Una presunta organización criminal dedicada a la prostitución y al tráfico de drogas dentro de penales del país estaría siendo dirigida desde el penal de Lurigancho por un interno condenado precisamente por estos delitos.
De acuerdo con denuncias de familiares de internos y fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), varias mujeres son captadas a través de redes sociales o mediante contactos directos. Sin embargo, una vez que aceptan participar en la red, ya no pueden abandonar la actividad debido a amenazas de muerte.
Según los denunciantes, el responsable sería Levi Bautista Auris, quien en setiembre de 2024 fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de explotación sexual —incluida explotación de menores— y favorecimiento a la prostitución.
“A Bautista Auris le decían ‘el doctor’ porque cuando estaba en libertad colocaba prótesis o silicona a las meretrices con las que trabajaba; las ‘tuneaba’”, relató un informante.
El programa “China Polo” difundió el testimonio de una trabajadora sexual, quien señaló que fue contactada para llevar supuestos medicamentos a un interno. Sin embargo, los frascos estaban llenos de pasta básica de cocaína (PBC) y cocaína.
Según la información revelada, el gramo de PBC dentro del penal se vendería a dos soles, y cada mujer que ingresa al establecimiento penitenciario podría introducir hasta 800 gramos de droga. Con esta modalidad, se calcula que podrían obtener ganancias de hasta 50 mil soles semanales.
El reportaje de Panamericana Televisión también presentó dos testimonios: el de una interna del penal de Mujeres de Chorrillos y el de un recluso del penal de Lurigancho.
“Una vez que aceptas, cuando sales del penal te siguen, porque ese sujeto tiene gente afuera. Van a tu casa, toman fotos, graban a tu familia y luego te llaman desde dentro del penal para decirte qué tienes que hacer. Si no aceptas, te matan”, denunció un interno.
Actualidad
“Doctor” del proxenetismo dirigiría mafia desde prisión
De un disparo frente a su hermana fue asesinada una vendedora de golosinas, identificada como Alondra Aquino Huanca (22), en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del ingreso vehicular del Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito limeño de Independencia.
Según información policial, alrededor de las 4 y 50 de la mañana, la vendedora de golosinas se encontraba en su puesto atendiendo a los viajeros que llegan a dicho punto para realizar el conocido «Full Day».
La joven continuaba con sus ventas cuando un delincuente abordo de una motocicleta, vestido con una polera blanca y pantalón gris oscuro, hizo disparos contra la víctima.
El delincuente cruzó la avenida Panamericana Norte y subió una motocicleta con destino al centro de la capital.
De acuerdo con el acta policial, la hermana de la víctima descartó un caso de feminicidio, ya que no tenía pareja; además, según su declaración, al momento del disparo ella «observó a dos sujetos que trabajan como choferes de colectiveros informales, quienes se dieron a la fuga».
La policía presume que los autores del hecho serían colectiveros informales que realizan servicios en el lugar» y sería de una empresa que era la competencia en donde «trabajaba la víctima», señalando a dos personas «de nacionalidad venezolana» como presuntos responsables del hecho.
El Poder Judicial impuso la medida por el delito de violencia contra la autoridad y fijó un monto de reparación civil a favor del trabajador afectado.
El Poder Judicial condenó este sábado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida a un chofer informal que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en San Borja. Además, el fallo judicial ordena al sentenciado pagar una reparación civil económica tanto a la institución como al colaborador afectado.
El ataque se registró el pasado 27 de mayo en la Vía Expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura. En ese punto, el inspector intervino un vehículo informal de placa BLZ-207, desatando la violenta reacción del conductor, quien lo agredió físicamente.
Ante la agresión, un agente de la Policía Nacional (PNP) que resguardaba el operativo intervino de inmediato, detuvo al sujeto y lo trasladó a la comisaría del sector. Posteriormente, la Fiscalía lo procesó por el delito de violencia contra la autoridad para la administración pública.
Apenas 48 horas después del incidente, se instaló la audiencia donde el acusado admitió su culpabilidad y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo que aceleró la emisión de la sentencia.
A través de un comunicado, la ATU destacó que este fallo marca un precedente clave contra las agresiones que padece su personal en la lucha contra el transporte informal. Finalmente, la entidad ratificó su compromiso de mantener los operativos en Lima y Callao, junto a la PNP, para asegurar un servicio público formal y seguro.
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