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El nuevo gobierno buscaría cambiar la ruta económica que el país ha seguido en los últimos 20 años – Agencia de Noticias Órbita

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Lima, 20 de agosto del 2021.- La llegada al poder de Pedro Castillo, ha causado mucha incertidumbre respecto a la política económica que tomaría su gobierno. El Instituto Peruano de Economía, ha realizado un análisis de los anuncios más importantes ligados a la economía y políticas públicas dados en el discurso de toma de mando.

En general, los principales anuncios del discurso se alinean con el objetivo de instalar una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Con ello, el nuevo gobierno buscaría cambiar la ruta económica que el país ha seguido en los últimos 20 años, la cual ha traído grandes beneficios.

Reforma de la Constitución

Castillo hizo énfasis en su intención de promover una nueva Constitución. En su discurso, habló sobre el objetivo de evitar que solo grandes corporaciones se beneficien de las riquezas del país y que el Estado tenga libertad de promocionar, vigilar y regular de acuerdo con el interés de las mayorías.

El presidente indicó que se respetará la normativa actual que rige los procesos de reforma constitucional. Por lo que se presentará al Congreso un proyecto de ley para ser aprobado y luego sometido a referéndum nacional. Pese a ello, la ruta a seguir para la reforma es aún incierta.

De acuerdo a una encuesta nacional urbano-rural realizado por Ipsos el 22 y 23 de julio del 2021, solo el 32% de personas estarían a favor de una reforma total de la Constitución; un 40% estaría a favor de realizar camios parciales y un 25% preferiría que esta no se cambie. Es importante mencionar que actualmente se cuenta con mecanismos de reforma parcial de la Constitución.

Poco énfasis en la inversión privada como motor de la economía y el empleo

El discurso presidencial puso en evidencia el reducido interés por posicionar a la inversión privada como un medio para alcanzar objetivos como un mayor crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo. Durante todo el discurso, el término inversión se mencionó en apenas tres oportunidades para hacer alusión a las inversiones del sector privado. Además, indicó que dichas inversiones estarán sujetas a un nuevo pacto orientado a la generación de rentabilidad social.

En general, el mensaje no reconoce el aporte que ha tenido la inversión privada al crecimiento del país durante las últimas dos décadas de expansión de la economía peruana.

Promoción de empleo a través de proyectos de inversión pública

Se propuso la creación de un millón de puestos de trabajo en el primer año de gobierno a través de inversión pública y generación de empleo temporal. Sin embargo, esta propuesta tendría una viabilidad limitada en la práctica, dado que durante los últimos 16 años la máxima cantidad de nuevos puestos de trabajo que se han podido generar en un año asciende a 560 mil empleos, en su mayoría del sector privado.

Además, la creación de un millón de puestos de trabajo mediante programas públicos de empleo temporal implicaría duplicar los logros totales alcanzados por Trabaja Perú durante los últimos 10 años.

Implementación de programas de financiamiento público

Según Castillo, los programas de financiamiento implementados durante la pandemia (como Reactiva Perú) no habrían beneficiado a las mayorías, al sector agrario, a las MYPES y a los consumidores. En este sentido, propone ampliar los periodos de gracia, facilitar la reprogramación de deudas de las PYME, crear nuevos programas de crédito orientado a la protección de empleos, y priorizar los sectores más afectados por la pandemia.

La experiencia reciente sugiere que este tipo de préstamos -que no analizan adecuadamente la capacidad de pago de los prestatarios- son bastante riesgosos y tienen poca probabilidad de ser devueltos. En el 2020, el 90% de la cartera de Agrobanco se considera de alto riesgo. Además, su tasa de morosidad se ha incrementado progresivamente en los últimos años y, en el 2019, alcanzó un nivel de 85%. En los últimos cinco años, las pérdidas acumuladas por la institución financiera ascienden a más de S/700 millones. Finalmente, se debe tener en cuenta que varios de los préstamos otorgados por Agrobanco se encuentran en proceso de investigación por posible corrupción de los funcionarios

Medidas de control de tasas de interés

El presidente mencionó que acabaría con los abusos de las entidades financieras, las cuales cobran hasta 200% por créditos. Dijo que el Banco de la Nación, por ejemplo, deberá estar en capacidad de proporcional al ciudadano, todos los servicios bancarios disponibles, con tasas razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura.

Señaló además que, para las PYMES, se prevé implementar fondos de crédito con tasas preferenciales a través de las entidades financieras privadas y el Banco de la Nación; con topes diferenciados, según el requerimiento de cada rubro y sector. Sin embargo, imponer tasas de interés máximas tendría efectos adversos sobre el acceso al crédito formal de las empresas y personas de menores ingresos, ocasionando que no puedan acceder a un crédito o lo hagan a través del mercado informal, que implica mayores tasas de interés y métodos de cobranza peligrosos e ilegales.

Participación del Banco de la Nación en el mercado financiero

La propuesta de que el Banco de la Nación otorgue a los ciudadanos todos los servicios bancarios disponibles, con tasas razonables que le permitan competir en el mercado bancario peruano, estaría en contra del principio de subsidiariedad, que prohíbe la participación del Estado en actividades empresariales que ya sean realizadas de forma más eficiente por el sector privado.

