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Cuatro factores que detonaron la oleada de violencia y la caída de Boluarte

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Cuatro factores que detonaron la oleada de violencia y la caída de Boluarte


Minería ilegal, reformas del Congreso, estados de emergencia ineficaces y PNP debilitada alimentaron homicidios y extorsiones, según registros oficiales y especialistas.

¿Quién? El sistema político peruano y las fuerzas de seguridad. ¿Qué? Enfrentan una crisis de violencia y criminalidad que incidió en la destitución de Dina Boluarte. ¿Cuándo? Tras el ataque a la banda Agua Marina en Lima y el posterior voto del Congreso (octubre de 2025). ¿Dónde? En diversas regiones del país. ¿Por qué? Aumento de homicidios y extorsiones, y decisiones estatales que no contuvieron el fenómeno. ¿Cómo? Con medidas excepcionales poco efectivas y con una Policía Nacional debilitada, según especialistas y registros oficiales.

Antecedentes y contexto

La inseguridad se consolidó como principal preocupación ciudadana. En el primer semestre de 2025 se reportaron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Sinadef; solo en agosto se registraron 209 homicidios. Human Rights Watch advirtió que Perú figura entre los países de la región donde más crecen las muertes violentas. El hecho gatillador fue el ataque armado contra Agua Marina en Lima; horas después, el Congreso destituyó a Boluarte. El nuevo presidente, José Jerí, anunció “una guerra contra el crimen”.

1) Auge de la minería ilegal

Especialistas vinculan el crecimiento delictivo con la expansión de la minería ilegal. El exviceministro del Interior Ricardo Valdés sostiene que “las economías ilícitas han florecido con la minería ilegal en el centro”, impulsadas por el alza internacional del oro y una respuesta estatal insuficiente.
El Reinfo —creado para formalizar a mineros artesanales— fue prorrogado sucesivamente; críticos como César Bazán lo describen como una “patente de corso”. En junio, el gobierno de Boluarte volvió a extender el registro pese a advertencias sobre impactos ambientales, de seguridad y en pueblos indígenas.
En ese escenario, organizaciones transnacionales (p. ej., Tren de Aragua, Comando Vermelho, Los Choneros) interactuaron con redes locales y ampliaron mercados ilegales, desde la extorsión hasta la explotación sexual, según Valdés.

2) Facilidades a la delincuencia desde el poder

Analistas señalan que algunas reformas legislativas debilitaron herramientas contra el crimen. Bazán afirma que el Congreso aprobó normas que restringen la corroboración de información de colaboradores eficaces, exigen abogados en allanamientos y acortan plazos de prescripción para delitos graves. Valdés añade que “el gran articulador criminal de la minería ilegal tiene representantes en el Congreso y en muchos partidos”.
El descontento social derivó en convocatorias a protestas nacionales contra lo que grupos civiles llaman un “pacto” político.

3) Respuesta “populista” y poco efectiva

La escalada de extorsiones —75 denuncias diarias según datos policiales, con subregistro probable— cambió la percepción de riesgo. Un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia muestra que las denuncias en 2024 duplicaron las de 2018. El organismo estima alrededor de 180 conductores de transporte urbano asesinados este año por negarse a pagar cupos.
Ante casos de alto impacto (como el ataque con granada en San Juan de Lurigancho), el Ejecutivo decretó estados de emergencia y desplegó Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana. Para Bazán, fueron medidas “populistas” que no atacan la raíz del problema; Valdés subraya que la evidencia indica que los estados de emergencia no reducen el crimen organizado.

4) Policía mermada y bajo sospecha

La PNP llegó a esta coyuntura con recursos, personal y formación insuficientes, y bajo investigaciones por corrupción. Con 13 ministros del Interior en cuatro años, la rotación política afectó continuidad operativa.
Bazán advierte de complicidades de mandos con redes criminales; reportes periodísticos citan al presunto cabecilla Erick “El Monstruo” Moreno, quien dijo que policías peruanos lo alertaban sobre seguimientos en Paraguay.
Valdés sostiene que desde el gobierno de Pedro Castillo la policía fue instrumentalizada, generando pugnas internas entre quienes investigaban la corrupción y quienes buscaban frenarla. En la gestión de Boluarte, el coronel Harvey Colchado fue pasado al retiro tras diligencias en un caso que involucraba a la mandataria y a su entorno, lo que expuso tensiones institucionales.

Cifras y documentos clave

  • Sinadef 1S-2025: +161 homicidios vs. 1S-2024; 209 en agosto.
  • Extorsiones: 75 denuncias diarias (Policía); tendencia al alza desde 2018 (Observatorio del Crimen y la Violencia).
  • Transporte urbano: ≈180 conductores asesinados en 2025 por negarse a pagar cupos (estimación del Observatorio).
  • Marco minero: prórrogas del Reinfo; críticas académicas y de ONG por su efecto permisivo.

Implicancias políticas, sociales y económicas

  • Gobernabilidad: la seguridad se instala como eje de la agenda del gobierno de José Jerí, que prometió una “guerra contra el crimen”.
  • Derechos y control civil: el uso recurrente del estado de emergencia tensiona libertades y exige supervisión judicial y parlamentaria.
  • Economía regional: la minería ilegal y la extorsión afectan recaudación, inversión y servicios; sectores como transporte y comercio registran costos crecientes por “cupos”.
  • Institucionalidad policial: urge una reforma de la PNP (integridad, carrera, tecnología, investigación criminal) para recuperar efectividad y confianza.

Próximas acciones y escenarios posibles

  1. Revisión del Reinfo y política integral contra economías ilícitas (oro ilegal, trata, lavado).
  2. Agenda legislativa que refuerce investigación fiscal y policial (colaboración eficaz, allanamientos, plazos).
  3. Plan nacional contra la extorsión con enfoque financiero (rastreo de flujos, bloqueo de comunicaciones carcelarias) y protección a víctimas.
  4. Reforma policial con controles internos independientes, profesionalización y depuración de mandos.
  5. Medición pública: reportes mensuales de homicidios y extorsiones, con datos abiertos y auditoría externa.

Panorama

La caída de Dina Boluarte estuvo atravesada por una crisis de seguridad que combinó economías ilícitas en expansión, marcos normativos permisivos, respuestas excepcionales de baja eficacia y una policía debilitada. El reto inmediato del gobierno de José Jerí será contener la violencia y restablecer capacidades institucionales sin vulnerar el Estado de derecho, con resultados medibles en homicidios y extorsiones.

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Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta

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Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta


Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.

 Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación

La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».

Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.

El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.

La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.

OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO

El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.

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Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú

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Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú


Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.

Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.

En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.

Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.

La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.

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