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Desde Abancay, Roberto Sánchez plantea una nueva política agraria, industrialización y respaldo a la pequeña minería
Ante una multitud de simpatizantes en la ciudad de Abancay, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó una serie de propuestas orientadas al desarrollo agrícola, educativo, minero y productivo del país, reafirmando que un eventual gobierno suyo priorizará a las regiones históricamente postergadas.
Durante su intervención, Sánchez destacó la necesidad de impulsar grandes proyectos de irrigación para ampliar la frontera agrícola y garantizar la seguridad alimentaria del país. En ese sentido, señaló que experiencias como Chinecas deben servir de lección para que las grandes inversiones lleguen efectivamente a beneficiar a los pequeños productores. “La segunda reforma agraria debe servir para fortalecer la producción, industrializar el campo y generar desarrollo para nuestras familias agricultoras”, sostuvo.
El candidato descartó de manera enfática cualquier intención de expropiación o estatización. “No queremos nacionalizar, expropiar ni quitarle los ahorros a nadie. Eso es mentira. Nuestra propuesta es producir más, generar empleo y fortalecer la economía popular”, afirmó.
En materia educativa, anunció una “revolución de la educación” que garantizará el acceso universal a la educación superior técnica y universitaria. Señaló que ningún joven quedará excluido por razones económicas y comprometió una remuneración mínima equivalente a una UIT para los docentes, además de la homologación salarial de los profesores universitarios y mejores pensiones para los maestros cesantes.
Sánchez también planteó un cambio en el modelo económico basado en la exportación de materias primas. Indicó que el Perú debe exigir transferencia tecnológica e impulsar la industrialización de los recursos minerales para generar valor agregado, empleo y mayores ingresos para el país. “No podemos seguir exportando solamente piedras. Debemos producir cobre procesado, baterías, componentes industriales y tecnología”, expresó.
En relación con Apurímac, asumió compromisos concretos para impulsar la construcción de un hospital de mayor capacidad para la región, promover la integración de Apurímac al proyecto turístico de Choquequirao y facilitar los estudios para la construcción de un aeropuerto que conecte a la región con el resto del país.
Otro de los ejes centrales de su discurso fue el respaldo a la pequeña minería y la minería artesanal. Sánchez propuso la creación de un Banco Minero que otorgue créditos accesibles a los pequeños productores para modernizar sus operaciones y avanzar en procesos de formalización. Asimismo, planteó revisar la legislación minera para adecuarla a la realidad de los pequeños mineros y evitar su criminalización.
“La formalización debe significar apoyo, asistencia técnica y oportunidades. No podemos tratar igual al pequeño minero que a las grandes corporaciones”, manifestó, señalando que la minería artesanal ha sido una fuente de empleo y sustento para miles de familias peruanas.
El líder de Juntos por el Perú también anunció la creación de un fondo de 15 mil millones de soles destinado a financiar emprendimientos y pequeños negocios liderados por hombres y mujeres emprendedoras, mediante créditos blandos, capacitación y asistencia técnica.
Durante la actividad, Sánchez recordó sus raíces familiares en Apurímac y destacó el vínculo histórico de su familia con la región, reafirmando su compromiso con los pueblos andinos. En el plano político, reiteró que Antauro Humala no forma parte de su equipo de gobierno, de su comisión política ni de sus equipos técnicos, precisando que su participación se limita a la de un ciudadano que respalda la candidatura.

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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