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Dictan 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos y Martín Rivas por homicidio de Mariella Barreto

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La Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Especializada de Justicia condenó hoy a 23 años de cárcel al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y a Santiago Martín Rivas, cabecilla del Grupo Colina, por el asesinato de la exagente Mariela Barreto en 1997.

Montesinos y Martín Rivas fueron hallados culpables del delito de homicidio calificado con la agravante de alevosía. El primero como autor mediato y el segundo como autor.

La jueza Miluska Cano indicó en el juicio que está demostrado que el exmilitar se encontraba “de manera irregular” en el cuartel Simón Bolívar el día que la suboficial EP Mariela Lucy Barreto Riofano fue degollada y descuartizada.

“Gozaba de protección, privilegio, un alojamiento del cual él ya no gozaba porque era un militar en retiro (…) se encontraba en un establecimiento militar al que accedió de manera irregular, existía un trato directo con la superioridad (…)”, leyó la magistrada.

“Martín Rivas fue visitado por otros agentes de inteligencia que le daban información de lo que se había detectado, él tuvo que enterarse de la infidencia de la señora Mariela Barreto por lo cual se decidió su muerte”, concluyó Cano. Por esa época, Barreto era señalada de haber filtrado información clasificada a la prensa.

Los restos descuartizados de la exagente fueron tirados a la carretera Lima-Canta, a la altura del kilómetro 25.

El tribunal precisó que las penas impuestas deben computarse desde la fecha en que los condenados se encuentran recluidos, en el caso de Montesinos desde junio del 2001



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PERÚ PALMAS anuncia el I Foro Nacional de Palma Aceitera para impulsar la productividad y la sustitución de cultivos ilegales

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Con el compromiso de promover una agroindustria moderna, competitiva y sostenible, PERÚ PALMAS anunció la realización del I Foro Nacional de Palma Aceitera: “Productividad y sustitución de cultivos ilegales para un desarrollo sostenible con visión global”, que se llevará a cabo el 19 de noviembre de 2025, a las 14:00 h, en el Hotel Hilton de Chacarilla.

El encuentro reunirá a representantes del Estado, sector privado, productores, cooperación internacional y gobiernos regionales, con el objetivo de fortalecer un diálogo multisectorial orientado al desarrollo sostenible de la cadena de valor de la palma aceitera en el Perú.

La palma aceitera sostenible se posiciona actualmente como una alternativa productiva clave para la diversificación económica, la reconversión de cultivos ilegales y el fortalecimiento del desarrollo rural en la Amazonía. En ese contexto, el foro busca articular y alinear los esfuerzos de las políticas públicas nacionales —como la Política Nacional contra las Drogas y la Estrategia Nacional de Cambio Climático— con las iniciativas privadas y regionales que impulsan un modelo de crecimiento ambientalmente responsable.

Entre los temas que serán abordados durante la jornada destacan las experiencias en certificación y financiamiento verde, los avances tecnológicos aplicados a la agroindustria, los principales retos regulatorios vinculados a la producción de biocombustibles y las oportunidades de cooperación internacional e inversión sostenible que pueden fortalecer el desarrollo del sector.

“Desde PERÚ PALMAS reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades amazónicas. La palma sostenible no solo es una alternativa productiva, sino un camino hacia un Perú más inclusivo, más limpio y con futuro”, señaló Ledgard Árevalo Díaz, presidente de PERÚ PALMAS.

El I Foro Nacional de Palma Aceitera se consolidará así como un espacio de articulación estratégica que permitirá intercambiar experiencias, promover alianzas y fortalecer una actividad que contribuye tanto a la competitividad nacional como al desarrollo ambiental y social del país.

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Pueblo Libre Lidera Debate: Alcaldesa Mónica Tello Cuestiona Viabilidad de Armas No Letales para Serenos

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En el marco de la I Sesión Territorial de la Mancomunidad Municipal Lima Centro sobre el Estado de Emergencia 2025, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, junto a su par de Surquillo, Cintia Loayza, pusieron el foco en los desafíos logísticos y presupuestarios para equipar a los serenos con armas no letales. Ambas autoridades calificaron la medida como «limitante e inviable» debido a la falta de presupuesto, vacíos legales y el riesgo inherente para el personal municipal.

La reunión, presidida por el alcalde de Miraflores y presidente de la Mancomunidad, Canales, sirvió para evaluar los resultados de la declaratoria de emergencia en la lucha contra la criminalidad.

Resultados Positivos, Pero con Necesidades

El alcalde Canales destacó que la declaratoria de emergencia «ha dado resultados» y respaldó la labor de la Policía Nacional. «Hay una acción mucho más comprometida de la Policía Nacional y demás autoridades para reducir la delincuencia,» indicó tras la sesión, que contó con la presencia de altas autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, Osiptel, ATU y Migraciones.

Por su parte, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, presentó cifras contundentes, avalando el éxito de la norma:

  • 70% de detenidos.
  • 60% de incautación de armas.
  • Más de 12 mil cartuchos de doble capacidad destructiva.
  • Más de 100 toneladas de pirotécnicos decomisados.

«Por supuesto que estas normas han tenido resultados, objetivamente hemos tenido resultados en base a los números,» sostuvo Arriola.

Acciones Complementarias de la Justicia

En otros acuerdos clave, el Fiscal Superior Titular Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, anunció la creación de fiscalías de bandas para Lima, Callao, Chiclayo y Sullana. Mientras se implementan, las 16 fiscalías de crimen organizado asumirán las investigaciones de extorsión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, enfatizó el compromiso judicial: «Los jueces están involucrados en buscar cambios normativos y mejores manuales operativos para lograr resultados.»

Finalmente, representantes de Osiptel hicieron un llamado a los municipios a asumir un rol más activo en la fiscalización de la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, buscando reducir su uso delictivo.

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