias a protestas nacionales contra lo que grupos civiles llaman un “pacto” político.

3) Respuesta “populista” y poco efectiva

La escalada de extorsiones —75 denuncias diarias según datos policiales, con subregistro probable— cambió la percepción de riesgo. Un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia muestra que las denuncias en 2024 duplicaron las de 2018. El organismo estima alrededor de 180 conductores de transporte urbano asesinados este año por negarse a pagar cupos.
Ante casos de alto impacto (como el ataque con granada en San Juan de Lurigancho), el Ejecutivo decretó estados de emergencia y desplegó Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana. Para Bazán, fueron medidas “populistas” que no atacan la raíz del problema; Valdés subraya que la evidencia indica que los estados de emergencia no reducen el crimen organizado.

4) Policía mermada y bajo sospecha

La PNP llegó a esta coyuntura con recursos, personal y formación insuficientes, y bajo investigaciones por corrupción. Con 13 ministros del Interior en cuatro años, la rotación política afectó continuidad operativa.
Bazán advierte de complicidades de mandos con redes criminales; reportes periodísticos citan al presunto cabecilla Erick “El Monstruo” Moreno, quien dijo que policías peruanos lo alertaban sobre seguimientos en Paraguay.
Valdés sostiene que desde el gobierno de Pedro Castillo la policía fue instrumentalizada, generando pugnas internas entre quienes investigaban la corrupción y quienes buscaban frenarla. En la gestión de Boluarte, el coronel Harvey Colchado fue pasado al retiro tras diligencias en un caso que involucraba a la mandataria y a su entorno, lo que expuso tensiones institucionales.

Cifras y documentos clave

• Sinadef 1S-2025: +161 homicidios vs. 1S-2024; 209 en agosto.
• Extorsiones: 75 denuncias diarias (Policía); tendencia al alza desde 2018 (Observatorio del Crimen y la Violencia).
• Transporte urbano: ≈180 conductores asesinados en 2025 por negarse a pagar cupos (estimación del Observatorio).
• Marco minero: prórrogas del Reinfo; críticas académicas y de ONG por su efecto permisivo.

Implicancias políticas, sociales y económicas

• Gobernabilidad: la seguridad se instala como eje de la agenda del gobierno de José Jerí, que prometió una “guerra contra el crimen”.
• Derechos y control civil: el uso recurrente del estado de emergencia tensiona libertades y exige supervisión judicial y parlamentaria.
• Economía regional: la minería ilegal y la extorsión afectan recaudación, inversión y servicios; sectores como transporte y comercio registran costos crecientes por “cupos”.
• Institucionalidad policial: urge una reforma de la PNP (integridad, carrera, tecnología, investigación criminal) para recuperar efectividad y confianza.

Próximas acciones y escenarios posibles

1. Revisión del Reinfo y política integral contra economías ilícitas (oro ilegal, trata, lavado).
2. Agenda legislativa que refuerce investigación fiscal y policial (colaboración eficaz, allanamientos, plazos).
3. Plan nacional contra la extorsión con enfoque financiero (rastreo de flujos, bloqueo de comunicaciones carcelarias) y protección a víctimas.
4. Reforma policial con controles internos independientes, profesionalización y depuración de mandos.
5. Medición pública: reportes mensuales de homicidios y extorsiones, con datos abiertos y auditoría externa.

Panorama

La caída de Dina Boluarte estuvo atravesada por una crisis de seguridad que combinó economías ilícitas en expansión, marcos normativos permisivos, respuestas excepcionales de baja eficacia y una policía debilitada. El reto inmediato del gobierno de José Jerí será contener la violencia y restablecer capacidades institucionales sin vulnerar el Estado de derecho, con resultados medibles en homicidios y extorsiones.