El viaducto elevado de 983 metros busca eliminar el cuello de botella en La Molina; sin embargo, expertos advierten que la obra podría no ser una solución integral.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) anunció que este lunes 26 de enero se dará inicio a una marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, previa a la construcción del proyecto Vía Rápida Javier Prado Frutales–El Golf. La obra principal consiste en un viaducto elevado de 983 metros de longitud con dos carriles por sentido, diseñado para aliviar uno de los principales cuellos de botella en Lima Este. El inicio formal de las restricciones de tránsito y la ejecución de la obra están programados para el jueves 29 de enero.

El proyecto ha generado opiniones divididas entre las autoridades y especialistas. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la iniciativa afirmando: “Tengo que respaldar a mis funcionarios”, destacando que el diseño del viaducto responde a un análisis exhaustivo para mejorar la transitabilidad. Por el contrario, Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, señaló que “el proyecto no va a solucionar el problema, solo va a trasladarlo de un lugar a otro”, mientras que el Colegio de Arquitectos advirtió que la obra no aparece en los planes oficiales de desarrollo urbano como el Plan Lima 2040.

Para mitigar el impacto, se han establecido rutas alternativas específicas según el tipo de transporte. El flujo privado podrá utilizar vías como la Av. Raúl Ferrero y la Av. La Fontana, mientras que el transporte pesado será desviado hacia la Panamericana Sur y la Av. Separadora Industrial. Durante la marcha blanca, se contará con la presencia de banderilleros y efectivos de la Policía Nacional para evaluar el flujo vehicular en los puntos críticos. El objetivo final es fortalecer la movilidad urbana en una zona estratégica que conecta Lima Este con el resto de la metrópoli.

Fuente: El Comercio

El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 009-2026-PCM para proteger al sector transporte, pero especialistas señalan que los umbrales bancarios actuales no detectan los montos bajos de las extorsiones.

El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 009-2026-PCM con el objetivo de reducir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y de mercancías. La norma establece medidas agrupadas en cuatro niveles: prevención financiera, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica. Entre las disposiciones destaca la supervisión de la SBS sobre los flujos de dinero vinculados a denuncias, buscando desarticular las redes económicas del crimen organizado mediante la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la PNP.

Sin embargo, especialistas en seguridad han cuestionado la operatividad de estas medidas en la realidad peruana. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, explicó que el sistema financiero suele monitorear transacciones a partir de los $1,000, mientras que los pagos extorsivos suelen ser montos pequeños y frecuentes. Según Valdés: “En estos momentos, los umbrales que existen en el sistema financiero no están preparados para captar estos movimientos”. Asimismo, criticó la mención al sistema tecnológico C5i, afirmando que su implementación requiere una inversión millonaria con la que el país no cuenta actualmente.

En cuanto a la respuesta táctica, el decreto dispone el patrullaje focalizado y el uso de botones de pánico, aunque expertos como Frank Casas señalan limitaciones logísticas. Casas advirtió que la efectividad del patrullaje depende de las denuncias, las cuales son escasas por temor a represalias, y subrayó que los botones de pánico suelen ser inoperativos para delitos sistemáticos como la extorsión telefónica. Pese a las críticas, la norma faculta al Ministerio de Transportes a certificar rutas y terminales seguros, incorporando progresivamente cámaras integradas a los sistemas de comando policial.

Fuente: El Comercio