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EL PERÚ NO PUEDE DARSE EL LUJO DE PONER EN PAUSA LA INVERSIÓN PRIVADA
Con un margen fiscal cada vez más estrecho, especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá garantizar estabilidad jurídica y destrabar proyectos para sostener el empleo formal, los salarios y el crecimiento económico.
El próximo Gobierno asumirá el reto de gestionar una economía que, tras alcanzar en 2025 un crecimiento de la inversión privada del 11.3 %, su cifra más alta desde 2012, requiere de garantías de predictibilidad para no perder el impulso. Este dinamismo ha sido el motor detrás de la mayor expansión del empleo formal en 13 años, evidenciando que el bienestar social depende directamente de la confianza empresarial. Al respecto, el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), enfatiza que la relación entre ambos factores es determinante: «Que la inversión privada haya crecido y que el empleo formal haya venido creciendo bien no coinciden mágicamente, hay una relación directa causal».
Para consolidar esta tendencia, resulta imperativo respetar los 1071 convenios de estabilidad jurídica que el país mantiene con inversionistas de 50 países, los cuales involucran montos por US$32,000 millones. Estos instrumentos, que tienen calidad de contratos con fuerza de ley, son esenciales para reducir la incertidumbre en proyectos de largo plazo. Cualquier intento de alterarlos enviaría una señal de alarma que ahuyentaría el capital. «Si alguien promete cambiar la regla de juego, poner impuestos, cambiar la regulación, estatizar, romper contratos, va a significar veneno para la inversión», advierte el economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult.
Asimismo, el nuevo Ejecutivo debe enfrentar con urgencia el estancamiento de más de US$60,000 millones en proyectos mineros paralizados por trabas administrativas que duplican el promedio de espera mundial. La eliminación de esta «tramitología» es vital, dado que el sector minero es un contribuyente estratégico para el Estado. Por último, con finanzas públicas bajo presión y un margen fiscal estrecho, la inversión privada se presenta como el único medio para garantizar servicios básicos. El IPE señala que esta inversión es la vía exclusiva para generar empleo sostenible y reducir la pobreza. En esa línea, Cuba explica que otro factor clave para la producción son los trabajadores y advierte que, si la inversión no avanza al ritmo que el crecimiento de la población, el capital por personas podría caer. “Y eso afecta a los salarios, la productividad y el futuro del Perú. O sea, no podernos darnos el lujo de parar la inversión privada, más bien tenemos que acelerarla», concluye Cuba.
Fuente: El Comercio, Gestión, La República, Redimin
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LAS DECISIONES DEL EJECUTIVO SIGUEN SIENDO CLAVE PARA CAMBIAR PROBLEMAS ESTRUCTURALES, AFIRMA EL IPE
Decisiones en presupuesto, seguridad, empleo y política social siguen teniendo efectos sobre el desempeño económico y el bienestar de la población.
Las decisiones del Poder Ejecutivo tienen un peso determinante sobre distintos problemas estructurales del país, se cuente o no con mayoría en el Congreso. En ese contexto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) sostiene que áreas como presupuesto, seguridad, empleo, política social e inversión continúan bajo responsabilidad directa del Gobierno y tienen efectos sobre el desempeño económico y las condiciones de vida de la población.
En esa línea, el informe El Mito del Ejecutivo que no hace daño, del IPE, advierte que sostener mejoras en indicadores sociales dependerá también de las decisiones que adopte la siguiente gestión. El documento señala: “El Ejecutivo conserva amplias herramientas para afectar decisivamente en la economía y el bienestar de la ciudadanía, para hacer grandes cambios, para destruir el Estado desde adentro”.
Esto cobra relevancia en un contexto en el que la pobreza monetaria alcanzó al 25,7 % de la población peruana en 2025, una reducción de 1,9 puntos porcentuales frente al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Carlos Gallardo, gerente general del IPE, sostuvo que el Gobierno conserva herramientas concretas para intervenir sobre problemas estructurales que afectan el bienestar de la población. “El presidente, y el Ejecutivo en general, guarda una serie de capacidades para hacer o deshacer en el país”, indicó. Como ejemplo, señaló: “¿Quién determina cómo opera la Policía, dónde opera, cómo se despliega, qué trabajo de inteligencia se hace? El Ejecutivo”.
Gallardo agregó que el Gobierno también mantiene capacidad para definir prioridades presupuestales y conformar instancias de acción pública mediante decisiones administrativas. “¿Quién conforma la Alta Comisión contra la Minería Ilegal? El Ejecutivo. Es el que determina con normas que no requieren ley”, acotó. En esa línea, el documento del IPE sostuvo que la siguiente gestión seguirá teniendo margen para incidir sobre problemas estructurales mediante decisiones en áreas clave, y remarcó que “lo que hace o no el Ejecutivo afecta la economía y el bienestar de las personas”.
Fuente: InfoActiva
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DESMIENTEN A ROBERTO SÁNCHEZ: JNE DESCARTA IRREGULARIDADES EN CÉDULAS DEL EXTRANJERO, INFORMÓ PERÚ 21
“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su vocera Grecia Rentería, descartó la existencia de irregularidades en el procesamiento del voto en el exterior, en respuesta a las denuncias públicas de presuntas anomalías en la segunda vuelta electoral por parte de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
Al ser consultada sobre los cuestionamientos formulados por la agrupación Juntos por el Perú respecto a supuestos cambios de reglas en la digitalización de los sufragios en el extranjero, la representante del organismo electoral declaró que es la ONPE la encargada de esclarecer este punto, por otro lado, desde la fiscalización de su propia entidad, aseguró que «no hemos contado con ninguna irregularidad señalada””, informó Perú 21.
Fuente: Perú 21
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