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Estado de emergencia: alcaldes destacan entrega de más presupuesto para seguridad – Diario Nacional Realidad.PE
Los alcaldes de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, en Lima; y Sullana, en Piura, destacaron la entrega de más presupuesto para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana por parte del Poder Ejecutivo, y resaltaron los efectos positivos del estado de emergencia decretado en sus respectivas jurisdicciones.
Fue tras sostener una reunión con la presidenta Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno, en la que también participó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.
Terminada la cita, y en rueda de prensa, el alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón, expresó el agradecimiento de los distritos de su jurisdicción por la declaratoria de emergencia dispuesta. “Necesitamos esto para poder mejorar la eficacia de la Policía Nacional”, señaló el burgomaestre.
Expresó, asimismo, su reconocimiento a la presidenta Dina Boluarte por su disposición a “inyectar fondos económicos” para solucionar los problemas vinculados a la seguridad ciudadana. Indicó que en la reunión se habló de ello, garantizándose desembolsos a favor de entidades como la Policía Nacional y el Ministerio Público.
De igual manera, Mogollón adelantó que, en su caso, se trabajará en conjunto con las unidades de flagrancia que el Poder Judicial mantiene, y se organizará a la población para reforzar la seguridad.
Más serenos y cámaras de vigilancia
A su vez, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, calificó de “auspiciosa” la cita con los representantes del Ejecutivo, y saludó el otorgamiento de recursos presupuestales.
Precisó que esto último servirá, en el caso del distrito a su cargo, para realizar contrataciones en el cuerpo de serenazgo y para la recuperación de espacios públicos que han sido tomados por la delincuencia. Saludó, de igual manera que se asignen más recursos a entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía.
Esto conllevará –dijo– a que acabe “la silla giratoria” que representa el que un delincuente capturado salga en libertad 48 horas después de haber sido detenido, para luego volver a delinquir. Consideró, además, que la declaratoria de emergencia dada en su distrito “no debe caer en saco roto”, por lo cual será necesario mostrar resultados concretos.
A su turno, el alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, resaltó que en el tercer día del estado de emergencia en la jurisdicción a su cargo esta amaneciera “sin ninguna víctima de sicariato” o de organizaciones delictivas. “Eso es lo que estábamos buscando frente a esta ola criminal”, acotó.
Con los recursos que brindará el Ejecutivo, su municipio avanzará “en la construcción de una estrategia” para reforzar la seguridad ciudadana, indicó el burgomaestre.
Maldonado mostró el documento que al respecto ha presentado ante las autoridades del Gobierno Central, y señaló que este contempla la compra de alarmas y cámaras de vigilancia; así como la contratación de agentes de serenazgo y personal de fiscalización. La mejora de la seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho tendrá un impacto positivo considerable, añadió.
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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