Además, dicha medida ignora el hecho de que en el Perú ya habría un adecuado nivel de competencia a nivel de las cajas, microfinancieras y cooperativas, que se encargan de atender principalmente a MYPE y a la población de bajos recursos.



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Pueblo Libre Lidera Debate: Alcaldesa Mónica Tello Cuestiona Viabilidad de Armas No Letales para Serenos

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En el marco de la I Sesión Territorial de la Mancomunidad Municipal Lima Centro sobre el Estado de Emergencia 2025, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, junto a su par de Surquillo, Cintia Loayza, pusieron el foco en los desafíos logísticos y presupuestarios para equipar a los serenos con armas no letales. Ambas autoridades calificaron la medida como «limitante e inviable» debido a la falta de presupuesto, vacíos legales y el riesgo inherente para el personal municipal.

La reunión, presidida por el alcalde de Miraflores y presidente de la Mancomunidad, Canales, sirvió para evaluar los resultados de la declaratoria de emergencia en la lucha contra la criminalidad.

Resultados Positivos, Pero con Necesidades

El alcalde Canales destacó que la declaratoria de emergencia «ha dado resultados» y respaldó la labor de la Policía Nacional. «Hay una acción mucho más comprometida de la Policía Nacional y demás autoridades para reducir la delincuencia,» indicó tras la sesión, que contó con la presencia de altas autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, Osiptel, ATU y Migraciones.

Por su parte, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, presentó cifras contundentes, avalando el éxito de la norma:

  • 70% de detenidos.
  • 60% de incautación de armas.
  • Más de 12 mil cartuchos de doble capacidad destructiva.
  • Más de 100 toneladas de pirotécnicos decomisados.

«Por supuesto que estas normas han tenido resultados, objetivamente hemos tenido resultados en base a los números,» sostuvo Arriola.

Acciones Complementarias de la Justicia

En otros acuerdos clave, el Fiscal Superior Titular Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, anunció la creación de fiscalías de bandas para Lima, Callao, Chiclayo y Sullana. Mientras se implementan, las 16 fiscalías de crimen organizado asumirán las investigaciones de extorsión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, enfatizó el compromiso judicial: «Los jueces están involucrados en buscar cambios normativos y mejores manuales operativos para lograr resultados.»

Finalmente, representantes de Osiptel hicieron un llamado a los municipios a asumir un rol más activo en la fiscalización de la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, buscando reducir su uso delictivo.

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Munis en la mira: Serenos podrán patrullar con pistolas eléctricas

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Alcaldesas de Surquillo y Pueblo Libre opinan que implementación de nueva norma requiere mayor presupuesto y modificar Ley Orgánica de Municipalidades

El reciente Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, aprobado por el Ministerio del Interior (Mininter), ha abierto un nuevo capítulo en la seguridad ciudadana: por primera vez, los agentes de los servicios de serenazgo municipal podrán portar pistolas eléctricas o de electrochoque, además de cámaras corporales, grilletes y aerosoles de pimienta.

Si bien la norma pretende “la modernización y profesionalización del serenazgo municipal” y la necesidad de fortalecer su coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el avance de la delincuencia, también plantea tantas interrogantes como promesas.

La norma exige dotar de armas eléctricas a un cuerpo cuya función tradicional ha sido preventiva, que porten cámaras corporales activas que registren sus intervenciones con el fin de garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos, pero ¿están los municipios preparados para asumir la supervisión, el entrenamiento y su implementación?

Para la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, el decreto crea vacíos, contradicciones normativas y riesgo de inconstitucionalidad, ya que asigna funciones que no están previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. «Se tendría que modificar la Ley Orgánica de Municipalidades si se quiere otorgar nuevas funciones al serenazgo. De lo contrario, se está violando el marco legal», indicó.

Reconoció que la intención de la norma es válida ante el aumento de la criminalidad, pero pidió al Ejecutivo revisar el contenido del decreto y evitar imponer normas que generen conflictos de aplicación.

Falta de presupuesto
En cuanto al presupuesto, la alcaldesa surquillana subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido un dispositivo que autorice o asigne recursos específicos a las municipalidades para cumplir con la adquisición de pistolas eléctricas, cámaras corporales u otros implementos mencionados en el reglamento.

Además, señaló que la norma fue excluida de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), lo cual a su juicio refleja una falta de rigor técnico. «Tenemos programaciones multianuales definidas. No se puede exigir de un día para otro nuevas obligaciones sin asignar presupuesto ni evaluar los efectos», dijo.

Un sereno no es un policía
En la misma línea, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, respaldó la intención de la norma, pero advirtió que su aplicación debe ser gradual y acompañada de un presupuesto específico para las municipalidades.

Dijo que los municipios, con el nuevo dispositivo, enfrentará un reto para el cual no están plenamente preparados ni financiados. Mencionó que muchas municipalidades dependen casi exclusivamente de lo que pagan los vecinos mediante arbitrios.

«Algunas municipalidades podrán comprar estos implementos, pero muchas otras no. No todas tienen los mismos recursos. La ley está bien, pero debe venir con presupuesto», enfatizó.
“Estamos asumiendo una función que no nos corresponde directamente. Un sereno no es un policía y no está preparado para eso”, añadió.

Por : Marco Cáceres A.

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