Política
Delia Espinoza pide al JNE evaluar exclusión de Fernando Rospigliosi tras condena por difamación
La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, presentó un pedido formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se evalúe la exclusión de la candidatura del congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, luego de que fuera condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada.
La solicitud fue dirigida al presidente del JNE, Roberto Burneo, en medio de un proceso electoral que aún no concluye oficialmente y cuando todavía no se determina qué candidatos superarán la valla electoral para integrar la futura Cámara de Diputados y el Senado.
El pedido abre nuevamente el debate sobre los requisitos de idoneidad de los candidatos y la posibilidad de aplicar medidas correctivas incluso en una etapa avanzada del proceso electoral.
La base del pedido: una condena vigente
En el documento remitido al máximo órgano electoral, Espinoza sostiene que la actual condición jurídica de Fernando Rospigliosi como condenado obliga al JNE a revisar si mantiene las condiciones necesarias para continuar en carrera electoral.
“Siendo la actual situación jurídica de condenado del señor Fernando Rospigliosi Capurro, y estando a que no se ha culminado con el cómputo de votos, y por ende no se ha determinado aún quienes han superado la valla para acceder a la Cámara de Diputados y Senadores, es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúe la condición actual de dicho candidato”, señala el escrito.
“Siendo la actual situación jurídica de condenado del señor Fernando Rospigliosi Capurro, y estando a que no se ha culminado con el cómputo de votos, y por ende no se ha determinado aún quienes han superado la valla para acceder a la Cámara de Diputados y Senadores, es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúe la condición actual de dicho candidato”, señala el escrito.
¿Por qué fue condenado Fernando Rospigliosi?
La magistrada Norma Carbajal declaró culpable a Fernando Rospigliosi por difamación agravada tras determinar que realizó afirmaciones sin pruebas contra Delia Espinoza, entonces exfiscal de la Nación.
Entre las expresiones consideradas agraviantes figura haberla calificado públicamente como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, además de otros términos despectivos como llamarla “desquiciada”.
Entre las expresiones consideradas agraviantes figura haberla calificado públicamente como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, además de otros términos despectivos como llamarla “desquiciada”.
Como consecuencia, además de la pena suspendida, se ordenó el pago de una reparación civil de 200 mil soles a favor de Espinoza.


Espinoza recuerda declaraciones de Roberto Burneo
En su presentación, la decana del Colegio de Abogados de Lima también recordó recientes declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, quien afirmó públicamente que el proceso electoral seguía en curso y que el organismo estaba dispuesto a tomar decisiones firmes si fuera necesario.
Espinoza citó sus palabras para reforzar su pedido: “evaluarán todas las incidencias, y que incluso si se tienen que tomar decisiones, así sean las más drásticas, las implementará”.
Según argumenta, el JNE debe garantizar que ningún candidato que ya no cumpla los requisitos legales sea proclamado de manera irregular.
“Parte del adecuado desarrollo del proceso electoral es asegurarse que ningún candidato que ya no reúna los requisitos, o haya incurrido en algún impedimento, sea proclamado de forma ilegal”, sostiene el documento.
Un primer pedido ya fue rechazado
No es la primera vez que se solicita la exclusión de Fernando Rospigliosi por este caso. Semanas atrás, una solicitud similar fue presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2, pero fue declarada improcedente.
La razón principal fue que en ese momento todavía no existía una sentencia formalmente notificada, sino únicamente el adelanto del fallo anunciado por la jueza Norma Carbajal.
El JEE argumentó que no podía actuar sobre la base de una decisión aún no formalizada jurídicamente.
“Advirtiéndose que en el presente caso se ha denunciado la existencia de un adelanto del fallo y no de una sentencia condenatoria”, indicó la resolución.
La sentencia completa fue recién leída y notificada oficialmente a las partes el 15 de abril de 2026.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.


En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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