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Fiscalía iniciará investigación preparatoria contra Dina Boluarte

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Fiscalía iniciará investigación preparatoria contra Dina Boluarte


Mandataria es investigada por crear cuentas para recaudar fondos en beneficio de Vladimir Cerrón

La presidenta de la República, Dina Boluarte, es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal debido al manejo de dinero que financió al partido de Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, durante la campaña de las elecciones de 2021, así lo informó el semanario Hildebrandt en sus trece.

Cabe señalar que las indagaciones en contra de la mandataria están a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavados de Activos. De acuerdo al semanario, dicha autoridad solicitaría prisión preventiva contra el exsecretario del partido del lápiz, Cerrón Rojas, quien ahora se encuentra no habido tras la sentencia de tres años y seis meses que le dictó el Poder Judicial. Asimismo, se estima que la investigación contra la jefa de Estado pasará a preparatoria en enero del 2024, así lo detalla Hildebrandt en sus trece.

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En el semanario también se precisa que las autoridades en las diligencias realizadas determinaron que el dinero habría sido manejado por el también exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y personas de su confianza. Además, en la segunda vuelta, la recaudación de dinero habría sido dirigido por Pedro Castillo. Sin embargo, de acuerdo a una declaración de un trabajador del despacho del fiscal que lleva el caso de Dina Boluarte, la actual presidenta habría sido «la persona clave en la maquinaria que se montó para ingresar dinero manchado a la campaña de Perú Libre».

Asimismo, el semanario señala que Boluarte «estaría a la cabeza de una presunta red criminal». Además, detalla que, según la tesis fiscal, Boluarte abrió varias cuentas en el Banco de Crédito del Perú (BCP) junto a Braulio Grajeda Bellido, militante del partido del lápiz. En estas habrían recibido dinero de «los cupos a trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín» y de otras entidades, además de las ganancias de la emisión ilegal de «licencias de conducir».

Además, se informa que los fiscales han encontrado que Boluarte contó con otra cuenta mancomunada, junto con Yuri Casto, secretario general de Perú Libre en Lima, para recibir aportes ilícitos para financiar la campaña electoral. También se aclaró acerca de lo informado por Perú Libre a la ONPE sobre los gastos de campaña. En la documentación presentada no figura los montos que fueron depositados a las cuentas de Boluarte, así lo indicaron Maritza Sánchez, Henry Shimabukuro, Marcela Saldarriaga, Carlos Bustíos y Carlos Galarza.

El semanario resalta lo expuesto por Maritza Sánchez: «Ante el Ministerio Público ratifiqué mi testimonio. No he dicho nada que no pueda ser corroborado con chats, comprobantes y el cuaderno donde anoté las visitas que recibió en campaña Boluarte. Sobre la reunión que ella tuvo con el señor Beltrán hay otros dos testimonios, además del mío».

Por último, se informa que, ante lo indagado, el fiscal Rojas insistirá a la Fiscalía en continuar con la investigación contra Boluarte Zegarra.





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PESE AL AVANCE DE LA INVERSIÓN, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SIGUE LIMITADO

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PESE AL AVANCE DE LA INVERSIÓN, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SIGUE LIMITADO

Especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá ordenar las finanzas públicas y garantizar estabilidad.

La inversión privada en Perú creció 10 % en 2025 y alcanzó tasas de dos dígitos por primera vez en 14 años. Este avance favoreció el empleo formal y podría reducir la pobreza de 27 % a 25 %. Sin embargo, la economía aún crece por debajo de su potencial de 5 %, pese a un contexto internacional favorable impulsado por los altos precios de minerales como el oro y el cobre.

“El contexto internacional es particularmente favorable (…) debería haber impulsado a la economía a crecer alrededor de 5 %, un nivel que ya alcanzamos en un periodo de precios altos”, señaló Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, advirtió que la inestabilidad política sigue siendo un freno definitivo. En esa línea, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, afirmó: “El entorno político, sin duda, ha sido el principal obstáculo para que el Perú tenga un crecimiento más alto”.

A estos desafíos se suman riesgos como la minería ilegal y el deterioro fiscal. “Nosotros estimamos que en 2025 la exportación con origen ilegal igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal”, alertó Maita. Además, destacó que la deuda pública podría llegar a 70 % del PBI en 2036 si no se controla el gasto.

En ese contexto, Maita subrayó la necesidad de que el próximo mandatario ordene las finanzas públicas y mantenga la estabilidad económica. “Uno de los principales [retos] va a ser mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país (…). Esto implica ordenar un poco las cuentas y no impulsar sobre todo gastos que no tengan un adecuado financiamiento detrás”, indicó. También remarcó la importancia de preservar la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).

Fuente: InfoActiva

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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN

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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN

“El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. (…)

El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).”, reportó Gestión.

Fuente: Gestión

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