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Estado de emergencia: alcaldes destacan entrega de más presupuesto para seguridad – Diario Nacional Realidad.PE

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Estado de emergencia: alcaldes destacan entrega de más presupuesto para seguridad – Diario Nacional Realidad.PE


Los alcaldes de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, en Lima; y Sullana, en Piura, destacaron la entrega de más presupuesto para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana por parte del Poder Ejecutivo, y resaltaron los efectos positivos del estado de emergencia decretado en sus respectivas jurisdicciones.

Fue tras sostener una reunión con la presidenta Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno, en la que también participó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

Terminada la cita, y en rueda de prensa, el alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón, expresó el agradecimiento de los distritos de su jurisdicción por la declaratoria de emergencia dispuesta. “Necesitamos esto para poder mejorar la eficacia de la Policía Nacional”, señaló el burgomaestre.

Expresó, asimismo, su reconocimiento a la presidenta Dina Boluarte por su disposición a “inyectar fondos económicos” para solucionar los problemas vinculados a la seguridad ciudadana. Indicó que en la reunión se habló de ello, garantizándose desembolsos a favor de entidades como la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De igual manera, Mogollón adelantó que, en su caso, se trabajará en conjunto con las unidades de flagrancia que el Poder Judicial mantiene, y se organizará a la población para reforzar la seguridad.

Más serenos y cámaras de vigilancia

A su vez, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, calificó de “auspiciosa” la cita con los representantes del Ejecutivo, y saludó el otorgamiento de recursos presupuestales.

Precisó que esto último servirá, en el caso del distrito a su cargo, para realizar contrataciones en el cuerpo de serenazgo y para la recuperación de espacios públicos que han sido tomados por la delincuencia. Saludó, de igual manera que se asignen más recursos a entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía.

Esto conllevará –dijo– a que acabe “la silla giratoria” que representa el que un delincuente capturado salga en libertad 48 horas después de haber sido detenido, para luego volver a delinquir. Consideró, además, que la declaratoria de emergencia dada en su distrito “no debe caer en saco roto”, por lo cual será necesario mostrar resultados concretos.

A su turno, el alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, resaltó que en el tercer día del estado de emergencia en la jurisdicción a su cargo esta amaneciera “sin ninguna víctima de sicariato” o de organizaciones delictivas. “Eso es lo que estábamos buscando frente a esta ola criminal”, acotó.

Con los recursos que brindará el Ejecutivo, su municipio avanzará “en la construcción de una estrategia” para reforzar la seguridad ciudadana, indicó el burgomaestre.

Maldonado mostró el documento que al respecto ha presentado ante las autoridades del Gobierno Central, y señaló que este contempla la compra de alarmas y cámaras de vigilancia; así como la contratación de agentes de serenazgo y personal de fiscalización. La mejora de la seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho tendrá un impacto positivo considerable, añadió.

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.

Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.

La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.

Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.

Fuente: REDES

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.

En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.

La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.

Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.

Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero

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